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La JUR abre este martes el proceso para que los afectados por Popular remitan sus comentarios

La Junta Única de Resolución (JUR) abre mañana, 6 de noviembre, el procedimiento para que los antiguos accionistas y acreedores de Banco Popular remitan sus comentarios en el marco del proceso que determinará si deben ser compensados por su resolución y posterior venta a Banco Santander al simbólico precio de un euro.

5 noviembre, 2018 10:50

Esta segunda fase es la continuación al proceso de registro de la solicitud a "ser escuchados" abierto el pasado 6 de agosto, que permitía a los afectados expresar su interés en ejercitar su derecho de audiencia y presentar documentación de cara a su elegibilidad.

El organismo presidido por la alemana Elke König recibió unas 12.000 expresiones de interés entre accionistas y bonistas, de forma individual o en grupo, de los que debía evaluar su elegibilidad. La segunda fase, de la que la JUR reveló su fecha el pasado mes de octubre y en la que se podrán remitir comentarios, se prolongará durante tres semanas.

De esta forma, las partes consideradas elegibles, o sus respectivos representantes, habrán recibido un enlace personal por correo electrónico que permitirá acceder a un portal online a partir de mañana en el que deberán registrar sus comentarios hasta el próximo lunes 26 de noviembre a las 12.00 horas.

La autoridad europa decidió de forma preliminar no compensar a los accionistas y acreedores de Banco Popular afectados por la resolución de la entidad el año pasado fundamentado en las conclusiones del informe 'Voloración 3' elaborado por Deloitte, en el que se determinaba que los accionistas y bonistas hubieran sufrido mayores pérdidas si se hubiese seguido un procedimiento nacional de insolvencia.

"La JUR decide de forma preliminar, sobre la base de las conclusiones del informe 'Valoración 3' que no tiene intención de pagar una compensación a antiguos accionistas y acreedores del Banco Popular afectados por la decisión de resolución", indicó en un comunicado.

No obstante, antes de tomar una decisión formal y firme, la entidad comunitaria debe escuchar a los afectados y finalizar esta segunda fase.