Los banqueros no son los únicos que respiraron aliviados este martes por la noche cuando el Tribunal Supremo cambiaba por segunda vez de criterio en torno al impuesto de actos jurídicos documentados (AJD). El soplido de alivio también era evidente en los despachos de las consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas y del Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero.

En la mesa de la ministra estaba la factura total que, según los técnicos del departamento, debían haber abonado las autonomías si el Supremo hubiera decantado la balanza en favor del consumidor con efectos retroactivos de los últimos cuatro años. En total el monto de las potenciales devoluciones ascendía a 5.000 millones de euros por parte de las haciendas regionales, ya que el AJD es un tributo de carácter autonómico.

Esos cinco mil millones eran una losa para las cuentas del Gobierno. En primer lugar, porque habría que ver si todas las autonomías tenían dinero suficiente para hacer frente al pago. En segundo lugar, porque equivalen a cinco décimas de PIB que se iban a anotar directamente al déficit público. Una situación que  ponía en riesgo el que España saliera del procedimiento de déficit excesivo marcado por Bruselas.

Los bancos, a los tribunales

Lo reconocía este mismo martes la ministra de Hacienda. Según Montero, la intención del Ejecutivo era conseguir que las devoluciones “coincidieran en el tiempo” con la reclamación que el Estado (o las autonomías) harían a los bancos para que pagasen la factura pendiente.

Se trata de un plan que sobre el papel suena bien, pero que en la realidad se podría haber encontrado con una oposición radical por parte de los bancos. El sector entendía que el Supremo lo que estaba haciendo era un cambio de la norma, y no diciendo que hubiera un error fiscal.

Esto significa que para ellos no debía haber retroactividad y, por tanto, se preparaban para litigar en los tribunales contra las peticiones de la administración; incluso se planteaban ir a instancias europeas para defender sus intereses contra la decisión de los jueces.

La judicialización por parte de los bancos de esas reclamaciones del Estado hubiera paralizado los pagos a la administración, lo que hubiera hecho que los 5.000 millones quedaran anotados sine díe en el déficit público.

Colapso judicial

La decisión del Supremo no es sólo positiva por la parte económica, también lo es por la vía de la Justicia. Los cálculos de Gestha estiman que si el Supremo hubiera decidido que las reclamaciones del AJD podían extenderse a las hipotecas de los últimos cuatro años, habría cerca de 1,5 millones de personas que hubieran acudido a los jueces a reclamar su dinero.

Si el período para reclamar hubiera ido más allá de 2014, hablamos de más de 13 millones de personas. Por tanto, fuentes del sector financiero explican que con esta decisión se ha evitado también algo más importante: un auténtico colapso judicial, ya que muchos despachos de abogados estaban ya alentando a los ciudadanos a que demandaran para conseguir el dinero que creían que les iba a corresponder.

Tranquilidad, por tanto, en los despachos del Gobierno que se prepara para tomar medidas de cara a futuro en torno al impuesto de las hipotecas. El Consejo de Ministros de este jueves estudiará la decisión adoptada por el Supremo, y decidirá si conviene o no hacer cambios en la norma que obliga al ciudadano a pagar el AJD.

No se espera que sea esta semana cuando se adopten decisiones, pero al menos se tomará una posición oficial por parte del Gobierno. Una vez que se sepa la postura del Ejecutivo, se decidirán los siguientes pasos a dar.

El Gobierno actuará

Si la balanza se inclina por hacer que sean los bancos quienes asuman el impuesto, tendrán que estudiar si la reforma se hace a través de la Ley Hipotecaria que debería aprobarse en las próximas semanas. Otra posibilidad sería hacer un cambio por la vía del real decreto, una herramienta que el Ejecutivo ya ha empleado en numerosas ocasiones.

El partido, por ahora, lo ganan los bancos. Sin embargo, a la vista de los pasos del Gobierno no deben cantar victoria. Algunos partidos políticos como el Partido Popular ya han mostrado su disposición a apoyar un cambio en la Ley, y Podemos hará una manifestación este fin de semana contra la decisión del Supremo.

No se puede descartar, por tanto, que haya un cambio a futuro que obligue a la banca a hacerse cargo del AJD. Harán bien en anotar en sus previsiones del próximo año unos 640 millones  destinados a esta partida por aquello de lo que pueda pasar.