Las operadoras de telecomunicaciones han pasado al ataque tras conocer las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez de incluir al sector en el nuevo Impuesto sobre Servicios Digitales. Un proyecto que -según su memoria económica- pretende recaudar entre las “empresas de telefonía” unos 100 millones de euros anuales, poco menos del 10% de los 1.200 millones que quiere ingresar Hacienda en todas las empresas tecnológicas.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la patronal de las ‘telecos’ DigitalES y compañías como Vodafone están enviado alegaciones formales al anteproyecto con una batería de argumentos que cuestionan su fundamento, advierten de que puede incurrir en doble tributación y recuerdan que el sector es uno de los que tiene las tasas más altas en España. Estas alegaciones -que ha podido conocer este diario- advierten también del elevado coste que para las empresas significaría soportar esta nueva tasa.

El Impuesto sobre Servicios Digitales -conocido popularmente como tasa Google- es una de las medidas estrella del nuevo marco tributario, que quiere gravar con un 3% “los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario”, es decir los servicios digitales que generan transacciones entre particulares y empresas. Sólo tributarán las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones.

Peligro de la doble tributación

Respecto del proyecto, DigitalES -asociación que integra a compañías como Cellnex, Huawei, Siemens, HP, MásMóvil, Orange, Vodafone y Telefónica y que aprobó las alegaciones esta semana- advierte de la doble tributación en que incurriría el proyecto y de que en España se ha hecho una traducción literal de los servicios que estaban incluidos en la normativa europea. Esto hace que refleje fielmente el espíritu de la norma de la UE, que es hacer pagar a las compañías que no tributan por su negocio en cada país en el que operan.

Según hace ver DigitalES este proyecto debe perseguir un reequilibrio fiscal y un level playing field con las mismas reglas para los mismos servicios. “Estamos a favor de las iniciativas que persigan esta finalidad, pero siempre evitando la doble imposición y sólo gravar a las compañías que no están tributando por el impuesto de Sociedades”, indican.

Del mismo modo, advierten que cualquier iniciativa que lleve a cabo el Gobierno de España debe estar alineada con la propuesta de Directiva de la UE. En este caso, esta iniciativa se encuentra actualmente pospuesta hasta 2020 porque se busca el consenso dentro de la Unión y con acuerdo previo en la OCDE. En esta misma línea piden que queden bien definidas las actividades gravadas ya que “en la propuesta hay indefinición y zonas grises sujetas a interpretación”.

Un sector con una elevada carga tributaria

Es por ello que en la patronal indican que están de acuerdo con pagar impuestos en los países donde se generan los ingresos, pero ven injusto que se "castigue o penalice" a las empresas que ya tributan en España por el dinero que reciben de su negocio. Eso sí, insisten en que es necesario "asegurar la tributación de empresas que ahora mismo no están gravadas por estar localizadas fuera de los territorios donde obtienen los ingresos". 

Ésta es precisamente la principal crítica que hace Vodafone, operadora que ha presentado una alegación global y ha aprovechado para pedir una revisión global del sistema tributario de las telecos en España, según confirmó el pasado martes su consejero delegado en España Antonio Coimbra, durante la presentación de resultados trimestrales. Coimbra indicó que la compañía paga en España 200 millones de euros entre todos los tributos y tasas que debe afrontar en el país, sin incluir el impuesto de sociedades.

La teleco británica indica en el documento enviado a Hacienda que estos tributos (excluyendo el Impuesto de Sociedades) suponen el 18,3% del Ebitda promedio de los últimos tres ejercicios. De esta manera, agregan, el nivel de contribución al sostenimiento de las cargas públicas de Vodafone en España en el curso 2016-17 es el segundo más elevado de sus operadoras en Europa después del Reino Unido, donde se encuentra la sede central del grupo multinacional.

Corrección de doble imposición

Respecto a la nueva tasa de servicios digitales Vodafone cree que “mete más presión fiscal a las telecos” y coincide con DigitalES en que en lugar de aplicar level playing field (que las empresas digitales soporten nivel de presión fiscal similar al de las empresas tradicionales) grava a entidades residentes que pagan Impuesto sobre Sociedades por la totalidad de sus rentas “sin establecer un mecanismo de corrección que evite una doble imposición”. Es por ello que advierte que un mecanismo de estas características es prioritario para evitarla.

En relación a los 100 millones que el tributo quiere recaudar entre las empresas de telefonía indican que esta cantidad está muy por encima de cualquier estimación razonable. Del mismo modo, advierten de la dificultad de gestión de este impuesto al ser una carga fiscal indirecta. Su aplicación está basada en el lugar en donde se estén utilizando los dispositivos de los usuarios, localizados, a su vez, a partir de las direcciones IP de los mismos, lo que “supone desarrollar nuevos y costosos sistemas de control”.

Además, el falseamiento u ocultación de esa localización se califica como infracción grave sancionable que pueden llegar al 0,5% del importe neto de la cifra de negocios, una “clara desproporción entre esa cifra y las actividades digitales gravadas”. Es por ello, que advierten de la necesidad de clarificaciones técnicas de los hechos imponibles y de los sistemas de control.

Revisión global de la fiscalidad de las 'telecos'

Dentro de la revisión global de la fiscalidad se busca combatir la elevada presión fiscal y la inseguridad jurídica generadora de una alta litigiosidad. La operadora pide que se revisen tres aspectos fundamentales. En primer lugar, piden modificar la Tasa RTVE -que representa el 19% de sus ingresos brutos de la actividad audiovisual- y que consideran “injustificada, discriminatoria y creen que debe desaparecer”.

En segundo lugar -y dentro del impuesto de actividades económicas (IAE)- advierten de los litigios por interpretación del concepto tributario de antena, “que viene a agravar el hecho que los operadores móviles ya veníamos pagando un tercio de toda la recaudación por cuotas nacionales y provinciales de este impuesto. Bajo una apariencia de aplicación general, esconde una imposición específica sobre nuestro sector", indican.

También exigen una revisión de las tasas locales por ocupación de dominio público. Advierten de la necesidad de un sistema centralizado para recaudar distintos impuestos municipales, con un método de cálculo sencillo, frente a la compleja dispersión actual. “Ganaríamos en agilidad de despliegue, predictibilidad de costes, reducción de litigiosidad y visibilidad para la Administración”, señalan. Finalmente solicitan que se frene el precio de las tasas por el uso del espectro, “que también se han incrementado de manera relevante este ejercicio”.

La posición de Telefónica

Pero Vodafone no es la única gran teleco que se ha referido a la tributación en España. En una entrevista en Onda Cero realizada durante el verano el presidente de Telefónica José María Álvarez-Pallete indicó que el sistema impositivo español se diseñó para un momento donde una fábrica producía un activo físico, o en su momento donde se importaba, pero no se pensó para el mundo digital.

“Ahora tenemos modelos de negocios gratuitos basados en el tráfico de información o de datos, en multilateral entre muchos países. ¿Dónde ponen el servidor las empresas digitales?, ¿dónde tienen que tributar? ¿dónde se tributa, donde está el servidor o donde se genera el hecho impositivo, que es el uso de la información de los individuos?”, se preguntó.

Pallete indicó que Telefónica paga más de 12.000 millones de euros en impuestos al año en todo el mundo, de los cuales 2.777 en España, incluyendo entre el 20% y el 21% del beneficio. “No sé si es mucho o poco, pero con respecto a nuestro beneficio, es una cantidad relevante. Por lo tanto, creo que al hablar de grandes empresas, hay que hablar también de qué tasa impositiva tenemos y cuál es la situación individual de cada una de las empresas”.

Y agregó que “el sistema fiscal está diseñado para ser solidario, es decir, para que precisamente los que más ganan, más tributen; pero yo también como le decía antes, creo que hay que hacer una reflexión sobre si todas las compañías estamos tributando en la medida de los beneficios que generamos dentro del territorio de España, y por lo tanto creo que no sólo afecta a las grandes empresas, afecta a todo el ecosistema. Creo que la reflexión debe ser más amplia”, finalizó.