No hay duda. La de Bankia es la historia de la crisis económica y financiera en España. De la burbuja inmobiliaria y de los serios apuros de unas entidades, las cajas de ahorros, abocadas a la desaparición después de fusiones forzadas, intervenciones, capitalizaciones y problemas de gobernanza.

Bankia dio sus primeros pasos en plena crisis financiera mundial, con la creación en 2010 de los llamados SIP (Sistema Institucional de Protección). Un paraguas para las cajas con problemas bajo el que se resguardaron la antigua Caja Madrid y Bancaja, además de otras cinco cajas de ahorros: Caja Canarias, Caixa Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja.

Con una enorme cartera de activos tóxicos relacionados con el ladrillo, buena parte procedente de la Bancaja de José Luis Olivas, el reparto estuvo claro desde el principio. Todos los activos `malos¿ (riesgo promotor, adjudicados, etc.) de estas siete entidades pasarían a formar parte de BFA, dejando lo mejor de su negocio en Bankia para preparar la búsqueda de inversores privados.

La fusión de las cajas fue acogida con euforia por el Banco de España y su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, convencido de que los problemas de márgenes, endeudamiento y falta de credibilidad sobre el sector desaparecerían con la operación. También lo consideraba así el Gobierno tras las duras medidas de ajuste llevadas a cabo para `salvar¿ la economía española.

Faltaba el remate de la operación, consistente en designar a un presidente con suficiente pedigrí. Y vaya que sí se hizo. Rodrigo Rato, proclamado como el conductor del 'milagro económico' que permitió la entrada de España en el euro en el primer gobierno de José María Aznar y director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 2004 y 2007, era el elegido. De nuevo alguien con pasado y afinidades políticas, como Olvias o como Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid hasta la fusión, al frente de una entidad.

Bankia comenzaba a operar en enero de 2011 `repleta de ladrillo¿ para, siete meses después, el 20 de julio de 2011, salir a bolsa a un precio por acción de 3,75 euros para captar 3.092 millones de euros. Aquel debut en el mercado no fue como cualquier otro. El éxito de la operación se consideró de interés nacional. La publicidad desbordaba los medios y la presión para la colocación de acciones fue extrema. Al fin y al cabo, si la salida a bolsa resultaba exitosa, se podría confirmar la salida de la crisis.

Pero nada más lejos de la realidad. La alegría bursátil de Bankia apenas duró un año. El 7 de mayo de 2012, Mariano Rajoy y su ministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, forzaban la salida de Rodrigo Rato. Después llegaron los primeros 4.465 millones de euros de dinero público para `salvar¿ Bankia que, con el paso de los años, superaron los 24.000 millones de euros entre las ayudas concedidas a BFA, Bankia y BMN, de los que el FROB espera recuperar ahora apenas 9.857 millones. Por el medio se destapó el verdadero drama financiero de Bankia, así como prácticas más que cuestionables de su cúpula directiva.

El 9 de mayo de 2012 José Ignacio Goirigolzarri asumía las riendas de Bankia con esta herencia envenenada, que vino seguida de la entrada en vigor del real decreto-ley de saneamiento conocido como el Guindos II. No solo fue un momento crítico para la entidad, sino para toda la economía española, que se vio abocada a solicitar un rescate bancario a Europa en medio de suelos sin construir, quiebra de promotores y participadas de la entidad que también reformulaban cuentas ante un entorno económico adverso en plena crisis del euro.

La brusca caída en bolsa de Bankia aquellos días y su salida del Ibex 35 hasta que regresó al selectivo el 23 de diciembre de 2013 fueron también un símbolo de la caída de Rodrigo Rato, actualmente condenado por las tarjetas black nacidas en la época de Miguel Blesa.  

Ahora, siete años después, esa operación en la que el Gobierno, el Banco de España y, tal vez obligado, el resto del sector financiero habían depositado todas sus esperanzas para recuperar la confianza de la ciudadanía, es juzgada ante presuntos delitos de estafa a los inversores por falsedad de cuentas.

CLAVES DEL PROCESO

El juicio que comienza este lunes, y que podría alargarse hasta verano de 2019, intentará desgranar si los directivos de la entidad engañaron a los inversores que acudieron a la salida a bolsa con unas cuentas falsas. Las acusaciones populares están formadas por el ministerio fiscal, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la abogacía del Estado en representación del FROB. El resto serían acusaciones particulares en las que se incluyen grupos representados por asociaciones como Adicae y Aemec, que Bankia intentará dejar fuera del proceso en su estrategia durante los primeros días del juicio. La entidad intentará acogerse así a la denominada 'doctrina Botín', para la que no tiene que haber acusación particular. Por otro lado, la fiscalía y el abogado del Estado solo reclaman contra cuatro directivos de la entidad, no contra los otros 29 acusados.

Respecto a la acusación particular, Bankia defenderá que de las 11.000 personas que han demandado a la entidad, solo 168 personas tendrían ¿legitimidad¿ para seguir el proceso, pues al resto ya se les ha devuelto lo que perdieron en la salida a bolsa.

La defensa de la entidad también solicitará la nulidad de los informes de los dos peritos del Banco de España que acusaron al banco de falsear sus cuentas antes de la OPS, alegando que no hay objetividad en los informes por las distintas metodologías empleadas, con valoraciones que han provocado una desviación de entre 500 y 1.000 millones de euros.

Este juicio se desarrollará, además, en un clima de tensión por la mala reputación que mantiene el sector bancario ante casos como el de las cláusulas suelo, las preferentes o los impuestos hipotecarios, sin olvidar el rescate que aún no se ha devuelto a los contribuyentes. Una reputación que el actual  equipo directivo de Bankia se ha esforzado en 'limpiar' en los últimos años y que, de nuevo, puede verse empañada por este proceso judicial.