La transición energética ya no es un sueño lejano, como se veía hace tan solo tres años. Tiene fechas y objetivos claros y el sector renovable está dispuesto a apostar fuerte para que España se ponga en cabeza y sepa aprovechar las oportunidades que el proceso ofrece. 

Mientras el Gobierno trabaja en la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que marcará la política energética de los próximos años, desde el sector fotovoltaico sacan la cuenta de las lecciones aprendidas en los ‘años oscuros’ y se postula como una de las claves para la nueva economía descarbonizada.

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¿Cómo? Aprovechando el músculo ganado en estos últimos años, período de ‘sequía renovable’ en España, en los que han crecidp más allá de nuestras fronteras y se han posicionado como líderes. Los retos no son pequeños, pero sus armas tampoco, han coincidido los expertos reunidos en el foro organizado por EL ESPAÑOL y Banco Sabadell sobre ‘Nuevos avances y liderazgo de la industria fotovoltaica española’.

Hoy en día, los campos solares fotovoltaicos generan energía a precios competitivos y aún ofrecen margen para reducirlos. Además, los avances y la escalabilidad de la tecnología tanto hacia grandes plantas como hacia el consumidor permiten aterrizar en firme proyectos que antes se veían imposibles. Desde el almacenamiento hasta el autoconsumo y la generación distribuida. 

“El sector fotovoltaico va a jugar un papel relevante en la descarbonización del sistema energético. Pero para cumplir con los objetivos que España ha comprometido con la Unión Europea hay que contar con un mix no como el actual, sino más ambicioso”, ha expuesto María Luisa Castaño, directora del departamento de Energía del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat). 

El almacenamiento y los edificios eficientes

Para la experta, hay dos tendencias que van a marcar los siguientes pasos del sector fotovoltaico en esta transición energética: el desarrollo de grandes parque solares asociados a subastas y la generación distribuida apoyada en los ciudadanos y pequeños generadores ahora que se eliminan todas las trabas al autoconsumo.

Comparte su visión sobre la generación distribuida, Ana Rosa Lagunas, directora del departamento de Energía Solar Fotovoltaica del Centro Nacional de Energías Renovables (Cener). Bajo su punto de vista, la modularidad de esta tecnología, la posibilidad de cubrir con celdas sensibles a la luz solar diferentes superficies, es uno de sus principales puntos fuertes. 

Pero más allá de permitir generar electricidad en viviendas particulares o cubriendo los tejados de edificios, “el desafío estará en ir más allá e integrarlo en la estructura de los edificios”. 

Tanto en los de nueva construcción como en la rehabilitación, la meta debe ser clara: lograr edificios cuyo consumo energético sea casi nulo, un nivel de eficiencia energética que no sólo reduce el consumo de energía y, con ello, la necesidad de generación, sino que contribuyen a la reducción de emisiones contaminantes. 

“La modularidad de la tecnología fotovoltaica permite su integración en los elementos constructivos y que pase desapercibida”, apuntó Lagunas, de Cener. Desde las fachadas a los marcos de las ventanas o los vidrios. Es también una oportunidad de “desarrollar elementos constructivos con valor añadido”, destacó. 

Pero la expansión de la fotovoltaica, y de las renovables en general, hacen debate obligatorio la necesidad de encontrar vías para almacenar el excedente energético o utilizarlo para impulsar otras aristas de la economía circular como, por ejemplo, producir hidrógeno que sirva para la movilidad urbana. 

Una de las vías para ese almacenamiento son las baterías. Igual que hoy día tenemos potentes baterías para los dispositivos móviles, hay que trabajar en el desarrollo de unas que sirvan para guardar esa energía generada por fuentes renovables que no es consumida. “Sirven para dar seguridad al suministro -algo que ahora no es tan necesario pero que lo será a partir de 2025-, ayudan a la introducción fiable de la energía en el sistema y funcionan como árbitros de los precios”, destacó Donoso.

El desarrollo de las baterías es clave y una de las soluciones, coinciden los expertos, pero no es lo único. Por ejemplo, “la tecnología termosolar ha demostrado ser complementaria con la fotovoltaica y puede servir como almacenamiento”, recuerda Castaño. “Es posible acoplar a lo largo del día el funcionamiento de ambas y aplanar la curva de la demanda”.

Los PPA, certidumbre para el proyecto y el consumidor

Al cierre de 2017, la solar fotovoltaica representaba un 4,5% de los 104.000 MW de potencia total instalada, unos 4.600 MW. Cuando entren en funcionamiento los casi 4.000 MW que se adjudicaron en 2017 el próximo año, la fotovoltaica habrá duplicado su presencia en el mix nacional. Aunque en los años de la moratoria renovable España ha "perdió el tren" para establecer su liderazgo en este sector, opina Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovable, ahora atravesamos un momento único para su desarrollo.

"Tenemos a disposición de generar energía a precios desconocidos hasta ahora. Solo hay que ver las subastas y los precios que se están cerrando, muy por debajo de los precios fijados y el mercado", destacó. "En ningún momento del mundo industrial van a coincidir tres elementos disruptivos como ahora: la maduración de la tecnología fotovoltaica, el desarrollo del almacenamiento y el Internet de las Cosas. Esto permitirá que el sistema del futuro lo gobierne el consumidor a través de la demanda".

El desarrollo de la potencia subastada el año pasado no es el fin del resurgir de la fotovoltaica en España. El Ministerio de Transición Energética, bajo el mando de Teresa Ribera, ya ha adelantado que en los próximos años será necesario instalar 50.000 MW ‘verdes’ hasta 2030 a para alcanzar el objetivo de un 35% de penetración de renovables en la energía final consumida. 

En esos doce años, a un ritmo de 5.000 MW al año, el plan del Ejecutivo es dejar atrás “la improvisación” que marcó la pauta de la política energética en el anterior Gobierno y trazar las líneas claras para el sector. Habrá nuevas subastas, apuntó Ribera en verano, con el objetivo de acelerar las inversiones necesarias que rondan los 50.000 millones de euros.

Eso sí, desde el sector demandan reglas claras y una planificación energética que dé visibilidad y ayude a recuperar la confianza de los inversores internacionales para borrar esa imagen de que España no cumple con las normas que establece. Del resto, se encargan ellos. 

“Las subastas de 2017 tuvieron un efecto muy positivo para el sector: demostraron su propio potencial y que es competitivo”, afirma José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).  “Pero hay que restablecer la confianza internacional y la seguridad jurídica. El modelo de acelerón y parón es desastroso”, agrega Donoso defendiendo la relevancia del sector fotovoltaico, que da empleo de forma directa o indirecta en España a más de 19.000 trabajadores, aporta un 4% al PIB y exporta alrededor de 900 millones de euros, al mismo nivel que el sector del vino.

El director general de UNEF recuerda que para captar la inversión necesaria “no hay que volver a la situación anterior, basta con mantener las retribuciones que hay ahora hasta el final de la vida regulatoria de los proyectos”. “Si se revisan cada cuatro o seis años las variables, muchas instalaciones no pueden asumir el cambio en la estructura de costes”, apunta. 

Aunque ya han mostrado que pueden competir a precio de mercado para poner en marcha un proyecto, los expertos defienden un modelo basado en subastas que les ofrezca una certidumbre en ingresos durante la vida del proyecto. Aun así, en el último año se ha empezado a oír hablar con más fuerza de un instrumento que abre la puerta al desarrollo de los proyectos con horizontes de ingresos definidos: los power purchase agreement o PPA, por su sigla en inglés. 

Estos contratos bilaterales, muy conocidos en otros mercados pero incipientes en España, cumplen un doble propósito: para el desarrollador del parque apuntala sus ingresos a largo plazo; para el cliente, la garantía del suministro eléctrico durante el periodo pactado sin que se disparen los costes con las fluctuaciones del mercado. 

Gigantes como Amazon, Facebook o Google han confiado ya en estos contratos para cubrir sus necesidades energéticas y, al tiempo, sirven de apoyo para el desarrollo de más energía renovable ahora que la vista está puesta en una economía sin combustibles fósiles. En España, Iberdrola y Endesa han anunciado este año varios contratos de este tipo.

De financiación de proyectos ‘verdes’ saben ‘un rato’ en Banco Sabadell. “Financiamos proyectos renovables desde 1991. En esta larga experiencia hemos evolucionado acorde al desarrollo de las tecnologías y hemos acompañado a nuestros clientes en la internacionalización yendo donde ellos iban”, explicó Josep Montañés, director Project Finance de la entidad. 

Esta experiencia les ha hecho marcar en el mapa varios mercados clave para el desarrollo renovable hoy en día: México, Estados Unidos, Francia y, de nuevo, España. Que nuestro país está en la picota de la inversión fotovoltaica es algo que confirma Javier Rubio, de UNEF. “En las reuniones sobre internacionalización, la mitad del tiempo se dedica a hablar de España”, sostiene respecto al interés tanto externo como de las propias empresas españolas que han abierto brecha más allá de estas fronteras y que ahora buscan regresar. 

Montañes señala tres pilares para que un proyecto consiga financiación: tecnología probada, marco regulatorio estable y predictibilidad de los casos o tener definido qué se va a producir y a qué precio se venderá. 

Y en esta predictibilidad los PPA juegan un rol clave. “Alguien se ha comprometido a comprar la energía que produzcas a un determinado precio”, señala en referencia a que esos ingresos se mantendrán estables pase lo que pase en el mercado.

Desde la patronal de los grandes consumidores energéticos muestran otra arista de la realidad de los contratos bilaterales de energía: la resistencia de las energéticas a comprometerse en precios. 

“Llevamos bastante tiempo con los PPA. Cuesta convencer a las empresas de que los medios y los largos plazos pueden ser interesantes. Creo que el mercado eléctrico nos ha llevado a que o vamos hacia esto o en enero nos suicidamos porque el gasto energético se elevará un 25%”, explicó Francisco Espinosa, socio director de la Asociación de Consumidores de Electricidad (ACE). 

En pleno desarrollo de pequeños y medianos proyectos ligados a las subastas del año pasado y con todo lo que queda por delante por instalar, desde ACE abogan por impulsar estos contratos bilaterales para que ambas partes, desarrollador y consumidor, se beneficien del impulso que está dando la transición energética al sector. “Si no somos capaces de lograr acuerdos satisfactorios, la empresa eléctrica de turno comprará las instalaciones”, apunta.

Fiscalidad 'verde' que incentive la transición

Los expertos reunidos el pasado viernes en la Torre de Cristal, en Madrid, coincidían también en la necesidad de impulsar una fiscalidad ‘verde’ que lejos de gravar sirva como incentivo. “Que mueva el consumo hacia soluciones en línea con los objetivos medioambientales”, apuntó Castaño. 

Con las señales adecuadas, “los sectores que de forma natural no están en el mundo energético pueden plantearse su entrada”, opinó haciendo referencia a deducciones por el uso de energía con certificados verdes, por ejemplo, o como mecanismo para impulsar el desarrollo de mercados más pequeños que ofrezcan soluciones aisladas. 

Sobre las subvenciones para el desarrollo de renovables, Donoso es claro: “es limitada y acota el mercado”. “Retrasa el lanzamiento de proyectos a la espera de que se lancen las ayudas. Preferimos que las autoridades se gasten ese dinero en formación y promoción”, añadió. 

A este respecto, Jon Macías, miembro de la junta directiva de APPA Autoconsumo, subrayó que ya hay comunidades autónomas que ofrecen deducciones a las empresas que apuestan por las instalaciones fotovoltaicas, una medida que tiene gran recorrido y es aplicable, por ejemplo, a los ciudadanos. “¿Por qué no un descuento en el IBI si tu casa es eficiente?”, planteó al resto de la mesa y al auditorio.

Esta mayor conciencia ecológica de los ciudadanos de la mano de los incentivos adecuados que logren un cambio en la forma en que se consume y genera energía será clave, hacia futuro, para el éxito de la transición energética, sostienen. “No hay que invertir en subvencionar una u otra tecnología, sino en concienciar en una conciencia ecológica”, apunta Macías. 

“La transición energética no va triunfar sino se logra trasladar a la ciudadanía y a todos los actores los beneficios de apostar por una economía libre de CO2 y las oportunidades de su transformación”, remata Donoso.

“Esta transición supone el mismo avance tecnológico que en su día fueron los teléfonos móviles, Internet o la cura de algunos tipos de cáncer. Hasta que no se conciencie a toda la ciudadanía de que es un cambio para todos y para el planeta, no habrá cambios reales”, subrayó Castaño.

El encuentro contó con la difusión de APPA, ACE, Fundación Energías Renovables, Solar News y UNEF.