El propio Ecofin se había marcado el mes de diciembre como fecha tope para aprobar una nueva tasa a los gigantes tecnológicos. El objetivo era obligar a multinacionales como Google, Facebook o Twitter a pagar más impuestos en Europa. Es una cuestión de justicia fiscal y de garantizar ingresos suficientes a las arcas públicas de los Estados miembros, sostenían los responsables comunitarios. El plazo se ha cumplido este martes y los resultados son nulos: los ministros de Finanzas de los 28 han fracasado en su intento de sacar adelante este nuevo impuesto.

El Gobierno de Pedro Sánchez se queda ahora sin cobertura europea para la tasa digital que quiere aprobar en España y con la que pretende recaudar 1.200 millones de euros ya en 2019. La tasa española está diseñada a partir de la propuesta original que presentó la Comisión en marzo de 2018. Se aplicaría al volumen de negocios de los gigantes tecnológicos en lugar de a sus beneficios. Con un tipo del 3%, se gravarían tres tipos de actividades: la venta de publicidad online, los ingresos generados por las actividades de intermediación de las redes sociales y la venta de datos de los usuarios. Esta propuesta ya no saldrá adelante.

Desde el principio del debate, un grupo reducido de países (en particular, Irlanda, Dinamarca, Finlandia y Suecia) han rechazado que la UE actúe unilateralmente y han apostado por esperar a que se logre una solución a nivel internacional en el seno de la OCDE. También Alemania ha dudado hasta el final. El Gobierno de Berlín teme que la Casa Blanca de Donald Trump adopte represalias contra los coches alemanes si Bruselas impone nuevas tasas a las multinacionales estadounidenses. Las decisiones sobre impuestos en la UE requieren el apoyo unánime de los 28.

De nada han servido las múltiples propuestas de compromiso presentadas por Francia, el país más interesado en sacar adelante la tasa digital. Primero propuso una cláusula de expiración: el nuevo impuesto desaparecería en el momento en que se logre un acuerdo en la OCDE. Después, su ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, aceptó retrasar la entrada en vigor hasta 2021 (e incluso hasta 2022) para dar más tiempo a una solución internacional que incluya también a Estados Unidos.

Calviño rechaza la propuesta franco-alemana

Tampoco la última oferta presentada este mismo lunes por Francia y Alemania ha servido para desbloquear el debate. Se trata de un acuerdo de mínimos que reduce considerablemente el nivel de ambición de la propuesta original de Bruselas. La nueva tasa gravaría únicamente la publicidad digital: quedan fuera la venta de datos y la actividad de las redes sociales. Entraría en vigor en 2021 si antes no se ha logrado un pacto a nivel internacional y expiraría automáticamente en 2025. "Algunos estarán decepcionados, dirán que no es bastante, que no va lo suficientemente lejos", admitía el propio Le Maire.

Una de las decepcionadas ha sido la ministra de Economía, Nadia Calviño. La propuesta franco-alemana "se queda corta" y no está claro que cumpla los objetivos de garantizar una fiscalidad justa y no discriminatoria, ha lamentado Calviño durante el debate público celebrado este martes. España mantiene su objetivo de aprobar una tasa digital según el modelo original de la Comisión.

"Lamento que no haya sido posible concluir un acuerdo hoy", ha dicho el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Pese a ello, Moscovici pide que los debates continúen durante el primer semestre de 2019. Pero ya no está claro siquiera sobre qué se está discutiendo: si la propuesta original de Bruselas o alguno de los múltiples compromisos franceses.