La vista estaba prevista para hoy en el juzgado de lo Social número 19 de Madrid pero ha sido suspendida, según ha podido constatar Efe, después de que letrados de la empresa y de una asociación de repartidores ("riders") hayan pedido más pruebas dirigidas a confirmar que trabajan también para otras compañías, además de con Deliveroo.

Detrás de la demanda interpuesta por la Tesorería de la Seguridad Social contra esta firma se encuentra un expediente abierto por la Inspección de Trabajo, que consideró en su acta que mantenía una relación laboral con 517 de sus repartidores, lo que contradice la tesis de esta compañía, que defiende que son autónomos.

La relación laboral entre este tipo de empresas de envíos y sus repartidores es motivo de polémica en España desde hace meses, y de hecho ya se han registrado sentencias en diferentes comunidades autónomas al respecto, aunque con diferentes resultados.

No obstante, ésta es la primera vez que el procedimiento afecta a un colectivo de repartidores en su conjunto, ya que hasta ahora los tribunales sólo se han pronunciado sobre casos individuales.

La Seguridad Social exige a Deliveroo el pago de las cotizaciones sociales de los más de 500 repartidores que figuran en el expediente, según ha explicado Bernardo García, abogado del sindicato UGT que representa a cerca de 40 personas.

Al juicio han acudido decenas de repartidores de Deliveroo -defendidos por varios letrados- y a las puertas del juzgado se ha celebrado una concentración en apoyo de este colectivo.

En una entrevista reciente con Efe, responsables de Deliveroo consideraron que en España existe actualmente una situación de "inseguridad jurídica" después de los expedientes abiertos por Inspección de Trabajo en distintas comunidades autónomas y hablaron de "contradicción" entre las sentencias judiciales ya emitidas.

De hecho, tanto Deliveroo como otras empresas similares -Ubereats y Glovo, entre ellas- abogan por que las autoridades adopten cambios legislativos que clarifiquen la regulación laboral existente para estos casos y defienden que su modelo se basa en la "flexibilidad", al permitir a los trabajadores trabajar cuándo quieren y para diferentes plataformas.

Sin embargo, sindicatos y algunas asociaciones de repartidores denuncian que se penaliza a los repartidores que rechazan trabajos y apuntan a que existe un vínculo laboral, en línea con lo manifestado por la Inspección de Trabajo, por lo que reclaman que pasen a ser contratados como personal de plantilla.