Los fondos piden que se investigue la trama de financiación del Popular en Luxemburgo

Nuevo arreón judicial de los fondos Algebris y Anchorage en la investigación por la caída del Banco Popular. Sus abogados han solicitado a la Audiencia Nacional que investigue la conocida como ‘trama Thesan’ por la que financiaba a empresas españolas con problemas económicos y que tenían créditos con la entidad financiera. 

Un caso destapado por la Agencia Tributaria en un informe en el que señala que el Popular de Ángel Ron habría canalizado 196 millones de euros hacia Luxemburgo para otorgar financiación irregular a algunos de sus clientes a través de una pantalla. 

En concreto, el dinero habría ido a parar a catorce empresas que estaban a punto de quebrar y que iban a dejar créditos impagados que lastrarían las cuentas y la morosidad de la entidad. Así se refleja en el escrito que los fondos han enviado al juzgado, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, y que va acompañado de un informe forensic que respalda todas sus peticiones.  

Así que el objetivo de los letrados ahora es que la Audiencia Nacional tome cartas en el asunto para “evitar la destrucción de documentación”. Por ello ha solicitado que se reclame tanto al Popular como a su filial inmobiliaria Aliseda toda la documentación disponible sobre esas empresas. También sobre la compañía instrumental que se empleaba, Thesan Capital. 

Las sociedades se liquidan 

También reclaman cualquier relación de la entidad con empresas radicadas en Luxemburgo u otros paraísos fiscales. Así mismo, exigen cualquier comunicación sobre estas operaciones con el Banco Central Europeo, el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre otras. 

De lo que se trata es de evitar “una destrucción de documentación” ya que muchas de esas sociedades empleadas como vehículos para otorgar financiación están siendo liquidadas. 

¿Para qué se otorgaba esa financiación irregular? Básicamente para evitar contabilizar pérdidas, ocultar su verdadera tasa de mora y aumentar artificialmente sus activos sanos. Y es que, según los cálculos de la Agencia Tributaria, los 196 millones prestados ocultaban una mora de, al menos, 500 millones de euros. 

Algebris y Anchorage tienen el temor de que estas irregularidades no hubieran afectado sólo al período 2011 - 2015 cuando se cometieron. También podrían haber afectado a las cuentas del 2016 y del 2017, ya que buena parte de la financiación luxemburguesa vencía a finales de ese año. 

No sólo Popular y Aliseda tendrán que poner encima de la mesa la documentación que tengan. También se solicita al magistrado que pida a PwC “que informe si tenía conocimiento de la existencia de las refinanciaciones otorgadas, y desde cuando tuvo conocimiento de ellas”. 

Una decena de notarios también serán requeridos, si lo estima el juez, para otorgar todas las escrituras públicas otorgadas entre el Banco Popular y los distintos vehículos luxemburgueses creados para otorgar esa financiación irregular. 

¿Cómo funcionaba la trama Thesan? 

El mecanismo destapado por la Agencia Tributaria era muy sencillo. El Banco Popular pretendía evitar que los préstamos entregados a empresas en problemas tuvieran que computarse como fallidos. Para ello, llegó a un acuerdo con Thesan Capital para que creara una serie de vehículos a los que el Popular les daba financiación. 

Esa compañía era la que prestaba el dinero a las empresas deudoras del Popular mediante préstamos participativos. De este modo, evitaban la quiebra o incurrir en causa de disolución. Una operativa por la que Thesan cobraba cerca de 2 millones de euros anuales, importe que iba ligado a las cantidades que pudiera recuperar de los préstamos, según la AEAT. 

El informe de la CNMV 

El escrito remitido por los fondos a la Audiencia Nacional se refiere también al informe elaborado por la CNMV y que, como adelantó EL ESPAÑOL, establece que hubo intención por parte del equipo de Ángel Ron en falsear las cuentas. 

Recuerdan que el documento asegura que las cuentas de 2016 “no representaban la imagen fiel” de la empresa; que hay “intencionalidad” de determinados directivos en incurrir en objetos contables; y que el Popular “habría manipulado los ratios de capital regulatorio”. 

A la vista de todo esto, solicitan que ese documento sea trasladado a los peritos del Banco de España que están analizando la caída del Banco Popular puesto que “resulta de especial y notoria relevancia”.