A falta de cinco días para que se cumpla el plazo, el sector de VTC ha completado más de 8.000 reclamaciones ante la Dirección General de Transporte Terrestre dependiente del Ministerio de Fomento. Es decir, el 62% de los coches que tienen esta licencia
Las VTC, tienen de plazo hasta finales de este mes para presentar reclamaciones al Ministerio de Fomento por el Real Decreto aprobado en septiembre que abre la puerta a que dentro de cuatro años se limiten su presencia en las ciudades.
El Real Decreto, que tiene como objetivo atajar el conflicto, estableció un plazo de tres meses y los pasos a seguir para el caso de que los propietarios de las alrededor de 12.800 licencias de VTC actualmente vigentes en el país consideren que la moratoria de cuatro años que se les otorga antes de su eventual supresión no sea suficiente para amortizarlas y presentar una reclamación.
No obstante, el texto fija que, en el supuesto de que estas reclamaciones se acepten y se reconozca una indemnización, no se abonará en forma de compensación económica, sino en tiempo, esto es, mediante la concesión de un máximo de dos años adicionales de operación a los cuatro reconocidos por la ley.
Los titulares de VTC deben dirigir sus reclamaciones, con la correspondiente justificación y documentación, ante la Dirección General de Transportes de Fomento, que cuenta con seis meses para resolverlas.
NORMA "BLINDADA JURÍDICAMENTE".
La resolución de la Dirección General de Transportes pondrá fin a la posibilidad de reclamar por vía administrativa, si bien Fomento no descarta recursos judiciales, a pesar de asegurar que el Decreto está "blindado jurídicamente". Además, el Real Decreto se tramita actualmente como proyecto de ley en el Congreso y, por lo tanto, está abierto a modificaciones.
Uno de los motivos que llevó a que el texto se tramitara como ley es la inquietud manifestada por varias comunidades autónomas ante la posibilidad de tener que afrontar reclamaciones millonarias de los VTC.
Según Ernst & Young, el coste de la expropiación -como lo considera la patronal- puede ascender a 3.800 millones de euros. Con este Real Decreto-Ley, ese coste pasa a dividirse entre las 17 autonomías españolas en función del número de autorizaciones que tengan. Esto provocaría que algunas Comunidades, como Cataluña, vayan a tener que desembolsar casi 1.000 millones de euros en indemnizaciones.
Eso ha llevado a Unauto VTC a pedir al Gobierno que deje de engañar a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, dado que serán las responsables de indemnizar económicamente la posible expropiación de autorizaciones VTC, si asumen las competencias en esta materia, como les pide el Gobierno.
Fomento, por su parte, considera que la moratoria de cuatro años que esta nueva legislación da a los VTC antes de que los ayuntamientos puedan restringir su número de vehículos es "suficiente para amortizar las licencias".