El Corte Inglés está preocupado por la evolución política en España y las consecuencias que pueda tener sobre el consumo. O lo que es lo mismo, sobre el impacto que podría tener sobre sus resultados. Así se lo ha hecho saber a los inversores, a quienes avisa de que “la incertidumbre” que se abre a nivel nacional y regional puede afectarle. 

Un aviso que figura en el último folleto de bonos emitidos por el grupo que lidera Jesús Nuño de la Rosa, en el que advierte de que existe un riesgo derivado “de la ausencia de una mayoría parlamentaria del partido en el Gobierno”, pero también de la “inestabilidad política en Cataluña”. Dos situaciones que podrían afectar negativamente al negocio, pero también a sus clientes y proveedores. 

En definitiva, que a los grandes almacenes les preocupa que esa situación se pueda trasladar a los datos macroeconómicos. De hecho, toca en su folleto algunos de los puntos ‘débiles’ de la economía española en este momento: déficit fiscal, deuda soberana y disponibilidad de crédito (aunque en este momento el de consumo está registrando una recuperación espectacular).

Lo que sí deja claro El Corte Inglés es que algunas de las medidas que se han adoptado, o se pueden aprobar, también le pueden pasar factura. Mención expresa hace a la subida del salario mínimo interprofesional. En concreto, señala que “incrementarlo o subir las contribuciones los planes de pensiones” tendrían un efecto inmediato en sus resultados. 

El reto de los salarios

Y es que, precisamente, los salarios son unos de los grandes retos a los que se enfrentan los grandes almacenes. Tanto Standard and Poors como Moody’s han apuntado a su estructura de costes como una de las cuestiones a abordar de cara a los próximos años. En concreto, los cálculos de S&P estiman que el 16,5% de sus ingresos los destina a pagar nóminas y confía en que exista un interés por contener este coste; el segundo más alto tras la compra de bienes. 

Otros factores que podrían desestabilizar los números de El Corte Inglés están en aquellas medidas que puedan condicionar el gasto de los consumidores. Es decir, que sus clientes puedan tener menor renta disponible para comprar. 

Entre los elementos que podrían afectar a un cambio en esas condiciones se encuentran “las condiciones empresariales, los cambios en el mercado de la vivienda, el crédito al consumo, el IRPF, el IVA y otros impuestos indirectos, así como los costes de combustible y energía”. Factores, muchos de ellos, que podrían sufrir cambios si finalmente se consiguen aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). 

Advertencias que se enmarcan en el último folleto presentado por los grandes almacenes ante los inversores en el marco de su programa de pagarés de 2018; y que cotizan en el Mercado de Renta Fija (MARF). 

Proceso de reducción de deuda

Registrado el pasado 11 de diciembre, llegaba casi al mismo tiempo en el que los grandes almacenes anunciaban que habían logrado colocar una emisión de 90 millones de euros en bonos. Se trata de una emisión adicional a los emitidos a la vuelta del verano, y que vencen en 2024. Irán destinados a amortizar parte de la deuda de la compañía. 

Dentro de ese proceso de reducción de la deuda, que alcanza los 3.600 millones de euros. El actual consejo, con Jesús Nuño de la Rosa a la cabeza, se ha comprometido con los inversores a avanzar en el desapalancamiento. Para ello se contemplan distintas medidas, entre ellas, la desinversión en activos inmobiliarios que no sean estratégicos. 

Así, el pasado 21 de diciembre los grandes almacenes anunciaban que estaban analizando la posibilidad de vender 130 activos. El objetivo sería captar hasta 2.000 millones de euros que irán también destinados a la reducción de la deuda. En este momento se analizan todos los inmuebles (oficinas, terrenos, superficies comerciales y plataformas logísticas) para definir cuáles deben ponerse a la venta.