Competencia ve “discriminatoria” la contratación previa de VTC en Cataluña

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) se ha posicionado en contra del plan en el que estarían trabajando el Área Metropolitana de Barcelona y la Generalitat de Catalunya para regular las VTC. Tal como informó este periódico, la limitación de las VTC en la que trabaja la administración catalana incluye la precontratación de estos vehículos.

Este es precisamente, junto a la obligación de retorno a la base operativa después de cada trayecto, el motivo que ha llevado a la ACCO a publicar su posicionamiento. En una nota de prensa, el organismo señala que ambas condiciones “tienen una característica común: la introducción de ineficiencias en el ejercicio de la actividad de VTC”.

La ACCO añade que “a través de la regulación se pretendería de forma difícilmente justificable imponer un tiempo de respuesta más elevado de lo que las condiciones técnicas actuales posibilitan”. En esta línea, no descarta llevar “a cabo las acciones apropiadas con el fin de defender y promover la competencia en el mercado, de conformidad con la misión que tiene encomendada”.

Competencia también señala a un perjuicio hacia los consumidores y justifica que "obligar a que el usuario reciba un servicio más ineficiente implica un daño evidente al bienestar de los consumidores y usuarios". 

Por último, la ACCO cifra en "un sobrecoste de más del 14% por trayecto y una pérdida global de recursos de los consumidores de más de 56 millones de euros en el Área Metropolitana de Barcelona" en caso de aprobarse las nuevas medidas regulatorias.

El reglamento que impulsa Transportes

El reglamento, impulsado por la consejería de transportes que lidera Damià Calvet, contempla también la creación de un registro de VTC en el que tendrán que estar todas las licencias que operen en Cataluña. Pero hay más, se establece también la posibilidad de establecer especificaciones técnicas a los vehículos en forma de antigüedad o requerimientos medioambientales. 

Del mismo modo, el AMB exigirá que las empresas demuestren que se cumplen con las obligaciones de contratación y seguridad social de los conductores; y se determinarán los días de descanso semanales, el número de horas de servicio que pueden operar y, por último, que exista una mayor transparencia en las tarifas aplicadas.