Madrid y Cataluña afrontarán demandas multimillonarias si ceden a las exigencias del Taxi

La huelga del Taxi ha conseguido sus objetivos en Cataluña. Básicamente, han conseguido exterminar a la competencia que les hacen Uber y Cabify a través de licencias VTC, hasta tal punto que las VTC han reconocido que deberán abandonar Barcelona. Y esta victoria va a hacer que se recrudezca la guerra en Madrid.

En Cataluña, Uber y Cabify no podrán aceptar reservas con menos de una hora, deberán esperar en aparcamientos subterráneos y no podrán dejar que los usuarios conozcan la localización de los coches. Básicamente, perderán todo lo que les convierte en una alternativa atractiva y se verán obligados a abandonar sus actividades. 

Sin embargo, la connivencia de la Generalitat con el Taxi no va a salir barata. Abogados expertos en movilidad consideran que, pese a que el decreto Ábalos faculta a legislar a las Autonomías y Ayuntamientos, forzar la precontratación puede interpretarse como un cambio radical en las condiciones de las licencias VTC y, por tanto, como una expropiación forzosa, lo que llevaría a pagar una indemnización. 

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Muchos miles de millones

Si hasta ahora se calculaban en al menos 2.500 millones de euros los importes que podrían solicitar las VTCs en concepto de indemnizaciones entre ambas autonomías, las apuestas han subido en las últimas horas.

Tenedores de licencias ya han confirmado a EL ESPAÑOL que la semana que viene realizarán despidos masivos y que exigirán 1.200 millones de euros a la Generalitat. 

Marta Plana, Global Head de Regulación de Cabify, lamentaba al término de la reunión con la Generalitat que "no ha existido mesa de negociación" como tal y que, simplemente, ha sido todo una escenificación de cómo el ejecutivo de Quim Torra "ha cedido al chantaje del Taxi".

"Las VTC deberán abandonar la ciudad de Barcelona porque no hay un marco competitivo para el negocio", lamentaba Plana, quien hacía hincapié en que "aunque para un político quince minutos no sean nada, para un empresario sí lo son".

Y ahora, Madrid

Una vez que Torra se ha bajado los proverbiales pantalones ante el enhiesto empuje del Taxi, todo apunta a que el conflicto se recrudecerá en Madrid en pleno Fitur. Los taxistas consideran que “no tienen nada que perder” en su guerra contra Uber y Cabify, así que al grito de “ni un paso atrás” están dispuestos a que se escuche su mensaje “por las buenas o por las malas”, como dice el portavoz de Élite Taxi Madrid, Saúl Crespo. 

Sin embargo, parece que el gobierno regional madrileño será más cauto. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha dicho que no se va a legislar "para expulsar a ningún sector". 

La denominada precontratación es la clave de esta batalla entre taxis y VTCs. Hasta que pueda entrar en marcha la licencia urbana, dentro de cuatro años, es la herramienta más sencilla y efectiva que tienen las administraciones para poner coto a Uber y Cabify como quieren los taxistas. ¿Por qué? Básicamente porque obligar a planificar los viajes con antelación supone acabar con la inmediatez que ofrecen estas aplicaciones. 

Tan importante es para ellas que el presidente de la patronal Unauto, Eduardo Martín, ya decía este martes que “supondría el fin de las operaciones de Uber y Cabify". Todo un aviso para navegantes, sabedores de que tras los últimos episodios de violencia por parte del Taxi la opinión pública está a favor de los recién llegados. 

Un Taxi al que no puede negársele su fuerza de voluntad, con manifestantes dispuestos a agredir a periodistas, escrachar a políticos e incluso arrojarse frente a vehículos en marcha con tal de no perder sus privilegios y exterminar a la competencia.

En todo caso, la Generalitat ha ampliado a una hora la precontratación pero trasladándole la patata caliente a los Ayuntamientos. ¿Por qué? Para evitar responsabilidades de cara a los Tribunales y esquivar posibles demandas. 

Pese a estar en polos ideológicos radicalmente opuestos, Madrid y Barcelona coinciden en que se han encontrado con un problema creado por Ada Colau en Barcelona (con un reglamento tumbado por la justicia para expulsar a Uber y Cabify). Después, y por la fuerza de los taxistas en la calle el pasado verano, llegó al ministerio de Fomento. Allí un recién llegado Ábalos se quitaba de encima el problema y pasaba la pelota a las autonomías.

Una vez que la Generalitat se ha entregado por completo al Taxi, ahora a Madrid sólo le queda intentar repeler el golpe o intentar convertirlo en un bumerán político que acabe de nuevo en las manos de Fomento. Pero será fácil de conseguir.

De lo que suceda en los próximos días veremos si la victoria del Taxi es definitiva y culmina con la expulsión de los nuevos agentes del mercado, con un coste elevadísimo para los contribuyentes, o si hay marcha atrás. En ambos casos, habrá guerra para rato. La diferencia es cuánta gente conseguirá dejar el Taxi sin trabajo.