Facua exige que los consumidores dejen de ser los "rehenes" del taxi

La organización de consumidores Facua se ha posicionado a favor de las VTC, las licencias que operan Cabify y Uber, y se ha mostrado contraria a que los usuarios deban solicitar sus servicios con al menos una hora de antelación, como ha accedido la Generalitat.

La asociación considera que de aprobarse la medida -que ya ha fracasado en otros países- en la capital catalana o en cualquier otra ciudad española, "se estaría restringiendo a los consumidores de forma injustificada el acceso a servicios de transporte con licencias VTC".

Resulta obvio, advierte FACUA, que sólo un reducido porcentaje de pasajeros conoce con exactitud con tanta antelación en qué momento necesitará un servicio de estas características.

Fuentes de las VTC consultadas por EL ESPAÑOL confirman que más del 95% de los usuarios utilizan el servicio sin reserva previa.Para la organización, "medidas como la planteada por la alcaldesa de Barcelona solo provocarían en los usuarios confusión y desprotección".

Rehenes de los taxistas

FACUA insiste en reclamar a las administraciones que dejen de obviar los intereses de los usuarios en la búsqueda de soluciones ante las reivindicaciones del sector del taxi. Aunque la asociación se solidariza con los taxistas ante la feroz competencia que ha llegado a España y comparte con ellos la necesidad de establecer un marco regulatorio que garantice la protección de la parte más débil del mercado frente a grandes empresas multinacionales, recuerda que los consumidores son el eslabón más débil y que estos "no merecen ser tratados ni como rehenes ni como espectadores en la búsqueda de soluciones al conflicto entre taxis y VTC".

La asociación señala que tanto la regulación del taxi como la de los vehículos con licencias VTC y la de las respectivas plataformas que actúan de intermediarias "debe garantizar un marco de derechos de los pasajeros que en la actualidad resulta claramente insuficiente".

Por ello, insta al Gobierno de España, comunidades autónomas y ayuntamientos a que asuman la necesidad de tener en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los intereses de los consumidores en el diálogo abierto sobre el marco regulatorio de las VTC y en la necesaria actualización de las normas autonómicas y locales relativas al sector del taxi.