La patronal de las VTC, Unauto, se ha dirigido al gobierno de la Generalitat de Catalunya a través de cartas en la que alertan al presidente, Quim Torra, y a varios miembros de su equipo de las responsabilidades “administrativas y penales” que podrían tener que afrontar si se aprueba el decreto en favor del Taxi.

Las cartas, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, señalan que las dos medidas que plantea la Generalitat - la precontratación del servicio y la prohibición de mostrar la geolocalización - suponen “la expulsión de facto, de las plataformas y empresas dedicadas al arrendamiento de vehículos con conductor del territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña".

La normativa que prevé aprobar la Generalitat establece la obligatoriedad de que Uber y Cabify tengan que ser reservados con quince minutos de antelación. Por otra parte, permitirá también que los Ayuntamientos establezcan hasta una hora en la precontratación de los servicios de VTC. El de Barcelona, a través del Área Metropolitana (AMB) ya ha dicho que serán 60 minutos. 

Además de Quim Torra, la portavoz del gobierno, Elsa Artadi; el vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonés; el consejero de Territorio y Economía, Damià Calvet; así como los secretarios de Infraestructuras y Movilidad, de Territorio y Sostenibilidad, de Vicepresidencia, Economía y Hacienda y los directores generales de Transportes y Promoción Económica han recibido una carta firmada por Eduardo Martín, presidente de Unauto.

Las VTC consideran que esta cesión de la Generalitat al Taxi supone una restricción a su servicio y por eso, recuerdan a Torra que de aprobarse el decreto se estaría vulnerando “el principio de no discriminación contenido en los artículos 3 y 18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado”. Esta norma establece que “todos los operadores tengan los mismos derechos en todo el territorio nacional y con respecto a todas las autoridades competentes”.

Además, Unauto apela al Estado de Derecho y señala en las cartas que “las medidas que pretenden implantarse constituyen, con toda evidencia, una confiscación de bienes, consistente en privar a los titulares de un determinado derecho de su valor patrimonial”. Así, las VTC alertan de que se produciría “una gravísima vulneración del Estado de Derecho” y advierten que quienes “intervengan en tal operación incurrirán en la comisión de un delito contra los derechos individuales” tipificado en el Código Penal.

En esta línea, las VTC avisan de que si la Generalitat “legisla manifiestamente en contra de la legalidad vigente”, sus representantes deberán “hacer frente ya no sólo a los recursos” que previsiblemente la patronal interpondría, sino además a las “responsabilidades personales - administrativas y penales- que se exigirán a aquellos empleados públicos y/o responsables políticos que intervengan en el dictado de normas que sean abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico”.

Consecuencias económicas

La patronal de las VTC también recoge en las cartas de las consecuencias económicas que puede tener el decreto propuesto por el gobierno catalán. Entre ellas, el despido de las más de 4.000 personas que trabajan en empresas de vehículos con conductor.

Las VTC apuntan a una reducción de “la oferta de movilidad” y destacan que “Barcelona será la primera ciudad europea en la que Uber y Cabify sean expulsados”. Un hecho que, consideran, significa dar “un paso atrás en la imagen de modernidad con la que Barcelona se presenta internacionalmente”.

En la misma línea, Unauto pone de relieve la repercusión que la salida de estas plataformas puede tener para el turismo, “el comercio, los negocios y demás sectores económicos” en la capital catalana y en el resto de la Comunidad Autónoma.

En cuanto a los costes para la Generalitat, las VTC dicen que “verá reducida su recaudación de impuestos y deberá hacer frente a las indemnizaciones en reparación del daño que las medidas como las que pretenden imponerse causen a las empresas”. Según cálculos de la consultora E&Y, las indemnizaciones podrían alcanzar los 1.000 millones de euros.

Las VTC critican que el gobierno catalán ceda ante el Taxi "como consecuencia de la presión que, hasta límites insospechados, está efectuando" este sector. Esta madrugada, los taxistas barceloneses han decidido desconvocar la huelga.