El objetivo es descarbonizar el modelo energético español. No se trata de un capricho empresarial, ni siquiera del Gobierno; es la Unión Europea la que, sobre todo desde la firma del Acuerdo de París, marcó las líneas a seguir por todos los estados miembros.
En estas, el anuncio por parte de las eléctricas del cierre de las centrales de carbón es una realidad. No en vano, nueve de las catorce centrales térmicas de carbón que operan en España serán cerradas en junio de 2020, puesto que las compañías no consideran rentable realizar las inversiones que exige la Unión Europea para mantenerlas. "La recuperación de estas inversiones sería imposible en las condiciones regulatorias y de mercado tanto actuales como previsibles", explican desde Endesa.
Es lo que cree la compañía que dirige José Bogás sobre, por ejemplo, la central de Andorra (Teruel). La eléctrica solicitó su cierre a mediados de diciembre, así como el de la central de Compostilla (León); una decisión que ha hecho que sean muchos los andorranos que se han echado a la calle en los últimos días, atemorizados por la pérdida de empleos en una de las provincias españolas más afectadas por la despoblación.
Endesa pone cifras... ¿y el Gobierno?
Lo cierto es que Endesa se comprometió a que el daño sufrido por la provincia fuera el mínimo posible, asegurando unas inversiones de 800 millones de euros. ¿Para qué? En sus planes está desarrollar hasta 1.000 MW de potencia solar fotovoltaica en la zona en la que está ubicada la central, que emplea actualmente a 153 personas de forma directa.
Según los cálculos de la eléctrica, este plan permitiría crear 400 empleos directos en los próximos cinco años, destinados sobre todo a la construcción de los parques solares, aunque todavía se desconoce cuántos serán. Con esto, pretenden poder mantener los puestos de los empleados "lo más cerca posible" de Andorra. "Habrá formación para que los trabajadores puedan reciclarse", explican desde la compañía.
No obstante, el plan de Endesa, la única que ha puesto ya las cartas sobre la mesa en este asunto, podría solaparse con el que decida presentar el ministerio que preside Teresa Ribera o el propio Gobierno de Aragón. "El problema del futuro de la comarca no es responsabilidad de una empresa, es responsabilidad de las administraciones", comentan fuentes conocedoras de las conversaciones.
De momento, en lo que al Ejecutivo se refiere, Ribera visitó la localidad turolense la semana pasada, cuando, entre pancartas de "se vende" colocadas por vecinos y comerciantes, se reunió con alcaldes de la zona y representantes de los sindicatos. Su objetivo era recoger las sugerencias de quienes allí se encontraban, y así lo hizo. Sobre la mesa se pusieron ideas como la construcción de una central de biomasa en las propias instalaciones de la central, algo que a la ministra le pareció interesante. "Se estudiará la propuesta", apuntan fuentes del ministerio.
Con la transición energética por bandera, y ante la imposibilidad de acometer las inversiones que exige el nuevo contexto regulatorio medioambiental, las compañías eléctricas están diciendo adiós a las centrales de carbón. Hace menos de dos semanas, Naturgy anunció que se desprendería de todas sus centrales térmicas antes de junio de 2020.
El plan que Ribera enviará a Bruselas entre esta semana y la siguiente despejará las dudas sobre la intención del Ejecutivo para estas centrales; no obstante, la ministra ya avisó en octubre de sus intenciones: les veía "poco recorrido" y estimaba que su funcionamiento "difícilmente llegará a diez años". Cómo llevar a cabo la transición seguirá siendo la cuestión que protagonice los debates en el sector.