Las compañías energéticas están dispuestas a ponerse a la cabeza de la transición energética. Aseguran que están preparadas para caminar en esa dirección, y muchos de sus últimos movimientos empresariales lo demuestran. No obstante, exigen al Gobierno un marco normativo estable que, además, sea honesto; es decir, el cambio hay que hacerlo, pero las metas tienen que ser alcanzables.
Es la tesis que mantienen y que pronunciaron, en diferentes términos, las grandes energéticas del país. Iberdrola, Endesa, Repsol y Naturgy participaron este miércoles en el 16 Encuentro del Sector Energético, organizado por el IESE, en el que pusieron sobre la mesa sus perspectivas sobre la transición energética.
Un proceso que, insisten las compañías, debe ser efectivo. Y para que eso ocurra, defienden, los planteamientos de los que parta el Ejecutivo, en general, y el ministerio para la Transición Ecológica, en particular, deben fijar objetivos reales.
En este sentido, el sector espera conocer al detalle qué metas fijará realmente el Gobierno, quizá recogidas en el Plan Integrado de Energía y Clima que la ministra Teresa Ribera llevará al Consejo de Ministros -para después enviarlo a Bruselas- el próximo viernes 22. De momento, las compañías se basan en intenciones anunciadas y en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático.
La necesidad de ser "pragmáticos"
Sin embargo, temen que el Ejecutivo no sea prudente. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, era claro: "Quien menos habla de la transición energética somos los agentes energéticos. No se nos oye opinar, porque no queremos opinar. Porque sabemos la realidad", insistía. Y lanzaba un toque al Gobierno y a Bruselas: "Se trata de pragmatismo, no grandes discursos. No tenemos que ser mejores que Alemania porque nos lo pida alguien. Es historia conocida que nos pidan objetivos que no podemos realizar".
Para el presidente de la petrolera -que ya cuenta con electricidad por su adquisición de Viesgo-, es importante andar con pies de plomo. Brufau ponía así de ejemplo el coche eléctrico y el anuncio del Gobierno sobre la prohibición de la matriculación y venta de 'coches fósiles' en 2040.
"¿Qué me preocupa a mí? Que como hay una cierta agitación, estemos hoy primando una tecnología no madura por competitividad con dinero público cuando para conseguir 5 veces más con este mismo dinero podríamos ayudar a la gente a cambiar sus coches. Lo único que digo es: pragmatismo", insistía, al tiempo que reseñaba la importancia de que, desde el sector público, se mire a las tecnologías "maduras" que "no están al alcance de los ciudadanos", como el cambio a las bombillas LED o la renovación del coche.
"El plan no puede estar escrito en piedra"
En una dirección parecida señalaba el consejero delegado de Endesa, José Bogás, que insistió en que el plan del Gobierno "no puede estar escrito en piedra". Se refería así a la necesidad de que tenga la capacidad para poder adaptarse en el futuro, atendiendo a las "circunstancias".
También desde Naturgy, el director general de Gas y Electricidad de la compañía, Manuel Fernández, insistió en que cualquier avance debe realizarse "desde la prudencia regulatoria", al tiempo que señalaba que la transición energética debe también "cuidar el impacto social" y no ser "discriminatoria".
La consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, apuntaba a que la "seguridad jurídica" es necesaria para asegurar la parte financiera de esta transición. En concreto, señalaba que el objetivo de instalar 5 gigavatios (GW) anuales al año de energía renovable supone "un esfuerzo inversor desconocido" en España, para el cual pidió "la confianza para los inversores para que se haga realidad".
Todo un alegato a favor de trabajar para la transición, pero siempre con la vista pendiente en los números y las normas que el Gobierno pondrá sobre la mesa. El próximo viernes 22, quizá queden algunas dudas despejadas.