La Generalitat no está dispuesta a dar su brazo a torcer tan fácilmente ante Cabify. El Gobierno de Torra considera que la nueva fórmula elegida por la plataforma para operar en Barcelona no se ajusta a su decreto ‘anti VTC’ y, por tanto, este jueves estará lista para tomar medidas. ¿Cuáles? La primera de todas, paralizar los coches de Prestige&Limousine, que es la empresa que va a ofrecer los servicios a través de la app. 

Fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL explican que el gobierno regional se ha dirigido de forma ‘indirecta’ a Cabify para avisarles de que si empiezan a funcionar como pretenden, los coches serán sancionados y paralizados. La intención de Cabify es firmar con los usuarios un contrato de un año de duración, de esta manera la precontratación de quince minutos se cumple en el primer viaje. A partir de ahí el resto de trayectos podrían contratarse de forma automática. 

Gracias a esa triquiñuela Cabify confiaba en poder operar de forma normal, aunque con un nuevo modelo de negocio: el de prestar servicios de alquiler con conductor en lugar de figurar como una agencia de viajes, que es lo que venía haciendo hasta ahora. 

Se prepara una carta

Según ha confirmado este periódico, la Guardia Urbana de Barcelona ya tiene orden de parar a todos los vehículos de VTC que vea para comprobar que cumplen con la normativa. Entre otras cosas tendrán que emplear el registro electrónico de VTC que ha puesto en marcha por la Generalitat, no el de Fomento. La patronal del sector, Unauto, había denunciado el silencio administrativo de la administración catalana ante sus dudas y señaló en un comunicado que utilizaría el registro del Ministerio.

La Guardia Urbana comprobará también que se ha cumplido con la precontratación del viaje y que se cumple con el resto de obligaciones del decreto Torra. En caso de no ser así serán sancionados e, incluso, inmovilizados. 

En las próximas horas se espera que la Generalitat envíe una carta a Cabify. En ella, y según explican esas fuentes, se instará a la plataforma a no comenzar las operaciones puesto que estarían incumpliendo el decreto ley aprobado por el Parlamento de Cataluña. Cabify considera que es un decreto inconstitucional, tal y como han reconocido la Autoridad Catalana de la Competencia y el Consejo de Garantías Estatutarias.

Es decir, la Generalitat intentará exponer que su fórmula de un contrato único que permita esperar quince minutos al servicio la primera vez no es válida. Es decir, que tendrá que aplicarla al resto de viajes que se realicen en el marco de la contratación. El texto del decreto habla, claramente, de un “plazo mínimo”, no de ningún plazo máximo, y exige una contratación previa, pero no dice expresamente que la contratación deba aplicarse para cada servicio. Sin duda, es un hueco en la redacción del decreto, pero uno que Cabify pretende aprovechar.

Los tribunales 

Fuentes cercanas a Cabify explican que están convencidos de que el nuevo modelo de negocio cumple con la legalidad. “Si creen lo contrario que nos multen o nos lleven a los tribunales”, añaden. 

Si finalmente se produce la inmovilización o sanción de coches de Cabify se abre también otra puerta: la de que la plataforma pueda demandar a la Generalitat y cargar contra el decreto antiVTC. Una puerta que hasta ahora estaba cerrada dado que un decreto ley no puede ser recurrido por un particular. Ahora, en cambio, el escenario es distinto: habría una diferencia de criterios a la hora de aplicar la norma que sí debe ser resuelta por un juez. 

La propia Cabify reconocía este miércoles la posibilidad de que tuviera que abandonar Barcelona de nuevo. En concreto, aseguraba que “volvería a verse forzada a plantearse su continuidad en Cataluña” si el decreto no fuera declarado nulo por los tribunales.

Por decisión propia

La vuelta de Cabify a Barcelona ha sido "una decisión individual de la compañía", ha destacado Unauto VTC Catalunya, la asociación que representa el 90% del sector en España, en un comunicado. 

Unauto ha aprovechado la vuelta de la empresa para recordar que el Decreto impulsado por Calvet "es inconstitucional y (...) atenta contra el Artículo 38 de la Constitución Española, de la Libertad de Empresa".