La ceremonia oficial de entierro se ha programa para el Ecofin que se celebra este martes en Bruselas. Tras más de un año de negociaciones infructuosas, la Unión Europea se rinde y renuncia a aprobar una tasa comunitaria a los gigantes tecnológicos. El objetivo era obligar a plataformas como Google, Facebook o Twitter a pagar más impuestos en Europa. Pero la iniciativa ha chocado desde el principio con el rechazo frontal de de países que, como Irlanda, se sirven de rebajas de impuestos y prácticas fiscales agresivas para atraer a multinacionales. 

A partir de este martes, ya no habrá más intentos de sortear este bloqueo. La tasa digital no volverá a la agenda del Ecofin. La UE abandona las negociaciones. Los ministros de Economía lo fían todo al debate en la OCDE, el club de los países ricos, donde la Casa Blanca de Donald Trump tendrá poder de veto. Esperan que en la OCDE pueda alcanzarse un acuerdo sobre los impuestos que deben pagar los gigantes digitales de aquí a mediados de 2020, según explican fuentes diplomáticas. ¿Es realista un compromiso a escala internacional que se ha demostrado imposible en un ámbito más reducido como la UE?

De momento, lo que está claro es que en Bruselas de nada han servido las múltiples ofertas y contraofertas, cada vez más descafeinadas, que ha venido presentando en los últimos meses Francia, el país más interesado en sacar adelante esta tasa digital. Primero, París propuso una cláusula de expiración: el nuevo impuesto desaparecería en el momento en que se logre un acuerdo en la OCDE. Después, su ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, aceptó retrasar la entrada en vigor hasta 2021 (e incluso hasta 2022) para dar más tiempo a una solución internacional que incluya también a Estados Unidos.

El último compromiso conjunto que Francia y Alemania pusieron sobre la mesa el pasado diciembre reducía considerablemente el nivel de ambición de la propuesta original de Bruselas. La nueva tasa gravaría únicamente la publicidad digital: se libraban así la venta de datos y la actividad de las redes sociales. Debía entrar en vigor en 2021 si antes no se logra un pacto a nivel internacional y expiraría automáticamente en 2025.

Rumanía, que ocupa este semestre la presidencia de turno de la UE, ha realizado en las últimas semanas "un amplio trabajo a nivel técnico" y "considera que todas las posibilidades de realizar más progresos ya se han explorado". Una amplia mayoría de Estados miembros apoya esta propuesta de mínimos para limitar la tasa a la publicidad digital. Pero Irlanda, Dinamarca, Finlandia y Suecia se mantienen inflexibles en su oposición. Un escollo insalvable, puesto que las decisiones sobre impuestos en la UE se adoptan por unanimidad de los 28 Estados miembros.

"Ya no vamos a buscar un acuerdo a nivel europeo, hay que intentar un acuerdo en el seno de la OCDE", explican las fuentes consultadas. El debate demuestra, sostienen en París, que la UE debe pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada en la toma de decisiones sobre fiscalidad, tal y como ha propuesto recientemente la Comisión Europea. Una idea que de momento tampoco parece tener mucho recorrido puesto que los países pequeños no quieren renunciar a su veto. 

La propuesta de Sánchez, sin cobertura de la UE

El resultado más inmediato de ceder la iniciativa a la OCDE es que el Gobierno de Pedro Sánchez se queda sin cobertura de la UE para la tasa digital que quiere aprobar en España. Un nuevo impuesto con el que pretendía recaudar 1.200 millones de euros ya en 2019 (aunque según Bruselas, su previsión de ingresos estaba inflada) y que finalmente se ha quedado en el aire tras el rechazo del Congreso a sus Presupuestos. 

La tasa española estaba diseñada a partir de la propuesta original que presentó Bruselas en marzo de 2018. Se aplicaría al volumen de negocios de los gigantes tecnológicos en lugar de a sus beneficios. Con un tipo del 3%, se gravarían tres tipos de actividades: la venta de publicidad online, los ingresos generados por las actividades de intermediación de las redes sociales y la venta de datos de los usuarios. De hecho, la ministra de Economía, Nadia Calviño, considera insuficiente la última oferta de París de limitar el gravamen únicamente a la publicidad digital. "Es un paso atrás, quedarse a medio camino", dicen en el ministerio  de Economía. 

Además de España, otros países como Italia, Reino Unido o la propia Francia tienen previsto seguir adelante con tasas digitales nacionales. En París son incluso medio optimistas sobre las posibilidades de un acuerdo en la OCDE. Sostienen que en los últimos meses se ha avanzado (incluyendo a Estados Unidos) al menos sobre dos pilares: la necesidad de que una parte de los beneficios de la economía digital reviertan en los países donde se usan estos servicios y la idea de fijar un umbral mínimo de impuestos a todas las multinacionales allí donde operen.

Si el acuerdo en la OCDE se demuestra finalmente imposible, la UE se reserva la posibilidad de volver a discutir la tasa digital a mediados de 2020.