Las eléctricas, pendientes de sus centrales de gas: reclaman el incentivo que no llega

En junio se cumplirá un año desde que los centrales de gas natural dejaran de ingresar el pago por disponibilidad, un incentivo pensado para que, aunque estos ciclos combinados no se usen hasta el tope de su capacidad, sigan funcionando.

La idea, entonces, era que a partir de ese momento se aprobara un nuevo mecanismo de pago que respetara, por un lado, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el mix energético que establece para 2030. Y por otro, que fuera acorde a la Directiva y Reglamento del Mercado Interior de la Electricidad, que debe ser aprobada en la Unión Europea. No obstante, cosas de palacio, esta directiva se encuentra todavía en trámite y es la que ha dejado en pausa los pagos.

"Está pendiente de aprobación final y de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)", confirman fuentes del ministerio que preside Teresa Ribera a este periódico, aunque evitan aventurarse a señalar de qué plazos se habla. Es decir, mientras esta directiva no salga adelante, el Ejecutivo no tiene a qué agarrarse para ordenar nuevos pagos -que se cargan en el recibo de la luz- y las centrales de gas natural ven cada vez menos rentable estar dispuestas.

De este modo, según los cálculos de fuentes del sector, con la supresión de este incentivo los ciclos dejaron de ingresar el año pasado unos 70 millones de euros por los seis últimos meses. Este año, la cifra asciende a un total de 180 millones para todo el sector. Conservan, eso sí, otro de los incentivos, para la inversión a largo plazo, que perciben las centrales de gas durante 20 años desde su puesta en marcha. Este lo cobran 25 grupos de ciclos combinados de los 50 que existen en España, y dos hidráulicas de bombeo, con un coste estimado de 133 millones de euros.

"Estas instalaciones están en una situación crítica", insisten fuentes del sector. Tanto es así que el factor de carga de los 50 ciclos fue del 12% en 2018, lo que se traduce en que sólo se usó el 12% de su capacidad. En lo que llevamos de año, el factor de carga se sitúa en cerca del 15%. Lo cierto es que el problema no afecta solo a las cuentas de las centrales, sino que lo que está en jaque es la seguridad de suministro.

El PNIEC cuenta con los ciclos... ¿pero cómo?

De hecho, el PNIEC, enviado ya a Bruselas, contempla que sigan en funcionamiento los mismos ciclos que hay en la actualidad (27.000 megavatios), de modo que, en un momento en el que se está diciendo adiós al carbón y hay fecha para el apagón nuclear, las centrales de gas funcionarían como respaldo al sistema, ya que la renovable todavía es inestable. Así, para 2030 el plan prevé un 42% de renovables sobre el uso final de la energía y un 74% de energía renovable en la generación eléctrica.

Aquí, las eléctricas insisten en que el elemento de mercado que contribuye a la garantía de suministro son los mecanismos de capacidad. En las alegaciones remitidas por Aelec (antigua Unesa) al ministerio de Ribera por el PNIEC, a las que tuvo acceso este periódico, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Viesgo, recalcaban: "A través de estos instrumentos se asegura el suministro, y la ausencia de los mismos en las medidas que deben adoptarse para cumplir con los objetivos del Plan supone de facto un obstáculo al correcto funcionamiento del mercado".

En el citado documento, las compañías reprochan que el plan presenta un escenario en el que se mantiene íntegramente la capacidad de ciclos combinados, aunque funcionando un número muy reducido de horas, lo que, a su juicio, "agravará la situación actual de falta de recuperación de costes, sin explicar cómo va a mantener en funcionamiento este parque de manera económicamente viable".

De esta manera, a fin de mantener la capacidad de potencia firme que aportan los ciclos combinados y desarrollar la adicional necesaria, insisten las compañías, debería implementarse de forma urgente un mecanismo de pago por capacidad y definir un procedimiento para determinar las necesidades de potencia firme con antelación suficiente para permitir su desarrollo.

De momento, es la Unión Europea la que tiene que pronunciarse. Con el 28-A de telón de fondo, la situación se complica para las centrales de gas, ya que, con el pronunciamiento europeo, el Ejecutivo español tendría que articular después el mecanismo nacional. El reloj sigue corriendo.