En España existen entre 8,1 y 3,5 millones de personas en situación de pobreza energética, o que, al menos, cumplen algunos de los indicadores. Son los cálculos del ministerio para la Transición Ecológica, que este viernes, a través del Consejo de Ministros, ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024.

Una estrategia dividida en cuatro ejes de actuación que se ha marcado dos objetivos claros: la reducción de esta pobreza al menos un 25% en 2025, aunque la meta se ha fijado en el 50%.

Según ha informado el ministerio que preside Teresa Ribera, la estrategia fija las líneas del futuro bono social energético, que deberá ser automático y cubrir todas las fuentes de suministro; y plantea acciones a corto, medio y largo plazo para la rehabilitación energética de viviendas y de sustitución de antiguos electrodomésticos y equipos por aparatos eficientes.

Además, el Gobierno prohíbe desde este viernes la interrupción de suministro energético en situaciones meteorológicas extremas, olas de calor o frío, a consumidores vulnerables, algo que, ha anunciado el ministerio, se suma a las restricciones de corte ya existentes sobre consumidores vulnerables y preceptores del actual bono social eléctrico en cuya vivienda viva al menos un menor de 16 años, una persona con una discapacidad superior al 33% o una persona en situación de dependencia de grado II o III.

Asimismo, ha informado el ministerio, el documento amplía el periodo previo al corte de suministro en caso de impago. Hasta ahora, para los consumidores vulnerables acogidos al bono social de electricidad, la normativa habilitaba un plazo de cuatro meses antes de que el suministrador pudiera interrumpir el servicio. La Estrategia aprobada este viernes por el Consejo de Ministros aumenta el plazo otros 4 meses, durante los cuales el consumidor "recibirá un suministro mínimo vital" que se fijará atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad.

Una nueva definición y cuatro indicadores

La estrategia declara que la pobreza energética es "la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”.

Así, para detectarla, el texto ha adoptado los cuatro indicadores del Observatorio Europeo contra la pobreza energética. En primer lugar, un gasto desproporcionado en gasto energético de los hogares, que sea más del doble de la media nacional en relación con sus ingresos; en segundo lugar, la pobreza energética escondida, que habla del porcentaje de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la media nacional; en tercer lugar, el indicador de incapacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada; por último, el retraso en el pago de las facturas.

Según ha dado a conocer al ministerio, y en base a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2017, 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos; 5,1 millones de personas sufren pobreza energética escondida; unos 3,7 millones de personas pasan el invierno a temperaturas inadecuadas y 3,5 millones de personas han de afrontar retrasos en el pago de sus facturas.

Entre otras medidas, relacionadas con hacer estudios al detalle del gasto y actualizar los indicadores anualmente, el Ejecutivo insiste en que es preciso elaborar un nuevo bono social que debería respetar, por un lado, la universalidad de fuentes de suministros (ayuda integral para el conjunto de los suministros energéticos), la automatización, y la gestión coordinada con otras administraciones públicas.

"Pretendemos atacar las causas estructurales que nos permitan que descienda el número de personas en situación de pobreza energética", ha explicado la ministra Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.