Falta mucho camino por recorrer, pero desde el sector eléctrico no pierden la esperanza de poder acercar posiciones con el Gobierno de cara a la “profunda reforma” que se pretende realizar. Son muchas aristas las que habrá que abordar y una de ellas es especialmente relevante para los consumidores: la creación de un nuevo bono social energético que incluya el gas.

El Ejecutivo y Unidos Podemos presentaron la semana pasada su acuerdo de cara a los presupuestos que, entre otras medidas que afectan al sector energético, incluye una “profunda reforma del bono social eléctrico y la creación de un bono general que incluye el bono gasista”.

Cuando el Ministerio de Transición Energética modificó el bono social, creando uno de calefacción, para paliar el mordisco que se estaban llevando los consumidores con el alza del precio de la electricidad, la ministra Teresa Ribera ya anticipó que era necesario plantear un nuevo mecanismo que, con acuerdo de todas las partes implicadas, se mantenga en el largo plazo.

Con ese espíritu, el Ministerio se sentará a definir una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética. Se ha comprometido a presentarlo en un plazo de seis meses y su elaboración se solapará con el trabajo que realizará en paralelo otra mesa, la que se encargará desde el próximo mes de enero de esa prometida reforma profunda del sector eléctrico.

El único escollo en el debate entre el Gobierno y el sector eléctrico por el bono social es la financiación. Desde las empresas tienen claro que una medida como esta, de protección al consumidor vulnerable, es más que necesaria, pero la clave está en encontrar un mecanismo de financiación adecuado y que se definan con rigor las condiciones para su aplicación para que llegue a las familias que realmente lo necesiten.

Desde el sector también apoyan la visión de Ribera de que es necesario crear un marco estable y duradero para esta medida. El bono social vigente, aprobado hace un año y en vigor desde el 8 de octubre, ya ha supuesto un avance, reconocen. En lugar de dar acceso directo a aquellos hogares en función de la potencia contratada, se marcan criterios de renta.

En el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos se contempla que el nuevo bono general, que crearía e incluiría un bono gasista, sea de solicitud automática y la renta per cápita del hogar sea “el único criterio de adjudicación”, un baremo que se complementará con criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como las familias monoparentales.

El descuento de este nuevo bono será “el necesario para que, de acuerdo al nivel de renta, todos los hogares puedan acceder a un consumo mínimo de energía”. Y, de nuevo, la intención es cargar la financiación en el sector privado, “proporcionalmente a su volumen de facturación”.

La factura, a cuenta de Presupuestos

El bono social nació en 2009 y el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cargó sobre las cinco grandes eléctricas el coste de la medida, por ser los que están obligados a ofrecer la tarifa regulada sobre la que se aplica el descuento. El Supremo consideró que el reparto era discriminatorio y el Ejecutivo lo amplió a una veintena de empresas, pero tampoco funcionó. A causa de esto, el Gobierno ha devuelto ya vía tribunales más de 500 millones de euros a las empresas.

La última reforma, realizada por Álvaro Nadal al frente de Energía, pone como financiadores a las comercializadoras de electricidad, fórmula que también está recurrida. Aunque son más de 200 comercializadoras, el grueso de la factura del bono social -un 96%-, lo asumen las cinco grandes energéticas: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo. El bono social supone alrededor de 200 millones al año, aunque se espera que con el reajuste de hogares beneficiarios de la nueva norma, se rebaje ligeramente.

Tratándose de una medida social, defienden, debería correr a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, tanto los expertos en materia energética como los organismos de la Unión Europea son contrarios a que lo financien las empresas, recuerdan fuentes del sector. 

Ahora que el Ejecutivo se ha lanzado a pagar directamente desde las arcas del Estado el bono para la calefacción de este invierno, en el sector eléctrico ven oportunidad de abrir un diálogo que plantee nuevas fórmulas de financiación para el nuevo bono. Pero si la nueva norma mantiene la vía de financiación las empresas lo tienen claro, lo volverán a reclamar en tribunales.

Aunque no está claro el peso y el margen de negociación con que contarán las empresas en la mesa de trabajo con el Gobierno donde podrán trasladar estas posturas, no pierden la esperanza de que se les dé la oportunidad de ser parte de la solución en temas de pobreza energética, pero sin cargar en su mochila costes como el del nuevo bono energético.

Por el momento, el Congreso tiene que convalidar el real decreto con el que el Gobierno ha respondido al alza del precio de la luz y que incluye, entre otras medidas, los cambios al bono social eléctrico, ampliando el plazo para renovar la ayuda hasta el 31 de diciembre, y crea el bono social térmico.