Las medidas para paliar el alza de la factura eléctrica ya están vigentes y el Gobierno no quitará ojo a las eléctricas para asegurar que cumplan su parte. Así lo ha asegurado la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, en sus primeras palabras a los medios tras aprobar el anticipado real decreto-ley con el que el Ejecutivo ha querido mandar un mensaje a la ciudadanía: “no os dejaremos solos ante los altibajos que genera el proceso de transición energética”.

“No me parece razonable pensar que las eléctricas no son conscientes de que todos van a tener los ojos puestos sobre ellas. Las autoridades competentes en mercado eléctrico y traslación de precios, el Gobierno y Competencia, tendrán que vigilar esto también”, afirmó Rivera en entrevista con RNE.

El paquete de medidas urgentes, aprobado el viernes y publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado, recoge la anticipada suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica y la exención, también temporal, del impuesto a la generación con hidrocarburos, conocido como ‘céntimo verde’. En ambos casos, las empresas que generan energía soportan el gravamen y lo trasladan al consumidor final a través del precio al que ofertan la energía en el mercado mayorista.

Las dos medidas fiscales reducirían la factura del último trimestre, según las estimaciones oficiales, en una cuarta parte de la subida total: unos 6,2 euros para el hogar de 2.600 kWh y unos 8,5 euros para el hogar más intensivo, con consumos de 3.600 kWh.

El mercado ya nota la suspensión

Los efectos de la suspensión del impuesto a la generación ya se estarían notando en el mercado mayorista de energía, conocido como ‘pool’, apuntan fuentes del sector eléctrico. Pero el impacto de las medidas del Gobierno no será completo hasta que las generadoras que utilizan gas -el carbón no está incluido en la medida-, no obtengan la exención al ‘céntimo verde’.

Mientras que la suspensión del primero, con una tasa del 7%, se aplica de forma automática, la exención debe solicitarse de forma expresa a la Subdirección General del Ministerio de Hacienda. Algunas empresas ya han solicitado este lunes la exención y esperan que se active en los próximos días.

Aun así, según estas mismas fuentes, aunque hasta dentro de tres meses no se podrá comprobar con los datos oficiales si las empresas de generación están lanzando sus ofertas descontando este impuesto, algo se ha notado durante el fin de semana.

El precio medio del megavatio en el ‘pool’ de este sábado fue de 68,30 euros; el domingo bajó a 56,61 euros; este lunes ha vuelto a situarse en 68,01 euros y este martes estará en 69,78, según los datos del operador del mercado ibérico OMIE. Hay que tener en cuenta que en la generación del domingo se impusieron las renovables, tecnologías que ayudan a abaratar el precio de la energía, frente a la mayor presencia de hidráulica en los demás días, pero sí se nota diferencia respecto a los valores, por encima de 71 euros que ha marcado durante gran parte de septiembre.

Sin embargo, apuntan fuentes del mercado, el efecto de las medidas de este paquete urgente podría ser moderado porque el mercado ya lo habría descontado tras el anuncio de la medida el pasado 19 de septiembre. El mercado de futuros de la electricidad vivió esa tarde una negociación de volúmenes inusual y redujo el precio para 2019 en alrededor de 3 euros por megavatio/hora, desde 62 euros/MWh a 59 euros, explican.

En esa semana, la electricidad en España pasó de ser 2 euros más cara que en Francia a uno más barato. Para los expertos, será necesario ver cómo reacciona el ‘pool’ en los próximos días para valorar si las medidas han logrado el efecto moderador de precios deseado por el Ministerio de Transición Energética.

La discriminación entre el bono eléctrico y el de calefacción

Ribera ha reiterado este lunes que el paquete de medidas atiende a una situación coyuntural y que su Ministerio trabaja ya en una reforma más profunda que abordará los problemas estructurales del sistema energético para “adaptarlo a las necesidades de fondo del proceso, que son una oportunidad para la industria y los ciudadanos pero requieren una solidaridad y un marco regulatorio diferente”.

En esa revisión más intensa hay un aspecto que las empresas energéticas aguardan con esperanza: que la financiación del bono social deje de ser obligación enteramente suya. El paquete de medidas lanzado este viernes mantiene lo establecido el año pasado: las comercializadoras eléctricas asumen el coste de estas ayudas a los hogares en función de su base de clientes.

Aunque son más de 200, el grueso de la factura -un 96%-, lo asumen las cinco grandes energéticas: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo. El bono social supone alrededor de 200 millones al año, aunque se espera que con el reajuste de hogares beneficiarios de la nueva norma, se rebaje ligeramente.

El hecho de que Ribera haya lanzado un bono para la calefacción directamente financiado por las arcas del Estado ha servido para remover las brasas de un conflicto de las empresas del sector con el anterior Gobierno. Desde las eléctricas, ven que esta diferencia en la financiación es algo “discriminatorio” y no tiene sentido porque, como han defendido en los últimos años, tratándose de una medida de política social debería ir también a cargo de los Presupuestos.

Pero también son conscientes de que la batería de medidas de este decreto-ley se hace cargo de una situación coyuntural y que el hecho de que el Gobierno se haya abierto a pagar de forma directa el bono a la calefacción abre la puerta a esperar un mecanismo distinto de cara a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que se han comprometido a presentar en seis meses.

Según Ribera, que el bono eléctrico lo paguen las eléctricas y el de calefacción el Estado se debe “a una razón práctica”. “El eléctrico preexistía, financiado con cargo a las comercializadoras, son ellas las que contribuyen a la financiación, forma parte del sistema eléctrico, se regula automáticamente y el Estado no participa en su financiación. Cuando planteamos el de la calefacción, vimos si hacerlo a través del sistema gasista, pero por esta vía no llegábamos a muchas familias vulnerables que no utilizan gas en sus casas”, ha explicado la ministra en RNE.

Por el momento, a la espera de que llegue esa revisión estructural del mercado energético, las empresas del sector mantienen el beneficio de la duda para con Ribera: esperan que ataje el problema real de los precios -con la pertinente revisión de la fiscalidad-, y que siga la estela del bono térmico y dé a las empresas la oportunidad de ser parte de la solución en temas de pobreza energética, pero sin cargar en su mochila costes como el del bono eléctrico.