El principio de acuerdo para los Presupuestos Generales de 2019 que ha alcanzado el Gobierno con Unidos Podemos tiene espacio también para el sector energético. Con la transición energética hacia una economía electrificada y descarbonizada como marco general, el acuerdo establece ocho puntos que abarcan desde la revisión de los pagos por capacidad a las generadoras de energía, para acabar con los conocidos "beneficios caídos del cielo" (en referencia a la generación hidroeléctrica o nuclear), hasta el fomento del autoconsumo y la protección del consumidor, tanto a través del bono social como prohibiendo la contratación de suministros mediante la modalidad “puerta a puerta”.

Como primera medida, el Gobierno y el grupo parlamentario de Unidos Podemos formarán un grupo de trabajo para elaborar el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se debe presentar en el Congreso antes de fin de año. También se encargarán del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que se debe enviar a la Comisión Europea antes de enero.

Respecto al reciente decreto-ley aprobado por el Gobierno para afrontar el incremento de precio de la electricidad, Unidos Podemos y PSOE han acordado iniciar la negociación de enmiendas para tramitarlo como proyecto de ley.

En este sentido, apuntan en concreto al bono social eléctrico que el Gobierno acaba de modificar de forma coyuntural, subrayando que en cuatro meses se publicará una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética previo diálogo con todos los actores (CCAA, Ayuntamientos, Competencia, consumidores y grupos parlamentarios) para garantizar una perspectiva de largo plazo.

Además, se comprometen a realizar una profunda reforma del bono eléctrico para crear un bono general que incluya el gas y sea de solicitud automática. El único requisito será la renta per cápita del hogar y el descuento se ajustará a este criterio.

La financiación correrá a cargo de las empresas del sector, proporcionalmente a su facturación. La norma actual carga sobre las comercializadoras de electricidad la financiación de esta medida, una decisión que desde el sector ha sido criticada por considerar que es una medida social que debería financiarse vía Presupuestos. De las más de 200 comercializadoras, el grueso del bono social (un 95%) lo asumen las cinco grandes eléctricas: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Viesgo. 

Reforma del sector eléctrico

De cara a los Presupuestos Generales de 2019, ambos partidos se comprometen a realizar “reformas estructurales” en el sistema eléctrico centradas en tres aspectos.

El primero, analizar la retribución que reciben del mercado mayorista “las tecnologías que fueron instaladas antes de la liberalización y ya han recuperado los costes de inversión” para acabar con "los beneficios caídos del cielo" de las eléctricas.

Respecto a esta "sobrerretribución" que recibirían tecnologías como la hidráulica o la nuclear, que ya han cubierto sus costes de inversión, el acuerdo propone limitar el pago que pueden recibir algunas tecnologías en el mercado eléctrico y que el sistema se quede la diferencia respecto al precio del 'pool' y utilice ese ingreso para abaratar la factura de todos los consumidores.

En segundo lugar, se propone una revisión de los pagos por capacidad, que son los importes que reciben las plantas generadoras de forma complementaria a la retribución del mercado para incentivar las inversiones y garantizar su disponibilidad.

Estos pagos, que forman parte de los costes regulados que sufragan los ciudadanos a través de la factura, deberían ser "medidas condicionales, transitorias, sin distorsiones, de último recurso y de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad", apunta el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Unidos Podemos. 

En tercer lugar, el Gobierno y Unidos Podemos han acordado modificar la factura eléctrica para que el porcentaje que representa el término de potencia sea inferior y cambiar a un término variable incremental para que el coste por el consumo sea inferior en los primeros Kwh, para incentivar la eficiencia.

El fin de la puerta fría

El acuerdo también recoge una medida ya avanzada en el decreto-ley aprobado por el Gobierno la semana pasada: la prohibición de la contratación de servicios de gas y electricidad en el domicilio de los consumidores si estos no lo han pedido.

La venta 'a puerta fría' es una práctica comercial de las comercializadoras eléctricas que lleva tiempo bajo la lupa de Competencia por los abusos que se comenten. La CNMC ha alertado que los comerciales, un servicio que las empresas tienen en su mayoría externalizado, cometen prácticas abusivas y engañosas que acaban perjudicando a los consumidores más vulnerables. 

La prohibición de esta práctica comercial, algo que el anterior Gobierno se planteó pero reconoció que era "complejo", era una de las medidas que Unidos Podemos planteó en la proposición de ley de Cambio Climático que presentó al Congreso en verano.

Fomento de las renovables y el autoconsumo

Respecto al autoconsumo, han pactado para favorecerlo establecer por reglamento la retribución de la energía vertida a la red por este tipo de instalaciones. El pago deberá ser, como mínimo, igual al valor de mercado mayorista.

Además, se deberán establecer mecanismos simplificados de compensación por la energía exportada e importada de la red por las instalaciones de autoconsumo.

Respecto a las renovables, se aprobará un plan de impulso para la repotenciación de las plantas ya existentes con el objetivo de recuperar el atractivo para ser destino de inversión y enviar señales al mercado sobre el abaratamiento de coste de estas tecnologías para que impacte positivamente en el precio de la energía.

Para ello, también se modificarán los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas de renovables, estableciendo como criterio fundamental el coste de generación de cada tecnología y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o cooperativas.

Además, se modificará la Ley del Sector Eléctrico de 2013 para dar "estabilidad al marco retributivo" de las renovables, cogeneración y residuos con el objetivo de garantizar que las plantas que se desarrollaron antes del cambio normativo tengan un horizonte garantizado para recuperar su inversión.