Manuela Carmena, actual alcaldesa de Madrid, ha anunciado su intención de recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha paralizado la moratoria instaurada por el Ayuntamiento de Madrid en la entrega de licencias a pisos turísticos. "No nos gusta la decisión del TSJM y la vamos a recurrir" ha declarado la alcaldesa.

El TSJM paralizó la moratoria planteada por el Ayuntamiento de Carmena argumentando que ya hay una regulación amparada por la Comunidad de Madrid, por lo que el consistorio no tiene competencia en este tema. Un auto que los propietarios y gestores de pisos turísticos aplaudieron. 

"Una vez más la justicia está poniendo en claro, primero, quien tiene las competencias, y luego, hasta dónde se puede extralimitar el Ayuntamiento a la hora de regular", declaró el director general de Hostmaker para España, Jaime de la Torre, en una conversación mantenida con EL ESPAÑOL.

Precisamente este es uno de los argumentos estrella con los que se quedan en Hostmaker. La normativa de la Comunidad de Madrid, según declara de la Torre, "está bien detallada" y por lo tanto no hay necesidad alguna de que intervenga el Ayuntamiento de Carmena. 

El plan de Carmena

Según el plan de Carmena, cualquier casa que se alquile con fines vacacionales durante más de 90 días al año debe ser considerada como un establecimiento dedicado al hospedaje. Es decir, un local que efectúa una actividad comercial y que, por lo tanto, debe tener una licencia de uso terciario para poder abrir sus puertas. 

Anteriormente bastaba con que las viviendas estuvieran inscritas en un registro habilitado por la Comunidad de Madrid. El problema de este cambio era que dificultaba conseguir licencias. La concesión de los permisos, según este plan, dependía de cuatro factores: la zona de ubicación, el nivel de usos admitido, el nivel de protección del edificio y, por último, el uso implantado en él. 

Se calcula que cerca del 95% de las viviendas que están en el registro de la Comunidad no tienen licencia terciaria, por lo que tenían que solicitarla y ajustarse a la nueva normativa. En los casos de los alojamientos que ya contaban con el permiso, quedaban exentos de cumplir la nueva legislación hasta que hubiera una reforma estructural.