Fue a finales de abril cuando el Comité de IVA de la Comisión Europea autorizó a Portugal una reducción del término fijo del recibo de la luz y el gas desde el 23% actual hasta el 6%; una medida que ha vuelto a poner el foco sobre los impuestos que gravan el consumo eléctrico en España y, en particular, sobre el IVA, que en nuestro país es del 21%.

No obstante, la medida del país luso, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, tendrá un impacto simbólico en el bolsillo del consumidor; tanto es así que, según calculan organizaciones de consumidores portuguesas, supondrá un ahorro medio de 10 euros al año en la factura.

Además, la medida se aplicará solo en la parte fija de la factura, que supone cerca del 20% del valor final, y está limitada a suministros de electricidad con una potencia contratada de hasta 3,45 kilovatios y a consumos de gas natural que no superen los 10.000 metros cúbicos anuales. Por eso, las organizaciones de consumidores consideran la medida "insuficiente".

Si nos centramos en el caso español, el IVA que grava el consumo eléctrico residencial se sitúa en el quinto lugar de la clasificación europea, por detrás de Dinamarca, Noruega, Suecia (las tres con un 25%) y Finlandia, con un 24%. Hasta el próximo julio, también Portugal estará por encima.

Con las elecciones ya celebradas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recoge el ejemplo de Portugal y pide al nuevo Gobierno que tras su constitución apruebe "de forma inmediata" una rebaja "amplia y sin limitaciones" del IVA de la factura de la luz, en la línea de lo aprobado recientemente por el Gobierno luso. No obstante, remarca la organización que la rebaja final en Portugal tiene "escaso impacto final".

Así, la OCU insiste en que es necesario revisar la fiscalidad que soporta la factura eléctrica. Por una parte, pide que se aplique un IVA reducido a la electricidad ya que se trata de un servicio de primera necesidad y el tipo impositivo del 21% debería revisarse a la baja. "No es razonable a juicio de la organización que un servicio esencial que, necesita un mecanismo adicional de protección como el Bono Social y Térmico, tenga un elevado impuesto", explica.

Según sus cálculos, los hogares españoles (un hogar tipo con 4,6 kW y 3500 kWh de consumo) pagan de media 815 euros al año, de los cuales 141 euros corresponden al IVA. Reducir el IVA al tipo 10%, apuntan, supondría un ahorro en la factura de 67 euros al año (5,6 euros al mes).

Un "obstáculo" para la electrificación

No obstante, este no es el único impuesto que afecta a la factura de la luz. Cada recibo que paga el consumidor español está compuesto, casi en un 50%, por diferentes cargos e impuestos. Entre ellos, el impuesto a la generación eléctrica, del 7%, que este abril ha vuelto a ponerse en marcha después de una suspensión temporal (de seis meses) por parte del Ejecutivo, como parte de un paquete de medidas urgentes para bajar el recibo.

A una teórica baja del IVA, dice la OCU, debería de añadirse la eliminación del Impuesto de la Electricidad, que supone en factura otro 5,11%, y que "pese a crearse para financiar las ayudas al carbón, desde hace años es un impuesto destinado a financiar las Comunidades Autónomas", denuncia.

Pero no solo las asociaciones de consumidores claman contra el diseño de la factura, sino que también lo ponen en cuestión las empresas. Endesa, por ejemplo, cree que es un obstáculo para la electrificación de la economía y culpa a sobrecostes ajenos al suministro eléctrico. 

El CEO de la eléctrica, José Bogas, reseñó durante la junta de accionistas de la compañía, celebrada a mediados de abril, que el diseño de la tarifa eléctrica no favorece el consumo en las horas del día en que la energía "es mucho más barata" y las redes eléctricas "se encuentran ociosas".

Así, abogó por una tarifa eléctrica "más barata e inteligente", que liberara el control de potencia en los momentos de baja demanda. Esto, a su juicio, permitiría que la electricidad "compitiera" con otros vectores energéticos que son emisores de CO2, "como el gas y el petróleo". 

Por su parte, desde Naturgy cuestionan la falta de uniformidad de los tributos, en función de los territorios en los que se ejerce la actividad, y abogan por la necesidad de "simplificar y homogeneizar" la fiscalidad energética sin incrementar su carga impositiva.

Durante la presentación, la semana pasada, del libro La fiscalidad energética. Sentido objetivos y criterios, el presidente de la Fundación Naturgy, Rafael Villaseca explicaba que "de la compilación y la evaluación realizada en el estudio, se deduce el carácter básicamente recaudatorio de estos gravámenes en la actualidad en nuestro país”. Para Villaseca, “la fiscalidad energética actual no se destina siempre de forma prioritaria a resolver los problemas energéticos y ambientales que dieron lugar al impuesto”. 

En este sentido, el estudio afirma que “un tributo medioambiental debe gravar los efectos nocivos para el medio ambiente provocados por aquellas actividades que los originen”, bajo el principio general de la tributación medioambiental de que “el que contamina, paga, pero todo aquel que contamina, no sólo algunos”.

Toda una serie de reclamaciones al Ejecutivo en lo que a impuestos energéticos se refiere; en vistas al bolsillo del consumidor, por un lado, y en la transición energética, por otro. Algo que, sin duda, pone de nuevo el debate de la factura de la luz sobre la mesa. Si veremos cambios en esta legislatura, es una incógnita.