Banco Santander ha dado por concluido el periodo previo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la entidad acometerá cuando finalice la integración tecnológica de Banco Popular y ha fijado el 23 de mayo como fecha de inicio del periodo formal, que podrá extenderse hasta un máximo de 30 días según el Estatuto de los Trabajadores.

Así lo han confirmado fuentes sindicales consultadas por Europa Press tras la tercera reunión preliminar de la mesa en la que se negocia un ERE que, según la propuesta inicial de la dirección, afectará a 3.173 empleados y a 1.150 oficinas.

Durante la reunión celebrada este jueves, el banco ha presentado a la representación de los trabajadores parte de los argumentos que justifican las causas técnicas y organizativas que hay detrás de su intención de reducir un 11% su plantilla y un 26% sus oficinas en España.

En concreto, el Santander ha insistido en la necesidad de una reestructuración de la red comercial y de las estructuras organizativas de dirección, soporte y apoyo para racionalizar solapamientos, redundancias y duplicidades.

Asimismo, la entidad ha resaltado que la necesidad de reorganización también responde a la transformación digital y la necesidad de adaptación a un nuevo entorno en el que se las operaciones se han canalizado hacia los nuevos servicios digitales.

En la reunión anterior, que se celebró el martes 14 de mayo, el banco comunicó que la reducción afectará principalmente a la red comercial (2.847 trabajadores) y a sus estructuras intermedias de apoyo (588 empleos), pero también a los servicios centrales (278).

Respecto a las oficinas, la red comercial de Santander tiene 4.410 sucursales actualmente, de las que 1.566 proceden de Popular. La dirección pretende suprimir un total de 1.150, de las que 929 son de la red universal, 200 de la red universal que pasan a la red de agentes y 21 oficinas de banca privada procedentes de Popular, a excepción de la ubicada en Madrid, que se mantendrá abierta "por criterios comerciales e institucionales".

De este modo, las oficinas de empresa de Santander no estarán afectadas por el cierre de sucursales, aunque su plantilla sí entra dentro del cómputo de afectados, debido a las duplicidades por el personal especializado de Popular.

En cualquier caso, el proceso no se iniciará antes de que finalice la integración tecnológica entre Santander y Popular, prevista para el próximo mes de julio.

Debido a que el Estatuto de los Trabajadores establece un periodo formal de consultas de un máximo de 30 días de duración, la dirección y los sindicatos tendrán que alcanzar un acuerdo antes de que finalice el mes de junio. En caso contrario, Santander comunicará a la representación laboral su decisión final de despido colectivo y las condiciones del mismo.

Prioridad sindical: rebajar las cifras

CC.OO. ha reiterado que reducir el perímetro de personas afectadas será su prioridad dentro de la negociación, ya que la cifra planteada por el banco es superior a la prevista por los analistas.

Por ello, propondrá una reducción significativa de la destrucción de puestos de trabajo mediante fórmulas de recolocación en las empresas del grupo o rebajando la cifra inicial.

Además, CC.OO. exigirá que el Santander renuncie a cualquier tipo de medidas de naturaleza traumática, primando la voluntariedad en las adscripciones con una dotación suficiente de recursos para ello. "La voluntariedad se garantiza con la adecuada dotación de recursos", ha asegurado.

En cuanto a las oficinas afectadas, el sindicato reconoce que el cierre de sucursales es "un argumento razonable y en gran parte asumido", pero ha llamado la atención de la supresión de 200 oficinas en lo que corresponde a "la España vaciada", que contribuye a incrementar el riesgo de exclusión financiera de una parte del mercado al que la digitalización no sirve como alternativa a la desaparición de entidades financieras, ha advertido el sindicato.