El mercado inmobiliario vuelve a estar en el ojo del huracán. Los precios de la vivienda suben con fuerza en las grandes ciudades, y los de los alquileres están por las nubes. Cómo estará la cosa que hasta el Banco de España ha advertido de que el acceso a la vivienda de los jóvenes se está complicando por la precariedad laboral y porque las rentas empiezan a superar máximos previos a la crisis. 

Con esta situación de mercado no es de extrañar que sean cada vez más las personas que se interesan por recibir algún tipo de ayuda pública procedente del Plan Estatal de la Vivienda. Un programa elaborado por el Ministerio de Fomento que se reparte a través de las Comunidades Autónomas y cuyos criterios están obsoletos. Al menos, así lo denuncia la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). 

Asegura la Airef que estas ayudas públicas se reparten con criterios “desconocidos que se fijaron en el año 1992”. En concreto, la Conferencia Sectorial de Vivienda establece unos baremos para cada Comunidad que han permanecido invariables desde entonces. Esto implica que, por ejemplo, no se tiene en cuenta la relación que hay entre el porcentaje de distribución de las ayudas establecidas por la conferencia y el peso de la población entre comunidades autónomas. Tampoco la evolución del número hogares a lo largo y ancho de toda la geografía. 

El caso de Asturias

Para verlo más claro basta con fijarse en el caso de Asturias. La conferencia sectorial asegura que le corresponden el 3,3% de las asignaciones. Sin embargo, en 2017 suponía el 2,6% de los hogares sobre el total de España, mientras que el porcentaje sobre la población era del 2,5%. Justo lo contrario le ocurre a Baleares: se le asigna el 2,4%, mientras que la población supone el 3% y el porcentaje de hogares alcanza el 2,4%.

Pero para la Airef el problema no está sólo en los criterios escogidos. También en que la mayor parte de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda se negocia entre Fomento y las Comunidades (que tienen las competencias en esta materia), dejando fuera a la Conferencia Sectorial de Vivienda. En concreto, señala que “no se somete a discusión conjunta” la elaboración del plan estatal, además tampoco intervienen las entidades locales”. 

¿Y dónde va el dinero? Según los datos recogidos por la AIREF las principales subvenciones se concedieron para alquiler, adquisición, construcción y rehabilitación. El importe total ejecutado fue de 270 millones de euros que fueron entregados a algo más de 62.300 beneficiarios únicos. Todo este cálculo se efectúa con datos de 2017, que son los últimos que tiene disponibles la Airef en este momento. 

Así se distribuyen las ayudas

El mapa elaborado por la Airef destaca que el 30% de las ayudas a vivienda lo reciben personas físicas, el 29% las comunidades de propietarios, mientras que el 17% corresponde a sociedades anónimas o comunidades de bienes. El resto se reparte entre otros actores con porcentajes inferiores. 

Unos datos que el organismo que lidera José Luis Escrivá ha puesto encima de la mesa en el marco del Spending Review, en el que analiza en detalle cómo se distribuyen las subvenciones en España. En ese documento asegura que ha detectado “deficiencias en los procedimientos de control, reintegro y régimen sancionador” del dinero que se entrega por parte del erario público. 

En concreto, y según sus datos, hay cerca de 14.000 millones de euros concedidos en subvenciones que están sujetos a controles de legalidad, pero que no rinden cuentas de en qué se gastan ni son sometidos a procedimientos sancionadores por mal uso. 

Eso sí, desde la Airef aseguran que no se trata de decir que haya “un descontrol”, pero sí que hay falta de estrategia y trazabilidad, de modo que no se puede saber si existen duplicidades o solapamientos.