Las empresas tecnológicas que operan en España ya tienen totalmente asumido que deberán pagar el nuevo impuesto a los servicios digitales que el Gobierno de Pedro Sánchez ya incluyó en los presupuestos enviados a Bruselas en mayo y que debería entrar en vigor en enero de 2020. 

Según ha podido confirmar este periódico, esto se traduce en que gran parte de las empresas que podrían verse afectadas por este impuesto -tecnológicas, telecos y fabricantes-  ya se encuentren trabajando con sus equipos jurídicos y legales para evaluar el impacto que podría tener en sus cuentas la nueva tasa.

Una tarea nada fácil, porque insisten algunas de estas compañías, la información es poca y no hay una lista oficial de potenciales afectados. En los presupuestos enviados a Bruselas se indica que entre 2020 y 2022 se quiere recaudar 3.600 millones de euros por esta tasa digital (1.200 al año), aunque la primera aproximación oficial solo se conocerá al hacer la primera liquidación trimestral, al finalizar marzo del próximo año. De éstos, 100 millones anuales corresponderían a las telecos.

De manera oficial, solo se conoce que el impuesto gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros. Se aplicará a servicios de publicidad en línea, de intermediación online y a la venta de datos a partir de información proporcionados por el usuario.

Trámite parlamentario

Es así como un buen número de compañías con las que ha podido hablar este diario están haciendo los esfuerzos para acotar lo máximo posible el coste que podría tener la medida en sus cuentas de 2020. Para ello, piden también alguna aclaración adicional antes de que se envíe el proyecto al Congreso, aunque reconocen a este diario que Moncloa no ha vuelto a reunirse con ellos desde que convocase las elecciones en febrero  

Entre estas empresas digitales existía la esperanza de que el Congreso tumbase la medida, rechazada por el Partido Popular y Ciudadanos, pero tras la nueva composición de las Cortes arrojada por el 28-A, han asumido que el PSOE, junto con Podemos, tiene la mayoría suficiente para sacar adelante la nueva normativa.

El último varapalo lo dio el propio Ministerio de Economía que descartó esta semana que España se sumase a la OCDE para preparar una tasa digital unificada de los países desarrolladas. De hecho, como ha podido saber EL ESPAÑOL, este impuesto es una de sus prioridades legislativas nada más constituirse el nuevo Gobierno.

"Afán recaudatorio" del impuesto

Tras las últimas conversaciones de los grupos políticos, es imposible prever los tiempos parlamentarios y lo que pueda tardar la formación del nuevo Ejecutivo, pero la idea que ha transmitido Moncloa es que este proyecto -y el de servicios financieros- pueda ser uno de los primeros que envíen a las Cortes, según cálculos preliminares dentro del tercer trimestre del año. Se enviará además por tramitación urgente, para que se apruebe cuanto antes y pueda estar operativo desde el 1 de enero del próximo año.

La tasa que quiere gravar los servicios digitales es uno de los pilares del Ejecutivo para financiar el gasto social de los próximos tres años. De hecho, en el plan enviado recientemente a Bruselas se cifra la subida de impuestos totales en 26.000 millones de euros en cuatro años, de los que el 14% deberá ser recaudado gracias a esta tasa digital. 

Las tecnológicas siguen insistiendo que esta cifra será imposible de recaudar incluso en el mejor de los casos, y también el propio Gobierno ha indicado que es complicada de estimar con certeza. Pese a ello, tanto las compañías como el Ejecutivo ya hacen cuentas en un impuesto que no estará exento de polémicas y al que todo el sector se opone por su “afán recaudatorio”.