La familia Martínez Sampedro, fundadora del grupo Codere, no se da por vencida en su lucha por el control del grupo frente a los fondos de inversión. Representada por los hermanos José Antonio y Luis Javier, han solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que investigue si Silver Point (que tiene el 23,19%) debe lanzar o no una OPA por la compañía. 

Los fundadores consideran que Silver Point controla de facto, con el apoyo del resto de fondos de inversión, el grupo Codere. Algo que habría conseguido gracias a una concertación de accionistas y sin haber lanzado una oferta de compra por el grupo desde que en enero de 2018 lograron expulsarlos de las funciones ejecutivas en la compañía. 

Su objetivo ahora es lograr que la CNMV les obligue a comprar el grupo, por lo que han puesto una denuncia ante el regulador para que estudien si procede o no poner en marcha ese proceso de compra. Consideran que existe una "infracción muy grave" ya que no se cumplió con la ley de opas tras haberse producido un cambio de control. 

La denuncia va dirigida contra los fondos que controlan el grupo: Silver Point, pero también contra M&G (13,6%); Contrarian (9,85%) y Abrams (9,72%). Según la denuncia, con la acción concertada que mantienen suman más del 30% necesario para tener que lanzar una propuesta de compra al resto de los accionistas. 

Esta denuncia ante la CNMV viene acompañada de un proceso de 'discovery' en Estados Unidos. Se trata de un procedimiento legal por el que un juzgado obliga a los demandados a entregar a los demandantes toda la información que soliciten para esclarecer un litigio. Un procedimiento inusual en España, pero que tiene plena validez dado que existe un acuerdo de cooperación entre los tribunales de ambos países. 

La familia Martínez Sampedro ya ha logrado parte de la información solicitada, aunque todavía confían en recibir nuevos documentos en las próximas semanas. Todo esto podría ser entregado a la CNMV si fuera necesario, según explican las fuentes consultadas. 

Todo este proceso llega la misma semana en la que se celebra la junta general de accionistas de Codere. En ella, la familia Martínez Sampedro ha solicitado el cese del presidente, Norman Sorensen (por no actuar como consejero independiente) y también la anulación del informe de gestión, ya que -consideran- no recoge la situación real de la sociedad. Según denuncian, las acciones han caído en año y medio cerca del 60% y la cotización de los bonos se ha devaluado un 25%.