El próximo Gobierno tendrá que abordar de manera urgente un cambio en la ley que regula los concursos de acreedores desde el año 2015. En cuanto el presidente del futuro Ejecutivo designe las carteras de Economía y Justicia, los nuevos ministros tendrán que nombrar ponentes para poner en marcha una comisión que aborde un cambio legislativo, exigido por Bruselas, para proteger mejor a las empresas con problemas. 

El objetivo de la nueva normativa será reducir el número de empresas que tienen que ser liquidadas tras un proceso de concurso de acreedores, reducir la carga de trabajo de los juzgados mercantiles y ayudar al empresario para que pueda volver a emprender en España con un marco que garantice la llamada "segunda oportunidad".

Para poner en marcha estos cambios, el Congreso contará con un plazo de dos años, esto es, hasta julio de 2021. De no llegar a tiempo, España podría afrontar una multa similar a la que se ha tenido que condonar con la Ley Hipotecaria, que entró en vigor el pasado junio con años de retraso. Este nuevo marco para las insolvencias será común en toda la UE.

La actual ley concursal, que entró en vigor en el año 2004, se ha demostrado incapaz de evitar que, según las estadísticas, el 90% de las empresas que solicita concurso de acreedores acabe en una liquidación. 

Las empresas concursadas acaban muriendo, entre otros motivos, porque suelen pedir auxilio muy tarde. Para anticipar esa situación y poder poner remedio a tiempo, el Diario Oficial de la UE publicó la pasada semana una Directiva de Insolvencia que exige legislar mecanismos de reestructuración preventiva.

"La Directiva pone el acento en buscar instrumentos que ayuden a dar soluciones a las empresas mediante una negociación. Los juzgados no están para negociar, sino para solucionar conflictos", explica a EL ESPAÑOL el abogado y economista especializado en reestructuraciones de empresas, Francisco Prada Gayoso.

Entre los mecanismos de anticipación que están sobre la mesa hay algunos muy sencillos. Por ejemplo, exigir a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social que envíen una carta a los empresarios cuando se produzca un retraso en el pago de impuestos -síntoma de que la empresa puede tener problemas-.

El objetivo de esa comunicación, explica el fundador de Prada Gayoso, sería informarle de las medidas que puede adoptar para poner en marcha un plan de salvamento empresarial o incluso facilitarle un directorio de despachos y organismos a los que puede acudir para asesorarse. Del mismo modo, esa misiva podría ser enviada por los bancos que detecten un retraso en el pago de un vencimiento.

El ejemplo de Dia

"Los clubes de fútbol presentan muchos concursos de acreedores y a diferencia de lo que ocurre con las empresas siempre evitan la liquidación. Esto se debe, además de al respaldo social, a que si un equipo acumula deudas a 30 de junio baja de categoría y eso les obliga a presentar el concurso muy pronto, lo que favorece el encontrar una solución", señala Prada Gayoso.

Esa solución es, por ejemplo, el pacto que ha cerrado Dia con la banca y su principal accionista para evitar una quiebra que hubiera sido dramática para decenas de miles de empleados y una cadena de supermercados muy conocida en España. Dia cerró ese acuerdo a finales de junio sin tener que pasar por el juzgado, pese a la situación de insolvencia que amenazaba su futuro.

Segunda oportunidad

Otro de los elementos clave de la nueva normativa es el favorecer la segunda oportunidad del empresario. Se trataría de que en un plazo razonable, de entre dos y máximo cuatro años, el emprendedor pueda volver a montar un negocio. 

En la actualidad, un empresario que ha presentado concurso de acreedores y ha tenido que liquidar su empresa con deudas, se ve obligado a emigrar fuera de España incluso si quiere trabajar por cuenta ajena, dado que la Seguridad Social le embarga el grueso de su salario hasta que salda su deuda tributaria.

Para legislar en este sentido, "sería vital diferenciar entre el delincuente y el empresario que legítimamente se ha equivocado en la gestión de su empresa", según Francisco Prada Gayoso.

Dotación económica

No obstante, para que un cambio legal tenga éxito "será vital que esté acompañado de una dotación importante de recursos", añade el economista Guillermo Prada Luengo, también experto en estos procesos.

El cambio en la ley concursal es una de las reformas que organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) llevan años reclamando a España, junto con otras reformas -con más presencia en la prensa-, como la de flexibilizar más el marco laboral.

Según las estadísticas, España es uno de los países de la Unión Europea que menos concursos de acreedores presenta. Unos 4.000 frente a los 6.000 de Portugal o los 30.000 de Alemania o 60.000 de Francia. Los expertos de Prada Gayoso consideran que esto se debe a la mentalidad del empresario español, que tiene miedo a reconocer un fracaso empresarial y opta primero por otros mecanismos, como el pedir avales a familiares.

Ese temor social contrasta la cultura anglosajona, donde la segunda oportunidad está a la orden del día e incluso está bien valorada por los acreedores porque significa que el emprendedor cuenta con experiencia y una mayor prudencia.