La activación del título III de la Ley Helms-Burton por parte del gobierno de Donald Trump está provocando una oleada de demandas de ciudadanos norteamericanos contra empresas, principalmente hoteleras, cuyos establecimientos ocupan un terreno que se les expropió en la Revolución Castrista. Una de las primeras empresas sobre la que se supo que una familia estadounidense tenía intención de demandarla fue Meliá y ahora ha llegado el turno de otras dos españolas: Barceló e Iberostar. 

En la hotelera que presiden Simón Barceló Tous y Simón Pedro Barceló Vadell todavía no han recibido notificación alguna de esta demanda. Actualmente, se encuentran “en un impás” que no les permite manifestarse “de momento”, cuentan desde la empresa. Sin embargo, este asunto no les asusta porque, según han informado a EL ESPAÑOL, tienen las espaldas cubiertas. 

Cuando Barceló inició los procesos para operar en Cuba pidió “dictámenes a despachos de abogados norteamericanos para tener mayor seguridad de que no existía ninguna propiedad afectada por una expropiación a ciudadanos estadounidenses ni a ciudadanos cubanos con nacionalidad estadounidense”, explica el director de comunicación de la hotelera, Álvaro Pacheco. 

Barceló tiene tres hoteles en la zona de Varadero y, según la poca información que tiene la empresa, la demanda se ha emitido sobre parte de un hotel que ocupaba un terreno expropiado. 

Sin información

En Barceló no pueden dar una mínima valoración del asunto porque no saben “por dónde vienen los tiros”. Aun así, consideran que el asunto se está “tirando por el vacío”. 

Esta afirmación viene dada porque, según la poca información que tienen desde la hotelera y la cual procede de la prensa local cubana, hace unos días Pacheco leyó que también querían demandar a Royal Caribbean por utilizar el puerto de Habana. 

En Barceló no saben qué pasará en el futuro. Siguen a la espera de que les llegue la notificación de la fiscalía de Miami y poder tener más información al respecto. Pero aun así, no están alarmados con el tema porque desde un primer momento la empresa ha sido cauta y se ha cubierto las espaldas.   

Meliá e Iberostar, demandadas

Las otras dos hoteleras españolas sobre las que se informó que se iba a presentar una demanda por tener hoteles en estos terrenos son Meliá e Iberostar. 

Sobre la hotelera que preside Gabriel Escarrer, una familia de origen cubano les notificó a finales de mayo su intención de demandarles ante tribunales de Estados Unidos por operar un hotel en Cienfuegos que le fue expropiado hace 60 años

En ese momento, Meliá se reafirmó en sus declaraciones emitidas en abril sobre que la activación del título III de esta ley no supone “ninguna alteración sustancial” de su actividad y que “opera legítimamente en Cuba, habiendo realizado una gestión impecable, profesional y responsable desde hace 30 años” en la isla. 

Cuba es para Meliá un destino clave. A día de hoy cuenta con 34 hoteles en la isla y posee más del 30% de la cuota de mercado. Estos, tuvieron un peso en las cuentas del negocio hotelero del grupo del 4,8% en 2018. Es por ello que seguirá adelante con su plan de expansión en Cuba, tal y como afirmó a EL ESPAÑOL a principios de mayo de este año, que contempla la apertura de cinco hoteles hasta 2020 que suman un total de 1.889 habitaciones.  

Sin embargo, en Iberostar no dan pistas de su actuación. Este diario intentó hablar con la hotelera en varias ocasiones y no ha contestado ninguna de las llamadas ni de los correos enviados. 

La Ley Helms-Burton

El título III de la Ley Helms Burton permite a los ciudadanos estadounidenses con propiedades en Cuba que fueron expropiadas durante la Revolución Castrista demandar a cualquier empresa extranjera que se beneficie de ellas. 

Esta ley data de 1996 y estuvo suspendida hasta el pasado 2 de mayo, cuando el Gobierno de Donald Trump decidió activarla. 

Las hoteleras españolas siguen a la espera dos meses después de que el Gobierno de Donald Trump haya activado el título III de esta ley. De momento, no pueden hacer nada, solo esperar, pero trabajan en la búsqueda de una solución con las autoridades políticas por lo que pueda pasar.