La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha logrado algo inaudito: poner de acuerdo a todo el sector de la electricidad y el gas, incluyendo empresas, sindicatos y el propio Gobierno. El problema es que lo ha hecho en su contra ya que ninguno de los afectados se ha mostrado conforme con la nueva metodología para calcular la tasa de retribución que recibirán las redes de distribución y transporte eléctricas.

Así queda de manifiesto en las alegaciones presentadas a la propuesta del regulador de recorte en los pagos a eléctricas y gasistas, cuyo plazo para recibir comentarios expiró el pasado viernes. Tanto la patronal de las eléctricas y las gasistas como los sindicatos y el propio Gobierno se han mostrado contrarios, en mayor o menor medida, con la normativa y los nuevos cálculos propuestos por la CNMC. Una avalancha de peticiones que obligan al organismo presidido por José María Marín Quemada a mover ficha y a buscar puntos de acuerdo con todo el sector.

En términos generales, la patronales Aelec (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP)  y Sedigas ponen en duda la rentabilidad del mercado si se aplican los recortes en la retribución propuesta por el regulador y advierten de que se ponen en riesgo las inversiones. Por su parte, los Sindicato Independiente de la Energía (SIE) advierte en estas alegaciones que pueden generar un fuerte impacto tecnológico y medioambiental negativo, además de que pone en riesgo el empleo del sector.

Pero no han sido los únicos. El propio gobierno de Pedro Sánchez ha presentado alegaciones al proyecto indicando que "no ha tenido en cuenta la orientación de la política energética relativa a la introducción en la metodología de retribución de un principio de prudencia financiera para los titulares de los activos de transporte y regasificación". Es decir, ve riesgo en las inversiones y en la rentabilidad del sector.

Consciente de las discrepancias con el sector, el Ministerio para la Transición Ecológica convocará la Comisión de Cooperación para resolver sus discrepancias con la CNMC respecto a la propuesta de recorte del regulador para el sector gasista.

Fuerte impacto en Bolsa

En sus circulares, la CNMC ha planteado para los siguientes periodos regulatorios una rebaja del 17,8% en la remuneración de la distribución del gas y del 7% en la de la electricidad, así como un recorte del 21,8% para la actividad de transporte de gas y regasificación y del 8,2% para la del transporte eléctrico.

En total, se propone recortar unos 6.000 millones a eléctricas y gasistas, lo que se suma al fuerte correctivo que han sufrido las empresas del sector en la Bolsa de Madrid desde que se anunciaran estos ajustes en la retribución.

De esta manera, desde que la CNMC anunciara el borrador, las gasistas apelan al papel que puede jugar el gas en la transición energética, funcionando como tecnología de respaldo ante la intermitencia de las renovables. Un argumento que se basa en el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del ministerio que preside en funciones Teresa Ribera.

Por su parte, desde el sector eléctrico, aunque asumen que las cifras de recorte son en parte razonables, dirigen sus peticiones a que la tasa de rentabilidad sea "suficiente" para movilizar las inversiones necesarias en redes para cumplir con los objetivos del PNIEC, algo que, apuntan, no se contempla en la propuesta de la CNMC.

En su documento de alegaciones, Aelec considera que la tasa de retribución del 5,58% (hasta ahora en el 6,5%) "es insuficiente y no da las señales adecuadas para la descarbonización de la economía". De esta manera, pide su revisión al alza para que sea posible atraer "las elevadas inversiones" de red necesarias para el desarrollo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno e incentivar "realmente" la descarbonización mediante la electrificación de la economía.

Además, advierte de que existe "un importante" cambio en los incentivos propuestos, ya que se elimina el actual estímulo de reducción del fraude y se reformulan los de pérdidas y calidad de suministro, resultando "complejos" y generando "incertidumbre".

"Un diagnóstico impreciso"

Por su parte, la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha presentado sus alegaciones  considerando que el regulador ha hecho "un diagnóstico impreciso" del impacto real que tendrán las circulares en las empresas, por lo que considera necesaria su reformulación. Piden un marco regulatorio "predecible y estable" que incentive las inversiones y la competitividad del sector gasista, y acusa a la CNMC de "falta de transparencia, tiempo y participación" en el proceso de elaboración de las circulares.

Sedigas considera que las pérdidas que han experimentado en Bolsa las empresas del sector durante las últimas semanas "dejan traslucir el carácter inesperado y radical que propone el borrador de la circular".

Una lectura similar se hace en los sindicatos de la electricidad. En el documento que han enviado a la CNMC indican que el proyecto del regulador supone un grave riesgo y una importante amenaza para el empleo de los trabajadores, la creación de un entorno empresarial y un empleo cualificado que lidere el avance tecnológico, la situación financiera de las empresas -y no solo las grandes eléctricas y gasistas, sino que también las auxiliares- y el objetivo de la CNMC de lograr ahorros potenciales a los consumidores.

Los trabajadores agrupados en el Sindicato Independiente de la Energía (SIE) indican que el objetivo de la CNMC de ahorros potenciales a los consumidores en el conjunto de España, es “superado con creces por las externalidades negativas que potencialmente puede provocar la retribución propuesta (costes sociales, desequilibrios territoriales y estructurales en la economía). La misma CNMC reconoce que no se puede asegurar que un ahorro en el importe de los peajes se traslade a los propios consumidores”. concluyen.

Una vez finalizado el trámite de información pública, la CNMC analizará las alegaciones de los agentes y aprobará las circulares normativas definitivas antes del 1 de enero de 2020. Queda por tanto, un largo camino en el que el regulador analizará las propuestas y el sector intentará concienciar de que muchos de estos cambios pueden perjudicar a la industria.