En el año 2008, cuando la crisis daba sus primeros pasos en España, un grupo de ejecutivos españoles, de la mano del conocido banco japonés Nomura, lanzaron en Madrid Thesan Capital, un vehículo de inversión especializado en reestructurar empresas en crisis ligado a una consultora.

Tres años después, con una cartera de clientes financieros ya a sus espaldas -entre los que figuraban bancos-, Thesan comenzó a cerrar acuerdos con el Banco Popular para hacerse cargo de empresas en apuros a las que la entidad había financiado. 

Entre 2011 y 2014 fueron cinco los casos en los que el banco presidido por Ángel Ron aceptó las propuestas financieras de Thesan para vender sociedades en dificultades vinculadas a la entidad. En algunos casos, las empresas salieron a flote y se recuperó parte de la inversión por parte del banco o de su posterior comprador, según defienden fuentes próximas a la ejecutiva de aquellos años.

Detrás de esas operaciones, existían empresas en las que el banco tenía un porcentaje significativo de capital sin contar con presencia en su gestión; o grupos con empleados con riesgo de ser despedidos ante una potencial quiebra; o pymes susceptibles de entrar en concurso de acreedores.

Situaciones, todas ellas, que suelen estar acompañadas de noticias muy negativas para la reputación del banco acreedor por el drama que supone el cierre de la actividad productiva de pymes en España y los despidos de sus trabajadores.

Al traspasar a Thesan esas sociedades con créditos dudosos, la entidad buscaría evitar los daños reputacionales que podría sufrir en caso de tener que iniciar ejecuciones. Además, se pretendía que a través de los fondos de ese vehículo inversor el banco pudiera recuperar más adelante parte del capital perdido en las financiaciones a esas compañías en riesgo de quiebra, todo ello según fuentes próximas a la antigua ejecutiva.

Con este argumento tratan de desmontar en la Audiencia Nacional la tesis de los bonistas de que los contratos con Thesan forman parte de una "estructura" para ocultar pérdidas.

Esas operaciones están presentes en la causa que se investiga en la Audiencia Nacional por la resolución del banco, después de que la Fiscalía aportara al juez información sobre Thesan y sus contratos con el Banco Popular, tras una inspección de Hacienda a la sociedad de inversión en la que Popular se ve salpicado.

Algunos socios de Thesan aparecieron entre los clientes del bufete de abogados Nummaria, cuyo nombre figura en los Papeles de Panamá, y están investigados por un posible delito fiscal. En ese contexto, el informe aportado a la causa por la Agencia Tributaria señala al banco y a algunas de sus empresas vinculadas a Thesan como sospechosas de haber tratado de eludir impuestos.

Un cóctel explosivo

La complejidad de los vehículos de Thesan (llamados SPV y radicados en Luxemburgo) y las sospechas de fraude fiscal se han convertido en un cóctel explosivo para los exdirectivos de la época de Ron en la causa del Popular, en la que el juez investiga a la cúpula del banco por la ampliación de capital del año 2016 (liderada por Ángel Ron) y por la supuesta manipulación de la acción (en la etapa de Emilio Saracho).

Sin embargo, pese a que en las declaraciones de los exdirectivos del banco en la Audiencia Nacional, Thesan ha sido objeto de interés -en especial, del fiscal-, fuentes próximas a esos antiguos ejecutivos del banco y conocedoras de los contratos de Thesan consideran que es más el ruido mediático que se hace con ello que las repercusiones que esa vinculación de Popular con el fondo pueda tener en la causa.

Tanto es así que el informe de los peritos del Banco de España no incluyó este asunto que era conocido por los supervisores que debatieron su clasificación en el llamado Joint Supervisory Team, según esas fuentes.

En el foco de Pimco

No opinan así los fondos internacionales liderados por Pimco, que han puesto el foco en este vehículo y en las discrepancias que el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de España, el auditor y los propios exdirectivos del banco tuvieron con la fórmula sobre cómo se debía incluir en el balance esas compañías, como el caso de GAC40 (Gestión de Activos Castellana 40).

Esta empresa no fue consolidada hasta que el BCE lo exigió. Sin embargo, exdirectivos  del banco consideran que el impacto en la imagen fiel de la entidad de "esa diferencia de criterio" era nulo, pues el activo estaba catalogado como crédito dudoso.

Además, afirman que al sacar del balance del banco esas sociedades con potenciales problemas y traspasarlas a un vehículo inversor se protegían los intereses de los accionistas de Popular.

Una argumentación que no comparten los fondos, que quieren convertir Thesan en parte mollar de la causa. Algo que fuentes jurídicas descartan que pueda acabar siendo así. El motivo es que, pese a lo feo que resulta el asunto luxemburgués, el impacto de esas operaciones cuestionadas por algunas de las acusaciones en la cuenta de resultados del banco sería pequeño si se tiene en cuenta que contaba con unos activos de 160.000 millones de euros.

Fuentes próximas a los bonistas refutan las explicaciones de los exdirectivos hasta aquí narradas al señalar que al sacar esas sociedades del perímetro de consolidación no se reconocen las pérdidas por deterioro. Algo que afectaría a los fondos propios de la entidad y por tanto, dañaría los intereses de los accionistas. Insisten en que hubo un "entramado societario" delictivo.

Añaden, además, en que "a través de esta estructura, Banco Popular evitó tener que registrar pérdidas al clasificar como fallidos los préstamos concedidos a las empresas que no podían pagar los préstamos", esto es, las antes citadas compañías en apuros.

SPV en Luxemburgo

Thesan contaba con fondos llamados SPV (Special Porpouse Vehicle) en Luxemburgo, un país al que algunos medios han señalado como "paraíso fiscal" pese a ser el Estado en el que está radicado el Parlamento Europeo y los fondos de inversión que gestionan las pensiones de sus parlamentarios.

Ese tipo de vehículos son poco publicitados por el sector financiero, pero sí son utilizados por los bancos. Un ejemplo fue el uso de un SPV que hizo el Banco Santander (curiosamente propietario ahora del resuelto Popular) para recuperar fondos que había perdido por la estafa Madoff.

Según publicó El País en 2011, la entidad que presidía entonces Emilio Botín recuperó 248 millones de euros gracias a un subfondo llamado Optilma Strategic.

Fuentes financieras subrayan, además, que los SPV son vehículos comercializados por entidades financieras a sus clientes de banca privada por ser instrumentos de inversión legítimos.

En el caso de Popular, uno de los ejemplos aportados por las defensas de cómo Thesan se empleó para recuperar inversiones fue el de la empresa Matrinor y su accionista SMA.

Este grupo industrial, que se dedicaba a fabricar piezas para Airbus, estuvo durante años bajo la gestión de SMA. Con 200 trabajadores, Matrinor debía al banco unos 90 millones de euros. Con el activo provisionado, el banco contrató a Thesan y cuando en el año 2017 Gestamp compró la empresa ya saneada, Popular habría recuperado 30 millones de euros, según fuentes conocedoras de aquella operación.

Curiosamente, otras operaciones lideradas por Thesan habrían permitido al Banco Santander y su socio Blackstone recuperar valor de activos transferidos, como la inmobiliaria GAC40, según publicó Vozpópuli en mayo de 2018. 

El BCE lo sabía

Según fuentes próximas a exdirectivos de la entidad, tanto el Banco de España, como el BCE estaban al tanto de estas operaciones, de las que se informó también a las autoridades tributarias españolas para evitar la posible existencia de testaferros en la operativa.

Una tesis contraria al informe pericial encargado por los bonistas extranjeros que están personados en la causa del Popular. Estos afectados por la resolución del banco han aportado un informe pericial a la Audiencia Nacional en el que denuncian un "entramado societario orquestado por Banco Popular para ocultar pérdidas y refinanciaciones de empresas en dificultades".

Su documento afirma que en la investigación de la CNMV sobre el Popular se puso en duda la veracidad de las cuentas. Pero no aporta datos concretos sobre los supuestos daños de Thesan a la cuenta de resultados del banco. Fuentes próximas a los bonistas sí cifran las pérdidas de GAC40 en 195 millones de euros, aludiendo a datos aportados a la causa por el BCE.  

El dictamen encargado por los bonistas subraya también que hubo una "insuficiencia de provisiones en créditos dudosos con garantía real" y que el banco no habría hecho los ajustes necesarios en las provisiones asociadas a los préstamos dudosos con la adjudicación de la garantía. El citado informe acusa a la dirección del Popular de conocer esos impactos.

Por su parte, el fiscal señala en un escrito que acompaña al informe de la Agencia Tributaria que Popular utilizó Thesan para financiar empresas en quiebra mediante “sociedades opacas”. 

Acusaciones que los exdirectivos investigados tratan de refutar en la Audiencia Nacional. Será el juez el que determine si la relación de Thesan con el Popular fue un "entramado" como dicen el fiscal y los bonistas o un traspaso lícito, como defienden los exdirectivos.

El asunto es complejo y aparenta poca estética. Por tanto, todos los que forman parte de esta causa -incluidos los acusados- ven lógica la preocupación del fiscal con el informe de la Agencia Tributaria. Pero se encuentren o no indicios delictivos, Thesan no parece clave para entender los motivos de la resolución del Popular que trata de desentrañar el juez.