FG marca distancia con la estrategia de los directivos de BBVA: declarará pese al secreto de sumario

Tras meses de espera, Francisco González acudirá a declarar a la Audiencia Nacional el próximo lunes, 18 de noviembre. Para el expresidente de BBVA, la citación no ha sido una sorpresa. Desde que se filtraron las primeras informaciones sobre la relación entre el banco y el excomisario José Manuel Villarejo, FG ha estado expectante a las dos investigaciones sobre el caso, la judicial y la interna. 

El exbanquero siempre ha expresado su "disposición a colaborar con la Justicia" y desde hace tiempo su entorno comentaba que quería declarar para contar al juez Manuel García Castellón su versión de los hechos, hasta donde afirma conocer.

La sorpresa ha sido que FG ha sido citado con la investigación todavía bajo secreto de sumario y antes de que el banco que presidió durante décadas acuda a declarar como persona jurídica también investigada en esta pieza separada del 'caso Tándem'. Además, en contra de lo que se esperaba, acudirá primero González y después el abogado que representa a BBVA, Adolfo Fraguas, que está citado para el próximo miércoles, 20 de noviembre.

El que fuera todo en la cúpula de BBVA durante años, acumulando un poder mayor al que el Banco Central Europeo (BCE) aconsejaba, acude al juez distanciado de la actual cúpula de la entidad.

El enfriamiento entre la relación de FG y de su delfín, el actual presidente del banco, Carlos Torres Vila, es cada vez más claro desde el pasado verano. Detrás de esa distancia se esconde la discrepancia sobre cómo el banco azul ha gestionado esta crisis que puede poner en riesgo su reputación.

Ese distanciamiento se verá también en los juzgados el próximo lunes. Frente a la actitud de otros exdirectivos del banco (asesorados por despachos de abogados cuya factura corre a cargo de BBVA), FG responderá a las preguntas del juez y el fiscal, según afirman fuentes conocedoras de las intenciones del exejecutivo.

Béjar aportó datos

Hasta ahora, tan solo el que primero fue exresponsable de riesgos del banco y después expresidente de la filial Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar, ha colaborado firmemente con la causa aportando testimonio y documentación al juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, según fuentes jurídicas.

Con esas pruebas, Béjar habría esquivado la libertad bajo fianza que no pudo evitar el exresponsable de seguridad del banco, Julio Corrochano. Todo apunta a que este expolicía era el nexo de la entidad con Villarejo a través de la empresa Cenyt.

Ni Corrochano, ni otros directivos de la época de FG en el banco han respondido a las preguntas del juez y la Fiscalía Anticorrupción. Entre ellos, se encuentran el exnúmero dos de la entidad, Ángel Cano, o la actual directora de Seguridad de BBVA, Inés Díaz. Esos directivos y exdirectivos se han acogido a su derecho a no declarar por estar la causa bajo secreto sumario.

Una estrategia que el abogado que representa a FG en este caso, Jesús Santos, del despacho Backer y Mackenzie, no seguirá con el exbanquero, que está interesado en contar lo máximo posible, según comentan fuentes cercanas a su entorno. Francisco González está imputado por los supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos.

BBVA dispuesto a colaborar

También BBVA como persona jurídica acudirá a la Audiencia Nacional el próximo miércoles como imputado por tres delitos: cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Su abogado, Adolfo Fraguas tenía todo preparado para presentarse ante el juez el pasado 10 de octubre, cuando BBVA estaba citado para declarar. Sin embargo, en la víspera, Béjar, representado en la causa por un prestigioso abogado que ha elegido a título particular, el exmagistrado Javier Gómez Bermúdez, aportó documentación a la causa y se retrasó la citación.

Tras el análisis de esa documentación, la Fiscalía pidió al juez el pasado miércoles la imputación de FG y el magistrado mandó la citación el jueves.

Según el sumario de la causa, el banco pagó al menos 10 millones a Cenyt por recuperar dinero de morosos y servicios de inteligencia. Se habrían contratado para defenderse de la operación corporativa que se conoce como el 'asalto de Sacyr', la extorsión de Ausbanc y 

El banco intentó personarse como perjudicado en esta causa, pero su imputación lo impidió. Tanto la entidad, como su presidente, Carlos Torres Vila, han reiterado en numerosas ocasiones su disposición a colaborar con el juez en la causa para que se aclare todo lo sucedido. Además, ha entregado a la Audiencia Nacional los resultados de su investigación 'forensic'. El miércoles Fraguas podrá aportar más claves al juez.