El expresidente del BBVA, Francisco González, hizo llegar a los fiscales del caso Tándem hace varios meses el mensaje de que quería prestar declaración sobre lo que supo de la contratación del comisario Villarejo -en la cárcel desde noviembre de 2017- por la entidad que dirigió durante 18 años. Pero no ha sido hasta este lunes cuando ha podido dar su versión, incluso con el procedimiento judicial aún secreto y a diferencia de otros exdirectivos del banco que han preferido guardar silencio hasta conocer lo que hay sobre ellos.

FG ya lo sabe y, según fuentes cercanas al exbanquero, ha salido de la Audiencia Nacional mucho más tranquilo de lo que entró. Investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos que, de ser probados, le llevarían a la cárcel, González cree, sin embargo, que su actuación en todo lo que rodea el caso Villarejo es explicable y en ello se ha empleado "con contundencia", describieron fuentes presentes en su declaración de cerca de tres horas ante el juez Manuel García-Castellón.

El grupo Cenyt, del comisario Villarejo, realizó para el BBVA varios tipos de trabajos. Con contratos firmados por el entonces jefe de seguridad, Julio Corrochano, Villarejo hizo investigaciones sobre el patrimonio de clientes morosos y sobre la operación iniciada por Sacyr en 2004 para entrar en el accionariado del BBVA y echar a González.

Los informes elaborados por Villarejo reflejaron actividades de espionaje de miembros del Gobierno de Rodríguez Zapatero y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como a empresarios y directivos de Banca, supuestamente realizadas con el fin de ayudar a neutralizar la entrada de Sacyr en la entidad vasca.

González admitió que autorizó que se investigara el asalto al BBVA para saber cuál era el alcance de la operación y, sobre todo, qué volumen accionarial había reunido Sacyr. Supo, por tanto, se había contratado a unos detectives pero no que se trataba de Cenyt y Villarejo, nombres de los que en aquella época no tuvo referencia alguna.

Según el exbanquero, no supo de la relación entre el BBVA y Cenyt hasta mayo de 2018, cuando apareció en la prensa que la entidad había realizado pagos al comisario. Entonces ordenó una investigación interna (llevada a cabo por el bufete Garrigues) y no fue hasta septiembre de 2018 cuando el propio banco tuvo certeza de estas contrataciones.

Aseguró también que no conoció los informes en los que Cenyt fue reportando sobre los movimientos de Sacyr y de sus aliados. Tan sólo recuerda haber leído un par de hojas que no contenían datos que le parecieran relevantes.

"Irregularidades"

Francisco González negó con especial énfasis haber conocido la utilización de métodos ilegales como escuchas telefónicas o seguimientos para descubrir datos íntimos. Eso era "inimaginable", dijo. Añadió que si hubiera visto algo de ese tipo habría echado del banco a los responsables. Resaltó, a ese respecto, que llevaba muy a gala lo que denominó la doctrina FG: todo lo que hiciera el banco debía ser legal, publicable y éticamente aceptable.

Pero ante la evidencia de los informes de Villarejo y su contenido, el exbanquero tuvo que admitir que pudo haber "irregularidades" que él desconocía y que situó en el departamento de seguridad del banco. 

"Irregularidades" que, además, no se detectaron por parte del banco, se ocuparon de resaltar los fiscales. FG contestó que, efectivamente, hay personas que tendrán que dar explicaciones. Él tomaba las decisiones estratégicas y despachaba con los más altos directivos del banco. Por su parte, el jefe de seguridad -del que siempre le dieron las mejores referencias- reportaba al director de medios, cargo que fue ocupado, entre otros, por Ángel Cano, luego número dos de González.

Los fiscales le preguntaron también por otros trabajos realizados por Cenyt -de los que no consta contrato- relativos a la investigación de la propiedad o condiciones de adquisición de fincas en cuya compra estaba interesado el expresidente del BBVA. FG manifestó su sorpresa al conocer esas actividades, que consideró innecesarias (eran datos que podían obtenerse de registros públicos, dijo) y que él no encargó.