La Fiscalía estudia una nueva querella contra Ángel Ron por un presunto delito relativo al mercado y a los consumidores por falsear las cuentas del Popular entre 2008 y 2015. Lo hace después de que el juez José Luis Calama haya solicitado al fiscal que analice si hay base o no para admitir a trámite la querella.
Se trata de un documento presentado por un particular que perdió toda su inversión en el Banco Popular, y considera que la entidad no presentó en ningún momento durante esos años una imagen fiel de sus cuentas al mercado. Así, el escrito del letrado Felipe Izquierdo, señala que "al menos desde 2008 no eran fiables", y destaca para ello varias pruebas que -a su juicio- apuntalan esa tesis.
En primera lugar, el hecho de que "diferentes querellantes hayan denunciado" esas tesis dentro de las diligencias previas que lidera Calama. También hace referencia al Hecho Relevante del banco en el que se anunciaba la reformulación de las cuentas del ejercicio 2016 en las que un "análisis preliminar indica que el grueso del efecto relacionado con los créditos dudosos [...] proviene de ejercicios anteriores a 2015".
La tesis de la querella se sustenta también en declaraciones del presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez, en el Congreso de los Diputados. En ella animaba a los diputados a "solicitar todos los informes de inspección y todos los correos de los equipos de inspectores por lo menos desde el 2006-2007 hasta la actualidad. Ahí probablemente encontrarán una respuesta mucho más ajustada, atinada y afilada de la que pueda darles yo".
Cita también diversas sentencias de juzgados de Primera Instancia, entre ellas una de L'Hospitalet de Llobregat, en la que se ponen en duda las cuentas anteriores a la ampliación de capital llevada a cabo en el año 2012.
La querella se presentaba ante la Audiencia Nacional para que fuera asignada en reparto, pero ha recaído en el juzgado de Calama -que es quien instruye el Popular- por lo que se ha incorporado a la causa que ya se instruye. Así que el letrado ha solicitado al magistrado que tenga en cuenta las nuevas circunstancias que rodean el caso.
¿Qué circunstancias son esas? Las distintas sentencias en Primera Instancia de lo civil en donde se han estudiado las cuentas desde el año 2008 y hasta 2015. ¿Por qué? Básicamente porque el magistrado ya ha dicho en numerosas ocasiones que no va a analizar las cuentas desde la llegada de Ron como han reclamado distintas acusaciones.
Según el escrito presentado "esta nueva causa en ningún caso sería ingobernable, pues la información de la que se disponía cuando se incoaron las diligencias de la Audiencia Nacional era mínima en comparación con la que hoy se posee".
No sólo eso, se pregunta también si "un Juzgado de Primera Instancia civil es capaz de analizar en un año la situación real del Popular, no lo será un Juzgado Central de Instrucción en el plazo, por ejemplo, de 24 meses, por supuesto con un examen más pormenorizado".