Pese a la creciente conciencia ecológica y climática, en la actualidad no existe ningún sistema de clasificación común a escala mundial o de la UE que defina lo que es una actividad económica sostenible desde el punto de vista ambiental. Esta carencia se traduce en una enorme fragmentación de prácticas nacionales y de iniciativas basadas en el mercado. Y fomenta el riesgo de "blanqueo ecológico", es decir, la práctica de comercializar productos financieros como "ecológicos" o "sostenibles", cuando en realidad no cumplen los requisitos ambientales básicos".

Para acabar con estos problemas, la Unión Europea acaba de aprobar el primer sistema de clasificación de inversiones verdes (taxonomía, en la jerga de la burbuja bruselense). El objetivo de esta iniciativa es también dar claridad a los inversores y fomentar así la participación del sector privado en la transición hacia una economía climáticamente neutra. "Será un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático", ha dicho la ponente de la Eurocámara, Sirpa Pietikainen.

La norma define qué actividades pueden denominarse sostenibles y por tanto ser incluidas en un producto financiero que se publicite como sostenible. Un producto sostenible será aquel que haga una contribución positiva a la protección climática sin perjudicar al medio ambiente en otras áreas (principio de no hacer daño). En principio, la clasificación deberá aplicarse a todos los productos financieros. Los emisiones que no usen la taxonomía deberán dejarlo claro en un aviso.

La nueva norma identifica y define seis objetivos ambientales de la UE: mitigación del cambio climático; adaptación al cambio climático; uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; transición a una economía circular, con prevención y reciclado de residuos; prevención y control de la contaminación; y protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.

Para que una actividad económica sea considerada sostenible desde el punto de vista ambiental debe cumplir los siguientes requisitos: contribuir sustancialmente al menos a uno de estos seis objetivos; no causar perjuicio notable a ninguno de ellos; ser realizada con arreglo a unas garantías mínimas en materia social y de gobernanza; y cumplir criterios técnicos de selección específicos.

El único sector concreto que en ningún caso podría considerarse nunca una inversión verde es el de los combustibles fósiles, como el carbón o el lignito. En cambio, el gas y la energía nuclear no están excluidos explícitamente del reglamento: ambos podrán etiquetarse como actividades de transición o de facilitación de objetivos climáticos. Esta solución de compromiso ha resultado satisfactoria tanto a los Estados miembros pronucleares, como Francia o los países del Este; como a los antinucleares, como Alemania, Austria y Luxemburgo.

No obstante, los ecologistas sostienen que en la práctica, la energía nuclear nunca podrá ser etiquetada como inversión verde. "Como los estándares de protección medioambiental son tan altos (el principio de no hacer daño), la nuclear no podrá cumplir los requisitos y estará excluida de facto de los productos financieros sostenibles", asegura el eurodiputado verde alemán Sven Giegold.

El reglamento todavía debe ser ratificado en las próximas semanas por los Gobiernos de los 28 y la Eurocámara, aunque se trata de una formalidad porque las dos partes cerraron un principio de acuerdo el lunes por la noche. Después será la Comisión la responsable de elaborar la taxonomía antes de que acabe 2021, con el objetivo de garantizar su plena aplicación antes del término de 2022.