De manera inesperada, el último Consejo de Ministros aprobó las entregas a cuenta mínimas previstas para 2020, que no son sino la prórroga de las de 2019. Sumadas a la liquidación de 2018 dan como resultado unos 113.000 millones de euros que permiten que se active la financiación autonómica y, a su vez, las propias regiones.

Y es que, varias comunidades ni siquiera tenían en marcha el proceso legislativo de sus propios presupuestos al ignorar con qué fondos iban a contar por parte del Estado. Este ha sido el argumento de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, quien se había negado a activar este proceso hasta conocer las entregas a cuenta.

De hecho, a día de hoy, son la citada Madrid junto a Castilla y León, Murcia, Navarra, La Rioja, Extremadura y Cataluña las autonomías que todavía no tienen Cuentas aprobadas, aunque en el caso catalán parece que ya hay acuerdo para sacarlas adelante.

Más dinero

Las entregas a cuenta aprobadas por el Gobierno, que recogen los anticipos de ingresos previstos para 2020 así como la liquidación de 2018 (que suponen unos 10.000 millones), son en cualquier caso una cifra inicial que bien podría cambiar (presumiblemente al alza), como indica el Ministerio de Hacienda.

"Estas cuantías serán actualizadas cuando se conozcan las previsiones de ingresos del ejercicio en el marco del proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado". Es decir, que las cifras podrán cambiar según avance el proyecto presupuestario, que podría no aprobarse hasta este verano, según Pedro Sánchez.

Con todo, y a pesar de ello, "los territorios empezarán a recibir estos anticipos en los próximos días", aunque no se ha aclarado cuál será su distribución. El Gobierno ni siquiera se va a esperar a presentar estas cifras en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cónclave de entre ministerio y consejerías de Hacienda cuya reunión urgente piden las regiones del Partido Popular. 

Protestas de Madrid

En cambio, para Madrid no hay tal "lluvia de millones". "Sencillamente se han prorrogado las entregas a cuenta de 2019 con dos pequeños reajustes, que son los que se hacen todos los años", ha protestado Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda madrileño. 

"No se ha hecho nada extraordinario. No se han aprobado las auténticas entregas a cuenta de 2020. No se conocerán hasta que haya Presupuestos", ha indicado el 'popular'. 

Además, ha precisado que lo que necesitan las comunidades es que Hacienda "deje de retener el IVA de 2017 que todavía tiene retenido". En este caso, Fernández-Lasquetty se refiere unos 2.500 millones que el Gobierno no entregó a las regiones por una cuestión contable que finalmente no ha quedado resuelta. 

Prisas relativas

El movimiento del Gobierno ha resultado sorprendente, aunque es cierto que es tranquilizador para las autonomías, inquietas por cómo se resolvió el episodio de la actualización de las entregas a cuenta el año pasado (un real decreto-ley de dudosa legalidad aprobado cuando sonaba el pitido de la repetición electoral).

La sorpresa llega porque todas las prisas que hasta ahora habían dado a entender que tenían los socialistas para lanzar los Presupuestos parecían haber quedado postergadas por la necesidad de lograr una mayor flexibilidad para la senda fiscal que permita el incremento del gasto social que quiere lanzar el Gobierno de coalición.

En ello ya está trabajando Nadia Calviño, vicepresidenta económica, en Bruselas. Las expectativas de Moncloa son las de lograr que el déficit para este 2019 se pueda flexibilizar a un objetivo por encima del 1,7 %.

Necesidades legales

Y es que antes de ponerse con los Presupuestos, el Gobierno necesita reformar los objetivos de déficit y de deuda pública, puesto que sigue marcando los mismos techos que se aprobaron cuando Mariano Rajoy estaba en Moncloa. Esto significa una imposible meta del 0,5%.

Para ello, los nuevos objetivos tienen que pasar por la aprobación del Congreso, así como el techo de gasto, en lo que se antoja que será el primer gran examen legislativo del Gobierno de coalición.

El alivio también le sentará bien a unas comunidades autónomas necesitadas de 'hueco' para sus déficits. Cabe recordar que solo cuatro regiones cumplieron sus objetivos fiscales en 2019, según la Autoridad Independiente de Responsaiblidad Fiscal (AIReF): Madrid, Canarias, País Vasco y Navarra.