El futuro de las pensiones, en el aire.

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Los jubilados se frotan las manos: las pensiones podrían subir en 2021 todavía más que este año

Las primeras previsiones ya indican que estas prestaciones crecerán de media un 1% o más el próximo año.

16 febrero, 2020 02:34

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Hace menos de dos semanas que el Gobierno aprobó el incremento de las pensiones públicas, cumpliendo su compromiso de aumentar estas prestaciones de acuerdo con el alza anual del IPC, cuya estimación (todavía el año fiscal no está cerrado) es que se habrá cerrado en el 0,9%. A la espera de que el Ejecutivo acometa la prometida y esperada reforma del modelo, este es el indicador por el que se irán aumentado las pensiones año a año.

Esto permite prever o estimar cuál va a ser la subida de las pensiones en 2021 gracias a los pronósticos y vaticinios de los diferentes entes reguladores, órganos internacionales y 'think tanks' financieros para el IPC de 2020.

Un vistazo a estas estimaciones permite prever que el IPC crecerá a lo largo de 2020 alrededor de un 1%, posiblemente más. Aunque Funcas rebaja su estimación de crecimiento al 0,8% después del dato de los precios de enero (que indica una bajada respecto a diciembre), instituciones como la Comisión Europea esperan que aumente un 1,2% cuando acabe el año, igual que el Banco de España.

Mientras, la OCDE y el Consejo de Economistas esperan una subida del 1,1%. De esta manera, de media, las pensiones subirán entre el 1 y el 1,1% en 2021.

Es decir, que en el primer escenario, los jubilados españoles, que son los pensionistas más numerosos, cobrarán 11,5 euros más al mes (en 14 pagas) y, en el segundo, se les remunerará 12,7 euros más.

En este caso, dado que tras la subida aprobada por el Consejo de Ministros hace dos semanas su pensión media está en los 1.153,84 euros, sus pagas subirían hasta los 1.164,3 euros, si la subida es del 1%, y los 1.166,5 euros, si el incremento del IPC es del 1,2%.

Coste para el sistema público

Como siempre, esto va a tener un importante impacto para las arcas públicas y para el déficit. Las pensiones suponen, con diferencia, la partida de gasto más importante de las Administraciones Públicas y también la mayor causa de déficit.

En 2019, estas prestaciones costaron unos 135.163 millones, un 6,11% más que en 2018 (unos 7.788 millones más). Solo con la subida planteada por el Gobierno para este 2020, esta partida tendrá que subir obligatoriamente a los 136.569 millones.

Sin embargo, la cifra será mucho mayor debido a la llegada de nuevos beneficiarios al sistema público de pensiones por el progresivo envejecimiento de la población. Además, cabe recordar que todavía está pendiente la cifra definitiva del IPC de 2019 (y que de ser mayor al 0,9% previsto se tendría que aplicarse en las pensiones con efecto retroactivo).

De ahí que no es extraño que el Gobierno haya decidido que la Seguridad Social (que es el ente que paga las pensiones) se quede con la mayor parte de la capacidad de déficit de las Administraciones Públicas hasta 2023. De hecho, del 0,9% de PIB de déficit del que se podrá disponer en el último año de legislatura, la Seguridad Social se quedará con ocho décimas, un 88%.

¿Y para 2022?

Aunque es más complicado, debido a todas los condicionantes que rodean a las pensiones públicas, es posible asomarse al futuro de las pensiones en 2022.

Y es que la Comisión Europea estima que en España los precios habrán subido todavía más en 2021 que en 2020. Según Bruselas, el IPC aumentará un 1,3%, un alza que se tendrá que aplicar también a estas prestaciones públicas.

¿Se habrá comenzado a abordar la ambiciosa reforma del modelo público de pensiones? Los primeros mimbres ya están en marcha. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, llegó de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), donde era presidente, con una propuesta de reforma bajo el brazo.

Además, ya se han puesto en marcha los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, la comisión del Congreso de los Diputados en la que los grupos parlamentarios se tendrán que poner de acuerdo para la reforma.

Su nueva presidenta, la exministra Magdalena Valerio, ha propuesto que se empiece a trabajar en el mismo punto en el que se rompió el diálogo antes de las primeras elecciones convocadas por Pedro Sánchez. Sin embargo, en esta ocasión hay nuevos condicionantes en el horizonte, como la fuerte entrada de Vox en el Congreso y la desaceleración económica.