Fernández de Mesa (CEOE): "Las empresas quieren cumplir y sin EPI, igual no abren"

Pese a que en un escenario tan cambiante como el que ha propiciado el coronavirus es difícil hacer estimaciones económicas, la CEOE presentó este miércoles un informe en el que estima que el PIB caerá este año entre un 5% y 9% y el paro aumentará entre 560.400 personas (en el mejor escenario) y 912.000 (en el peor).

Tras la presentación del informe, el vicepresidente de CEOE y presidente de su think tank Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, conversa con este periódico y advierte que las decisiones que se tomen en los próximos días pueden ser clave para contener esa caída del PIB y no alcanzar ese hundimiento del 9%.

"Tenemos dos escenarios. El primero es que el día 26 se levante la cuarentena completamente y el otro es que el levantamiento sea progresivo en mayo. Pero, para determinar la caída, no solo es importante la duración de la cuarentena, sino también en qué medida la recuperación sea alta por parte de la demanda. La estimación es un ejercicio muy difícil porque faltan muchos datos: cómo abrirá la hostelería, cuándo volverán los turistas...", explica.

Más allá de lo que dicte el Gobierno en sus reales decretos, para que la actividad vuelva con éxito el día 26, hay un elemento básico: que las empresas cuenten con los EPI (equipos de protección individual) necesarios para retomar su trabajo con garantías. 

Contar con ese material sería imprescindible ya el próximo lunes, cuando la economía saldrá del estado actual de 'hibernación', según ha adelantado ya el Gobierno.

"Antes de que el lunes empiecen a abrir todos los sectores, será importante saber cuáles son los protocolos de Sanidad, ¿serán necesarios los EPI? Las empresas quieren cumplir y si no tienen EPI, igual deciden no abrir antes de exponer a su gente o a una multa. Hace falta un plan muy bien hecho y enfocado", advierte el vicepresidente de CEOE.

Desde la patronal se considera casi imposible que las empresas puedan contar con ese material de protección antes del lunes, dada la dificultad de adquirirlo en los canales de compra. Pero, además, reclaman al Gobierno certeza para poder saber cómo deben prepararse para esta fase post 'hibernación'.

"Lo primero son los EPI, que va a ser imposible tenerlos, pero son fundamentales. Pero también sería importante que los protocolos de sanidad no cambien cada 48 horas. Debían ser más estables para que las empresas cuenten con la seguridad jurídica necesaria para realizar su actividad", reclama Fernández de Mesa.

Lo primero son los EPIs, pero también sería importante que los protocolos de de sanidad no cambien cada 48 horas

Contar con un protocolo claro y el material necesario, "daría confianza a la gente", algo que es vital para la economía.

Otra de las bazas con las que cuenta el Gobierno para acelerar la recuperación y limitar el impacto de la caída del PIB sería agilizar las líneas de avales del ICO.

"El esquema está bien diseñado, pero se ha tardado en su implementación", lamenta Fernández de Mesa, que como exsecretario del Tesoro conoce bien este tipo de mecanismos.

En ese sentido, considera que "el siguiente tramo tiene que ser habilitado de forma muy rápida. Debían alcanzar los 50.000 millones de euros [se han habilitado avales por 20.000 millones] para que haya espacio suficiente y si hace falta, que se habiliten los otros 50.000 millones. Pero que no sea por falta de liquidez que la economía deje de crecer", concluye.

El esquema de las líneas ICO está bien diseñado, pero se ha tardado en su implementación

Según el informe del Departamento de Economía de la CEOE, en el escenario más optimista, la economía rebotaría un 5,2% en 2021.

Preguntado sobre si sería bueno un acuerdo político como el que dice ofrecer Pedro Sánchez, Fernández de Mesa señala que "todo lo que sean soluciones consensuadas serían positivas".

"Hace falta dialogar y encontrar puntos en común. Nosotros, por ejemplo, estamos de acuerdo en que a corto plazo hay que hacer un programa de asistencia importante para evitar una situación dramática desde el punto de vista social. Pero luego la clave no es vivir en un país subvencionado, es vivir en un país que trabaja", asegura.

El informe calcula que el coste que está teniendo para las arcas públicas hacer frente a esta crisis se sitúa entre 5.000 y 6.000 millones de euros por las medidas en el ámbito sanitario y las destinadas a proteger a los sectores más vulnerables. Pero a esa cuantía, habrá que añadir el gasto asociado al repunte del desempleo.

Unas cifras que se suman a las promesas que el Ejecutivo había adquirido antes de esta crisis. En concreto, a los entre 5.000 y 6.000 millones de euros de aumento de gasto presupuestario por la subida salarial de los funcionarios y la revalorización de las pensiones.

En este contexto, el economista advierte que "este año el déficit estará desbordado, pero el año que viene habrá que tener un programa serio para crear empleo y generar crecimiento". "Si no es así, nadie nos va a querer financiar, ni en Europa, ni en los mercados" concluye.