La crisis de deuda de 2008 se saldó, en buena medida, emitiendo más deuda. Y la crisis del Covid-19 se saldará incrementando aún más esa factura. El endeudamiento global se ha disparado en los últimos años y en ese contexto, el papel de las emisiones de las empresas estatales ha sido muy relevante.

La deuda de las corporaciones con participación de Gobiernos se ha multiplicado por cinco en los últimos 20 años pasando de ser 1,4 billones de dólares en 2000 a 7,4 billones de dólares (6,7 billones de euros) en 2020. Esta última cifra multiplica por dos el PIB de un país como Alemania y supone una traba para la financiación de las empresas que son 100% de capital privado.

Así lo afirma un estudio presentado este jueves por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que ocupa un capítulo de su Monitor Fiscal, que va desgranando poco a poco. El informe se presenta en un momento en el que la crisis del Covid-10 ha abierto el debate sobre la participación de los Estados en las empresas privadas, por las decisiones que han tenido que tomar y que tomarán en los próximos meses muchos gobiernos de intervenir algunas empresas para evitar su quiebra.

De acuerdo con el informe, "las empresas estatales se han convertido en grandes actores en los mercados globales de deuda corporativa", en especial, en los mercados emergentes. Un tercio de toda la deuda soberana en divisas de esos países la acaparan empresas con participación del Estado.

Los sectores en los que los gobiernos son más activos con sus inversiones son bien conocidos: banca, energía, industria y servicios públicos, así como el mercado de las materias primas. De hecho, las mayores petroleras del mundo son empresas nacionalizadas y controlan más de la producción mundial de petróleo y gas. 

Las mayores empresas con capital público del mundo. Fuente: FMI

La fortaleza que otorga a estas empresas la presencia del capital público supone algunos riesgos para la economía. En primer lugar, porque se trata de empresas que "generalmente tienen baja productividad, distorsionan la competencia y pueden verse afectadas por la corrupción".

A esto se suma, su 'competencia desleal' a la hora de financiarse. Según las estimaciones de los técnicos del FMI basadas en una muestra de empresas públicas en 65 países, las empresas públicas se benefician de menos costes de financiación gracias al aval que les otorga el Estado.

Problemas de eficiencia

Esa garantía es un arma de doble filo a la hora de gestionar, ya que "la expectativa de que los gobiernos eventualmente compensarán o rescatarán a las empresas estatales por pérdidas puede dar a los gestores incentivos para no perseguir la eficiencia, asumir riesgos mayores o pedir préstamos excesivos", señala el informe.

Los problemas de deficiencia en la gestión son especialmente comunes en los países en vías de desarrollo, donde muchas de estas empresas tienen el control de sectores, como el de la electricidad, y han llegado a dejar sin acceso a servicio básico de la luz a sus habitantes.

En el mundo desarrollado, el organismo con sede en Washington recuerda que en la Unión Europea se inició un proceso de privatizaciones en el siglo pasado que aminoró la presencia de los Gobiernos en la gestión de esas empresas.

Ante la tentación de revertir aquel proceso aprovechando la debilidad de las empresas por el Covid-19 y en vista de "la creciente presencia de empresas estatales en el mundo", el FMI advierte que "sería deseable una coordinación internacional para establecer unos principios globales" que rijan a estas corporaciones.