CCOO ha presentado dos recursos judiciales contra las instrucciones publicadas por la Agencia Tributaria y la Dirección General de la Guardia Civil para la reincorporación al trabajo presencial por haberse dictado sin reunirse previamente con los representantes de los trabajadores.

El sindicato explica que se trata de dos recursos por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, basados en la "vulneración de las garantías establecidas normativamente para el personal público".

Según CCOO, la Agencia Tributaria y la Dirección General de la Guardia Civil publicaron las instrucciones para el regreso al trabajo presencial sin la pertinente reunión de los órganos de representación del personal, "lo que supone un incumplimiento de la Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública firmada el pasado 4 de mayo".

Situaciones similares

En el caso de la Agencia Tributaria, alega CCOO, la directora del Departamento de Recursos Humanos firmó la instrucción el pasado 11 de mayo sin haberse producido la reunión de la mesa de negociación comprometida con Función Pública.

El sindicato trasladó su malestar al director general de la AEAT, Jesús Gascón, a quien se quejó de que se traten de imponer las medidas para la reincorporación al trabajo presencial en lugar de consensuarlas dentro del marco establecido.

"En este escenario es imprescindible garantizar la seguridad y la salud de los empleados públicos, pero también de los ciudadanos que a partir de la Fase II podrán acudir con cita previa a las oficinas. Esta imposición resulta inexplicable, más cuando alrededor del 90% del personal de la Agencia Tributaria está teletrabajando y está garantizada la prestación del servicio público", ha subrayado José Manuel Vera, secretario general de FSC-CCOO en la Administración del Estado.

El sindicato argumenta que se ha producido una situación similar en la Guardia Civil, donde el 12 de mayo se publicó en la Orden General una instrucción firmada por la directora general, María Gámez, sin que el Ministerio del Interior hubiese reunido siquiera su mesa de negociación.

"Al tratarse de un colectivo muy pequeño, alrededor de 450 empleados públicos no pertenecientes a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el organismo considera que las aportaciones que puedan realizar las asociaciones de guardias civiles son las únicas a tener en cuenta", lamenta Vera. El sindicato se ha dirigido a la directora general para tratar de reconducir esta situación, exigiendo la inmediata suspensión de la Instrucción en lo que afecta al personal no perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

CCOO tiene constancia de la existencia de un importante número de instrucciones que ya están redactadas, "aunque al menos se está manteniendo una apariencia de negociación, y se está esperando a la reunión de los órganos de representación de los trabajadores para su publicación y entrada en vigor". "A partir de ese momento, procederemos a denunciar aquellas cuestiones en que se incumpla la resolución acordada con el Gobierno", señala Vera.