El Gobierno investigará los bienes del millón de aspirantes para evitar fraudes al Ingreso Mínimo

"Habrá Ingreso Mínimo Vital, porque somos uno de los países con una desigualdad más acusada de la Unión Europea". El compromiso lo adquirió el presidente, Pedro Sánchez, en su campaña electoral; lo asumió -con esas palabras- el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en su presentación en el Congreso; y lo aceleró con derrapes sonoros el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, tras la llegada del coronavirus.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega esta semana al Consejo de Ministros con un presupuesto anual de 3.000 millones de euros, el empeño de alcanzar de 850.000 a un millón de familias y, según ha sabido este periódico, un ejército de funcionarios para que no se les cuele ni un tramposo. El IMV será una prestación estatal que hará un test de riqueza, algo bastante poco común en España, según explican las fuentes del Gobierno consultadas, pero sí "habitual en otros países".

Esto significa que cuando un aspirante presente sus solicitud, además de analizar sus rentas, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria cruzarán sus bases de datos para investigar que la unidad familiar en su conjunto "no tenga más de un patrimonio fijado" para que pueda ser beneficiario de los pagos. En este examen de patrimonio, "no computará la vivienda habitual, salvo que tenga un valor excepcional".

El vicepresidente Pablo Iglesias, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la vicepresidenta, Nadia Calviño. Moncloa

Las citadas fuentes no especifican cómo se cuantifica exactamente ese "valor excepcional". Y es que, a pesar del empujón que se le ha dado a una iniciativa "muy complicada y técnicamente llena de detalles", explican, "aún no se han cerrado todos los flecos".

Ésta es la razón por la que tampoco han querido revelar las cuantías de la prestación, a pesar de las filtraciones publicadas por otros medios que hablan de una horquilla entre los 462 euros y los 1.015 al mes.

Del mismo modo, desde el Ejecutivo explican que "la idea es que vaya este martes al Consejo de Ministros, ése es el compromiso", pero que para ello harán falta muchas horas de trabajo todavía. Y estas fuentes no terminan de tomar la palabra del presidente Sánchez, que se comprometió a ello el sábado en rueda de prensa.

"El compromiso es llevarlo al Consejo en su última reunión del mes", explican, "y lo normal es que sea el 26 de mayo... y eso vamos a intentar", pero no se descarta una convocatoria excepcional durante la semana, si no se cuadran todos los trabajos, para cumplir con que la medida "sea efectiva en junio".

Reducir la pobreza

Fuentes del Ministerio de Escrivá destacan el ingente trabajo "en común con Hacienda y la Comunidades Autónomas" para presentar un proyecto consistente. Y desde el departamento de Iglesias, después de las polémicas pasadas, se abandona la beligerancia y se recuerda que el IMV estaba "en el acuerdo de Gobierno como una de sus principales medidas para reducir la tasa de pobreza de España, que es mayor que la de los países de nuestro entorno". 

En estos días, cientos de familias se han visto en la obligación de acudir a comedores sociales y a pedir ayudas en los últimos días. El cierre de la economía a causa del estado de alarma y el confinamiento ha dejado a los más vulnerables a los pies de los caballos. Las colas en una parroquia madrileña, la de Parroquia Santa María Micaela y San Enrique, son un ejemplo de los rostros de los dramas sociales que se vienen en toda España.

La nueva prestación del Gobierno se pagará mensualmente desde el presupuesto del Ministerio de Seguridad Social, que recuerda que es una figura "habitual en los países de nuestro entorno" y que en España beneficiará hasta a un millón de hogares. 

"Estamos trabajando para que 100.000 de ellos puedan tener acceso casi desde el primer día", señalan, y de ahí las prisas expresadas por Iglesias por activa y por pasiva. "La mitad de ese millón de hogares que podrían ser beneficiarios tienen menores y en torno a 70.000-100.000 son hogares monoparentales", recuerdan desde su entorno.

Desigual por CCAA

En España ya hay determinadas regiones con rentas básicas e ingresos de inserción, vinculados todos ellos a políticas activas de empleo, a la formación de trabajadores o a las coberturas de los servicios sociales. Ésta es la razón principal del retraso en el diseño de la medida, ya que las políticas sociales están transferidas a las CCAA y la intención del Gobierno es que ambas prestaciones sean compatibles.

Pero eso mismo puede ser lo que cause, finalmente, desigualdades. Porque el IMV será igual en toda España, pero "las autonomías podrán complementar las cantidades".

Según las fuentes consultadas, el IMV fijará un umbral para cada tipo de hogar en función de sus características. Es decir, la cantidad de descendientes, ascendientes dependientes, la monoparentalidad... "Una vez analizadas los ingresos familiares, incluidos los salariales, el IMV cubrirá la diferencia entre la renta existente y el umbral fijado para ese tipo de hogar".

Es decir, que una vez fijada la cantidad que deba percibir cada unidad familiar por parte del Estado, operan las políticas autonómicas: "Estamos cerrando los detalles de esta convivencia pero sí serán compatibles el IMV y las rentas de las CCAA".