Los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) han evitado que los bancos cierren a cal y canto el grifo del crédito en tiempos de coronavirus, ayudando a que la crisis de liquidez no haya sido aún peor para el tejido empresarial español. Sin embargo, la decisión del Gobierno de poner en marcha una nueva línea por 40.000 millones de euros ha sido acogida con cierto sabor agridulce entre entidades y pequeñas empresas.

Fuentes financieras y empresariales consultadas coinciden en que el nuevo paquete que este viernes aprueba el consejo de ministros, al que se suman otros 10.000 millones para el rescate de empresas "viables", es sin duda positivo. Pero consideran que el Gobierno debería haber priorizado este último fondo, incluso con una dotación mayor. 

Aprovechan para recordar que, salvando las distancias por su situación de superávit fiscal y su capacidad económica, Alemania ya aprobó subvenciones directas a empresas de menos de 10 empleados por valor de 50.000 millones de euros, además del fondo de 100.000 millones para la recapitalización de las empresas. Pero a día de hoy, y con un déficit que ya supera el 2,8% del PIB, algo así parece misión imposible en España.

Liquidez sí, pero no con deuda

Aún así, la petición de una bazuca mayor en forma de compra de acciones, deuda o cualquier instrumento convertible en capital, no es baladí. A la espera de los fondos europeos, el objetivo es evitar que la liquidez que ahora llega en forma de préstamos (deuda), acabe convirtiéndose en un quebradero de cabeza para las empresas cuando toque devolver los intereses.

Los empresarios coinciden en que generando deuda pueden paralizar el primer, e incluso el segundo envite de la crisis. Pero no es suficiente. En la primera línea de avales de 100.000 millones de euros puesta en marcha en marzo, completamente independiente de la nueva que ahora aprueba el Gobierno, la media de los intereses de los préstamos ha rondado el 2,1% para las pymes, solo ligeramente por debajo de los préstamos sin garantía, que se situó en el 2,6%, según datos del Banco de España.

Además, según lo previsto, la nueva línea de avales de 40.000 millones irá destinada no tanto a solventar problemas de liquidez que aún existen, sino a aquellas empresas que muestren interés en realizar inversiones. “Solo se beneficiarán las empresas de base tecnológica y las que puedan asumir cambios drásticos de digitalización”, explica Eduardo Abad, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Sin duda, el salto a la digitalización es clave para cambiar el tejido productivo español pero, quizá, llega demasiado pronto para un sector completamente destrozado por la crisis como el de las pequeñas empresas. Por eso, defienden la urgencia de ayudas directas “que eviten que dentro de tres o cinco años tengamos una bola de intereses que devolver por los créditos recibidos, no solo del ICO, sino de nuestros bancos”.

Inyecciones directas

Coinciden en este punto con las propias entidades que, aunque valoran de forma muy positiva las nuevas líneas que se aprueban este viernes, insisten en que ha llegado el momento de ser más agresivos. Resumiendo. Bancos y empresas agradecen los préstamos del ICO y el rescate empresarial de 10.000 millones, pero creen que debería dotarse con una mayor potencia de fuego a este último paquete.

En un reciente encuentro financiero, Jaume Guardiola, consejero delegado del Banco Sabadell, ya anticipaba esa idea de que “la solución para las empresas no puede llegar solo con más préstamos”, abogando por planes sectoriales como el que se ha preparado para la industria del motor.

En este sentido, los autónomos reclaman un plan para la hostelería y el comercio. A la espera de conocer los detalles de quién podrá solicitar esos 10.000 millones que se aprueban hoy, advierten que “en septiembre, a la vuelta del verano, muchas microempresas de esos sectores se van a ver obligadas a entrar en concurso de acreedores ante los problemas de cobro por parte de clientes que ya se están produciendo, al haberse roto por completo la cadena de transmisión del pago a proveedores”.

“Es la muerte silenciosa de pymes y autónomos", demandan desde UPTA y, para evitarla, la potencia de rescate debe ser mayor. El gran temor de la banca es que esa ‘muerte silenciosa’ llegue a los créditos avalados por el ICO que ya han concedido.

Es cierto que el Estado asume hasta el 80% del riesgo de impago de las operaciones, pero gota a gota, y sumando la morosidad que puedan surgir en los préstamos fuera del plan de avales o en las moratorias aplicadas en hipotecas y consumo el ‘roto’ puede ser considerable para un sector que, por si fuera poco, sigue haciendo malabares sin red en el campo de los tipos negativos en Europa.