La Defensora del Pueblo de la UE, la irlandesa Emily O'Reilly, ha criticado este miércoles con dureza a la Comisión Europea por haber ajudicado un contrato al gigante financiero estadounidense BlackRock -el mayor gestor de inversiones del mundo- al considerar que existía un claro riesgo de conflicto de interés.

El polémico contrato -por un valor total de 280.000 euros- tenía como objetivo la elaboración de un estudio sobre cómo integrar los factores medioambientales y sociales en las reglas bancarias de la UE. Se firmó el 2 de marzo de 2020. Un grupo de eurodiputados lo denunció alegando que BlackRock está entre los principales inversores del mundo tanto en bancos y como en compañías de hidrocarburos.

En su dictamen, la Defensora del Pueblo de la UE concluye que "la oferta de la empresa genera motivos de inquietud". "Si la compañía tiene un interés directo o indirecto en la evolución de un mercado -porque invierte en ese mercado o gestiona inversiones en ese mercado- existe un riesgo claro de que ese interés pueda influir en el resultado de su trabajo a su favor", apunta. 

Además, O'Reilly cuestiona el "bajo precio" que ofreció BlackRock y que "optimizaba sus posibilidades de ganar el contrato". Bruselas recibió un total de 9 ofertas, pero BlackRock era el único gran gestor de inversiones que se presentó a la licitación. "Ganar el contrato puede permitir a la compañía obtener conocimientos y ejercer influencia en un área de inversión en crecimiento de gran relevancia para sus clientes y por tanto para la propia empresa", subraya el dictamen.

"Existen preocupaciones legítimas sobre el riesgo de conflictos de interés que podrían afectar negativamente a la ejecución del contrato, ya que la empresa manifiestamente tienen un interés en el desarrollo de la futura regulación de la UE, que impactará en ella misma y en sus clientes", señala la Defensora del Pueblo.

"La Comisión tendría que haber sido más rigurosa y adoptar una perspectiva más amplia a la hora de verificar, en cumplimiento de las reglas, que la empresa no estaba sujeta a conflictos de interés que pudieran afectar negativamente a su capacidad de ejecutar el contrato", apunta el dictamen.

No hay mala administración

No obstante, O'Reilly concluye que no se puede hablar de "mala administración" y tampoco pide al Ejecutivo comunitario que rescinda el contrato. A su juicio, el problema está en las reglas de la UE sobre licitaciones de contratos y por ello pide a los legisladores que las revisen para blindarlas contra este tipo de conflictos.

La Comisión Europea ha dicho que "tomar nota" del informe de la Defensora del Pueblo. "No se ha encontrado mala administración. Confirma lo que siempre hemos explicado: nosotros hemos aplicado las reglas de forma justa y completa", ha señalado el portavoz de Mercado Interior, Daniel Ferrie. "Ahora estudiaremos todas las sugerencias en detalle. Estamos comprometidos con la transparencia y en breve publicaremos el informe preliminar", anuncia.

También BlackRock ha defendido su actuación en este caso y ha dicho que espera concluir su trabajo y presentar en breve su informe final, para el que ha consultado con universidades, sociedad civil, bancos, supervisores y actores del mercado. "La Comisión Europea ya ha dicho publicamente que la calidad técnica de nuestra propuesta fue la base para su decisión de adjudicarnos el contrato", ha dicho un portavoz de su compañía.

Por su parte, los eurodiputados que se quejaron ante la Defensora del Pueblo han expresado su satisfacción con el dictamen, pero han escrito al Ejecutivo comunitario para que cancele el contrato.