Ha costado más de cinco años de negociaciones agónicas, pero al final ha habido fumata blanca. Los Gobiernos de la Unión Europea han aprobado este martes de forma definitiva la directiva que obligará a las grandes multinacionales a hacer un 'striptease' fiscal completo, revelando públicamente los impuestos que pagan en cada país y si tienen negocios en paraísos fiscales.
Suecia y Chipre han votado en contra, mientras que República Checa, Irlanda, Luxemburgo y Malta se han abstenido.
La norma tiene que ser ratificada en las próximas semanas por el pleno de la Eurocámara, pero se trata de un mero trámite porque su texto ya fue objeto de un acuerdo entre los colegisladores en junio. Una vez que se publique en el Diario Oficial de la UE, los Estados miembros tendrán 18 meses para incorporarla a sus respectivas legislaciones nacionales.
La directiva pretende mejorar la transparencia de las grandes empresas multinacionales. Se aplicará a las compañías cuyos ingresos consolidados totales superen los 750 millones de euros en cada uno de los dos últimos ejercicios fiscales consecutivos. Por primera vez, las multinacionales no europeas que operan en la UE a través de filiales y sucursales también deberán cumplir con estas obligaciones de información.
El objetivo final es combatir las prácticas de ingeniería fiscal a las que recurren las multinacionales (entre ellas los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook o Apple) para rebajar su factura de impuestos en la UE. Unas prácticas que han perder ingresos de entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año en los Estados miembros.
Esta elusión fiscal se ve facilitada porque las multinacionales no tienen obligación alguna de informar, país por país, sobre el lugar en el que obtienen sus beneficios ni sobre el lugar en el que pagan sus impuestos en la UE. Con la nueva directiva, Bruselas quiere dar un paso más en su cruzada para que las grandes compañías paguen impuestos en los países donde obtienen sus beneficios, independientemente de si tienen allí o no una sede física.
"La transaprencia fiscal es esencial para el buen funcionamiento del mercado interior y me complace que hayamos aumentado nuestra ambición en esta materia. Esta directiva requerirá que las empresas multinacionales informen sobre dónde obtienen sus beneficios y dónde pagan sus impuestos, lo que es más crucial que nunca para garantizar una recuperación económica justa de la actual crisis pandémica", ha dicho el ministro de Economía esloveno, Zdravko Počivalšek, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE.
En concreto, las grandes compañías tendrán que publicar datos desglosados país por país sobre siete capítulos: 1) naturaleza de sus actividades; 2) número de empleados; 3) volumen de negocios neto total; 4) beneficios o pérdidas antes de impuestos; 5) impuestos adeudados en cada país; 6) cantidad de impuestos realmente pagados; y 7) ganancias acumuladas.
La publicación se producirá en un plazo de doce meses a partir de la fecha de cierre de las cuentas del ejercicio fiscal de que se trate. La directiva fija las condiciones en las que una empresa puede obtener el aplazamiento de la publicación de determinados elementos por un máximo de cinco años. La información debe ser accesible de forma gratuita, en la página web de la compañía, con un modelo común para toda la UE y en un formato electrónico de lectura automática.