(Actualizada el 12/04/2016 a las 16:00 horas)

Para el comisario de Economía y Fiscalidad, Pierre Moscovici, el escándalo de los papeles de Panamá es una “buena noticia”. Un arma política que servirá para impulsar la lucha contra el fraude fiscal en la Unión Europea, estancada durante años, y vencer las reticencias que todavía tienen algunos países miembros. La Comisión ha presentado este martes una nueva directiva que exige a las multinacionales un striptease fiscal completo: deberán hacer públicos los impuestos que pagan en cada país y estarán obligadas a desvelar si tienen negocios en paraísos fiscales.

La iniciativa no ha gustado nada a las grandes empresas europeas, que alegan que perjudicará a la inversión en la UE. "Estas propuestas, al hacer de la UE un líder en solitario en materia de información pública, amenazan con socavar nuestro atractivo como lugar de inversión", ha dicho la patronal europea BusinessEurope en un comunicado.

Lo cierto es que hasta ahora la estrategia del Ejecutivo comunitario contra el fraude fiscal ha sido más defensiva que ofensiva. Su presidente, Jean-Claude Juncker, la convirtió en prioritaria cuando se vio acorralado por las filtraciones del caso LuxLeaks. Él era primer ministro durante el periodo en el que Luxemburgo alcanzó acuerdos secretos con más de 300 compañías para minimizar el pago de impuestos. Los papeles de Panamá también han salpicado a la Comisión por la presencia en ellos de la mujer del comisario de Energía, Miguel Arias Cañete. Juncker ha dado por buenas las explicaciones de Cañete, que alega que la empresa de su mujer estaba inactiva desde antes de que fuera nombrado comisario.

Google, Facebook o Apple, en el punto de mira

Ahora, Bruselas quiere recuperar la iniciativa y abanderar la lucha contra la elusión y la ingeniería fiscal a la que recurren las multinacionales para rebajar su factura fiscal en la UE. Unas prácticas que hacen perder ingresos de entre 50.000 y 70.000 millones de euros a los estados miembros, según los cálculos de la Eurocámara. El objetivo final de la Comisión es que las grandes empresas paguen impuestos en los países donde obtienen sus beneficios. “Google, Amazon, Facebook o Apple deberán cumplir las reglas y pagar impuestos como los demás”, ha dicho Moscovici en una entrevista al periódico Le Parisien.

"Recurriendo a montajes fiscales complejos, algunas multinacionales logran pagar cerca de un tercio de impuestos menos que las empresas que ejercen su actividad en un sólo país. Nuestra propuesta para aumentar la transparencia hará que las empresas tengan que rendir más cuentas", afirma el comisario de Servicios Financieros, Jonathan Hill, otro de los responsables de la iniciativa.

Desde el estallido del caso LuxLeaks, el Ejecutivo comunitario ya ha puesto sobre la mesa otras dos directivas para mejorar el intercambio de información fiscal entre los estados miembros. Una sobre los acuerdos tributarios con multinacionales (tax rulings) y otra sobre los impuestos pagados en cada país. Las dos normas ya han sido aprobadas por los 28 y entrarán en vigor en 2017. Pero en ambos casos el intercambio de datos se limita a las administraciones tributarias y no será público.

La gran novedad de la nueva directiva es precisamente que exige la publicación de los datos fiscales, para que todo el mundo (expertos, ONGs y ciudadanía en general), pueda conocerlos. Se aplicará a todas las multinacionales que tengan operaciones en la UE, independientemente de dónde esté su sede central. Quedan cubiertas todas las compañías con ingresos consolidados anuales superiores a los 750 millones de euros.

“Creemos que este umbral atrapará a alrededor de 6.000 multinacionales, el 90% del total. No sólo europeas, sino también alrededor de 1.000 asiáticas o 1.500 americanas”, según explican a EL ESPAÑOL fuentes comunitarias. “Este umbral significa que no penalizaremos a las empresas más pequeñas que no tienen el dinero o los medios para una planificación fiscal agresiva”, añaden.

En concreto, las grandes compañías tendrán que publicar datos desglosados país por país sobre siete capítulos: 1) naturaleza de sus actividades; 2) número de empleados; 3) volumen de negocios neto total; 4) beneficios antes de impuestos; 5) impuestos adeudados en cada país; 6) cantidad de impuestos realmente pagados; y 7) ganancias acumuladas.

Esta última categoría, que mide los beneficios netos de una compañía después de deducir los dividendos pagados a los accionistas, ha sido reclamada por la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, que ha abierto investigaciones contra varias multinacionales (como Fiat, Starbucks, Amazon o Apple) por pagar menos impuestos de los que les corresponden. “Un número elevado de ganancias acumuladas puede ser un indicador de evasión fiscal” utilizando paraísos fiscales, según las fuentes consultadas.

Sin lista común de paraísos fiscales

La directiva se ha reforzado precisamente para poner al descubierto las operaciones de las multinacionales en paraísos fiscales. En principio, sobre sus actividades fiscales fuera de la UE, las grandes empresas sólo estarán obligadas a dar información agregada. Pero la norma establece una excepción para el caso de los paraísos fiscales: si una multinacional tiene operaciones en un paraíso fiscal, deberá publicar datos detallados.

“Esta publicidad de los datos es muy esperada por la sociedad civil. Esto significa que los expertos, las ONG, pero también cada ciudadano, podrán coger los balances, verificar, estar seguros, por ejemplo, de que no ha habido una transferencia injustificada o un acuerdo secreto entre una multinacional y la administración fiscal de un país. La UE será la primera zona del mundo en dar el paso de la transparencia integral”, explica Moscovici a Le Parisien.

El problema es que la Unión no tiene una lista negra común de paraísos fiscales, lo que podría retrasar indefinidamente la entrada en vigor de esta disposición. Cada país elabora la suya y en algunos, como Alemania, ni siquiera existe. Por ejemplo, sólo nueve estados miembros –entre los que no está España- consideran a Panamá un paraíso fiscal. Y las autoridades panameñas se han negado a colaborar con Bruselas para combatir el fraude, según Moscovici. El comisario de Fiscalidad quiere ahora elaborar una lista negra de la UE, con criterios idénticos y sanciones duras, en un plazo máximo de seis meses. Un objetivo difícil porque se requiere el acuerdo unánime de los 28 estados miembros.

El objetivo de la Comisión es que la nueva directiva comience a aplicarse a la información financiera del año 2018, para dar tiempo a los países a incorporarla a sus respectivas legislaciones nacionales. Los bancos, aunque sólo los europeos, ya están obligados a publicar información fiscal desglosada país por país desde 2015. La nueva norma extenderá esta exigencia a las entidades extranjeras con operaciones en la UE.