El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de dictaminar que los incentivos fiscales concedidos por España a las multinacionales patrias por comprar empresas extranjeras constituyen ayudas públicas ilegales y por tanto deben ser devueltas. El fallo desestima los recursos de casación interpuestos por el Gobierno español y algunas de las empresas beneficiarias, como Banco Santander o Prosegur.

Sin embargo, la sentencia no tendrá ningún impacto directo puesto que España ya ha recuperado estas ayudas ilegales sin esperar a la última palabra del TJUE, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del expediente. En total, las compañías beneficiarias han devuelto alrededor de 774 millones de euros que según Bruselas se utilizaron como dopaje de cara a la adquisición de compañías extranjeras. Las fuentes consultadas no han proporcionado el desglose por empresas.

El régimen en cuestión fue aprobado en 2002 por el Gobierno de José María Aznar y su objetivo era impulsar la internacionalización de las empresas españolas. En concreto, la norma permitía a las empresas españolas que compraran una participación superior al 5% en una compañía extranjera amortizar el fondo de comercio financiero (el sobreprecio pagado respecto al valor de mercado) durante los 20 años siguientes.

Bruselas declaró ilegal este régimen en dos decisiones de 2009 y 2011 por considerar que concedía una ventaja discriminatoria a las empresas españolas que compran sociedades extranjeras, ya que la misma desgravación no se aplica si la compañía adquirida es española. 

Sin embargo, las principales operaciones que se beneficiaron de estas deducciones -como la compra de O2 por Telefónica y de Scottish Power por Iberdrola, así como las ofertas de Sacyr, Abertis y Cintra para la concesión de las autopistas en Francia- se salvaron de la anulación. El motivo es que el Ejecutivo comunitario fijó como fecha de corte el 21 de diciembre de 2007, el momento en que inició su investigación. 

Al final, del régimen de Aznar, las empresas sólo han tenido que devolver 5 millones de euros gracias a esta fecha de corte favorable. En aquel momento, las fuentes conocedoras del caso cifraron en 30.000 millones de euros el importe total de las ayudas.

Aunque estos incentivos fiscales fueron suprimidos en 2009 por José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Hacienda de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, aprobó un sistema parecido en 2012. La Comisión Europea lo declaró también ilegal en 2014 y ordenó la devolución de las ayudas. Este caso todavía está pendiente del fallo final del TJUE, pero España ya ha recuperado las ayudas en cuestión, que ascienden a 769 millones.

El litigio sobre el régimen de Aznar ha tenido una tramitación complicada y muy larga ante la justicia europea. El Tribunal General dictó una primera sentencia en 2014 que anulaba las sanciones de Bruselas, lo que suspendió la devolución de las ayudas. Sin embargo, este fallo fue anulado en 2016 y el Tribunal General acabó confirmando en una segunda sentencia de 2018 que los incentivos eran ilegales.

Fue en este momento en el que el Gobierno procedió a recuperar las ayudas ilegales. Tanto España como las empresas beneficiarias volvieron a recurrir. Pero el TJUE ha desestimado de forma definitiva este miércoles todos los recursos.