La UE, España y Marruecos hacen frente común para desactivar el fallo del TJUE sobre el Sáhara

No es sin embargo la primera ocasión que el TJUE dictamina que los acuerdos entre la UE y Marruecos no son aplicables al Sáhara. Ya ocurrió por primera vez en 2016 y después de nuevo en 2018. Pero esta vez la reacción de las partes ha sido diametralmente distinta. Si en 2016 el Gobierno de Rabat decidió suspender oficialmente toda relación con la UE en señal de protesta, ahora Marruecos, la UE y España han hecho frente común para desactivar el fallo del TJUE sobre el Sáhara.

Una alianza que no se ha improvisado en el último momento, sino que se había preparado de antemano ante la previsión de una sentencia negativa. Apenas minutos después de que el TJUE se pronunciara, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, han hecho público una declaración conjunta en la que se conjuran para que el fallo no vuelva a destruir las relaciones entre Bruselas y Rabat. 

"Tomaremos las medidas necesarias para asegurar un marco jurídico que garantice la continuidad y la estabilidad de las relaciones comerciales entre la UE y Marruecos. Seguimos plenamente movilizados para proseguir la cooperación entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, en un clima de serenidad y compromiso", reza el comunicado.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asegurado que la decisión del TJUE "no pone en tela de juicio la relación con Marruecos", que es un "socio estratégico". El Gobierno de Pedro Sánchez quiere que Bruselas presente un recurso para revertir la sentencia sobre el Sáhara en segunda instancia, según adelanta El País. El ministerio de Exteriores ha eludido confirmarlo a este periódico y se limita a señalar que respeta el fallo y que primero hay que examinarlo en profundidad.

De hecho, la propia sentencia contiene una cláusula de escapatoria que hace que de momento no tenga ningún efecto práctico. El Tribunal General ha decidido mantener temporalmente los efectos de ambos acuerdos por considerar que su anulación inmediata "podría tener graves consecuencias sobre la acción exterior de la Unión y poner en cuestión la seguridad jurídica de los compromisos internacionales asumidos por esta".

Es decir, tanto el pacto comercial como el de pesca seguirán vigentes hasta que el TJUE se pronuncie sobre un más que probable recurso en segunda instancia, una decisión que tardará meses si no años. Por eso, el sector pesquero español, el principal perjudicado por la anulación, se mantiene de momento a la expectativa. De los 128 barcos de la UE que faenan en aguas marroquíes, 92 son españoles de Andalucía, Canarias y Galicia. 

El único que tiene prisa en que se aplique cuanto antes la sentencia sobre el Sáhara es el Frente Polisario, que fue el que presentó el recurso ante el TJUE y que ahora se atribuye una "victoria triunfal". El Polisario considera que el fallo valida su tesis de que el Sáhara Occidental "tiene un estatus separado y distinto con respecto al Reino de Marruecos", lo que implica rechazar "las pretensiones expansionistas" de Rabat, según informa Europa Press.

Por su parte, Unidas Podemos se desmarca una vez más de Sánchez y reclama a la UE que acate el fallo. "A la UE le toca cumplir la sentencia y respetar el derecho internacional. Por justicia con el pueblo saharaui y también para garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores del sector primario. Esa es la mejor base también para relanzar todas las relaciones con el Magreb", ha dicho la eurodiputada morada Idoia Villanueva, responsable de la Secretaría Internacional de Podemos.