La UE obligará a las multinacionales a controlar que sus suministradores respetan los DDHH y el clima

La Comisión Europea ha adoptado este miércoles un proyecto de directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial. La norma obligará a las grandes multinacionales -y a sus directivos- a controlar que todos sus suministradores a lo largo de la cadena de valor respeten plenamente los derechos humanos y la protección del clima. En caso contrario, podrían enfrentarse a elevadas multas y a indemnizar a las víctimas por los daños sufridos.

La directiva, que todavía debe ser negociada y aprobada por la Eurocámara y los Gobiernos de los 27, trata de responder a la creciente exigencia por parte de los consumidores europeos de que los productos que compran no son el resultado del trabajo forzado o la destrucción del medioambiente. Bruselas pretende además establecer un conjunto de obligaciones comunes para el mercado único y frenar así una proliferación de reglas diferentes y contradictorias en cada Estado miembro.

"Con estas reglas, queremos defender los derechos humanos y liderar la transición verde. Ya no podemos hacer oídos sordos a lo que ocurre en la parte inferior de nuestras cadenas de valor. Necesitamos un cambio en nuestro modelo económico", ha dicho el comisario de Justicia, Didier Reynders.

En la actualidad, un tercio de las multinacionales ya han adoptado iniciativas voluntarias de diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial. No obstante, el Ejecutivo comunitario lo considera insuficiente. Las compañías tienden a centrarse en el primer escalón de su suministro, cuando el daño a los derechos humanos y medioambientales se producen normalmente más abajo en la cadena de valor. Además, los progresos son lentos y desiguales. 

De ahí que la Comisión haya optado por un instrumento jurídico ejecutable que impondrá a las multinacionales obligaciones vinculantes. La norma se aplicará en una primera fase a las compañías con más de 500 trabajadores y un volumen de negocios superior a los 150 millones de euros. Es decir, alrededor de 9.400 empresas europeas y 2.600 extracomunitarias, según los datos que maneja Bruselas.

Dos años más tarde de su entrada en vigor, la directiva se extenderá además a empresas más pequeñas (250 trabajadores y 40 millones de facturación), pero que trabajen en sectores considerados de alto riesgo: industria textil, agricultura y extracción de minerales. Es decir, otras 3.400 compañías europeas y 1.400 extracomunitarias. Las pymes quedan exentas de las obligaciones que impone la directiva. 

En particular, las multinacionales deberán tomar las medidas apropiadas para prevenir, terminar o mitigar (en toda su cadena de suministro) las vulneraciones de derechos y prohibiciones incluidos en los acuerdos internacionales de derechos humanos, por ejemplo sobre el acceso de los trabajadores a alimentos, ropa, bebida e higiene adecuados en el lugar de trabajo.

Las empresas también estarán obligadas a tomar medidas para prevenir, poner fin o mitigar los impactos ambientales negativos contemplados en una serie de convenciones multilaterales. Además, las empresas más grandes tendrán que adoptar un plan para garantizar que su estrategia es compatible con limitar el calentamiento global a 1,5 grados, en línea con el Acuerdo de París. La norma responsabiliza a los directivos de supervisar que se cumplan estas obligaciones.

Los Estados miembros deberán designar una autoridad para supervisar el cumplimiento de la directiva e imponer sanciones "eficaces, proporcionadas y disuasorias", incluidas multas y órdenes de cumplimiento. No obstante, la directiva no armoniza el nivel de las multas, que serán responsabilidad nacional.

A nivel europeo, Bruselas creará una red europea de Autoridades de Control, que reunirá a los representantes de los organismos nacionales para asegurar un enfoque coordinado. La directiva obliga finalmente a los Estados miembros a garantizar que las víctimas sean indemnizadas por los daños resultantes del incumplimiento de estas obligaciones. Las multinacionales tendrán que crear una ventanilla específica para atender quejas de posibles víctimas de vulneraciones de derechos humanos y medioambientales.